El proceso seguido contra los miembros de la estructura criminal desmantelada durante la Operación XL526 fue declarado de tramitación compleja
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, una jueza de un tribunal de Santiago impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los cabecillas de la estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos, la cual fue desmantelada durante la Operación XL526.
El proceso fue declarado de tramitación compleja y se impuso la medida privativa de libertad a los imputados Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena, quienes son señalados como cabeza del grupo criminal.
En tanto que una garantía económica de 800 mil pesos por compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país, fue impuesta a los imputados Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera y a Danny Rafael Lantigua, así como a Joselín Pichardo Cabrera y a Julio Antonio Peralta del Rosario, quienes formaban parte de la red que fue desmantelada el pasado 2 de junio.
El equipo litigante que representó al Ministerio Público estuvo representado por la procuradora general de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago, así como por Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura y Lía Collado, encargados de Casos Complejos y de Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción.
Luego de valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Yiberty Polanco, impuso las medidas de coerción a los imputados.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago sometieron a los imputados a la justicia y solicitaron que el proceso fuera declarado complejo por la pluralidad de imputados y de víctimas, además por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, también, al lavado de activos, por lo que se necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano.
La Operación XL526, ejecutada contra la estructura criminal, la encabezó un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron arrestadas con fines de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Persecución contra el grupo criminal
Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 víctimas.
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.
Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado de carácter internacional, tenía como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma inglés para realizar sus acciones ilícitas y, además, utilizaban herramientas tecnológicas para la ejecución de sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, conforme a un guión previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, usando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a las que enviaban imágenes de crímenes horrendos como una forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
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