Por Lic.
Felix Pujols Jerez.
Expertos
y entendidos en la materia, tanto en teoría económica como en derecho de
regulación económica, también conocido como derecho administrativo económico,
afirman de manera general, que “los
mercados son eficientes y competitivos cuando hay regulación”. “Sin regulación
no funciona el mercado”. “La regulación es una respuesta a las fallas del
mercado”.“Las fallas del mercado son fallas en la regulación”; y una larga
lista de afirmaciones científicas teorías, que validan la intervención del
Estado en diversos sectores económicos.
En
ese sentido, y partiendo de la función esencial del Estado, consagrada en
nuestra Constitución como “la protección
efectiva delos derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención
de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y
progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social,
compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos
y todas”, es precisamente la regulación o la supervisión, la manera más
eficaz y eficiente de garantizar la protección efectiva de las personas y el
bienestar general, con su vinculación positiva con el estado social y
democrático de derecho.
Si
partimos de un razonamiento deductivo, como es el Silogismo Aristotélico, sobre la relación de la regulación
económica con la función esencial del Estado, entonces podemos plantear:1. Los
mercados no son eficientes por sí solos 2. Con la regulación se garantiza
eficiencia económica, es decir, redistribución de las riquezas y beneficio para
los agentes del mercado y los consumidores. 3. Siendo facultad del Estado
garantizar la protección efectiva y el bienestar general de los ciudadanos, se
desprende un deber de supervisión y regulación.
Planteada
así, la necesidad de regulación en sentido general, aun con sus múltiples
fundamentos jurídicos y teóricos, pudiera entenderse que sostenemos aun la
ideología del Estado policía, ese que todo lo controla, manipula y finalmente
distorsiona. No es la intención. Es identificar cuáles sectores de la economía
son más sensibles, como los servicios de interés económico general, utilizando
el principio de que toda actividad económica que comporta riesgos, debe ser
regulada. Merecen atención especial, los denominados servicios públicos, porque
sus características de universalidad, continuidad, calidad y asequibilidad, es
una obligación principalísima del Estado, garantizar su efectividad, según
nuestra Constitución.
Por
todo lo planteado, -y lo obviado por razones de espacio-, entendemos correcto
que los poderes públicos, con la participación ciudadana, a través del Consejo
Económico y Social, convoquen a un gran pacto para la regulación económica,
para que conjuntamente con la estrategia nacional de desarrollo, sustenten la
elaboración de una política de estado para la regulación económica, acorde con
los niveles posibles de regulación o desregulación, liberalización y
privatización, de acuerdo con los sectores a intervenir, para planificar y
garantizar a largo plazo, el crecimientos sostenido, las reglas claras a los
agentes del mercado, que genere la confianza para los inversionistas, el
beneficio a los consumidores y usuarios, y redunde en el desarrollo económico y
social de la Nación.
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