La lógica del poder marítimo
Por
Homero Luis Lajara Solá
Vicealmirante (r)
Pasado comandante general de la Armada de República Dominicana
“Nunca derribes una cerca hasta que entiendas por qué fue colocada.”
— G. K. Chesterton
Toda estrategia nacional requiere coordinación. Ningún Estado moderno puede prescindir de ella. Sin embargo, la misma produce sus mejores resultados cuando fortalece la arquitectura institucional existente, en lugar de modificar el equilibrio entre las competencias que el ordenamiento jurídico ha distribuido entre sus instituciones permanentes.
El Decreto 353-26 del Poder Ejecutivo dispone que la Estrategia Marítima Nacional sea supervisada y coordinada por la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)—ahí comienza la confusión con esa denominación— organismo encargado además de remitir informes periódicos al Poder Ejecutivo.
Antes de formular cualquier reflexión, corresponde reconocer el importante esfuerzo del presidente Luis Abinader por fortalecer las capacidades navales del país mediante la incorporación de nuevas unidades provenientes de Portugal, así como los aportes presupuestarios en momentos difíciles para la nación.
La modernización de la flota constituye una decisión estratégica que incrementa la capacidad del Estado para proteger sus espacios marítimos y ejercer con mayor eficacia la vigilancia y la seguridad en el mar. Precisamente por la trascendencia de esa iniciativa, resulta indispensable que la organización institucional evolucione con la misma coherencia.
El interrogante surge cuando ese decreto del Poder Ejecutivo es examinado junto con el Decreto 309-10, expedido en el año 2010, que reconoce a la Armada, además de sus atribuciones constitucionales, como “autoridad marítima nacional”.
Asimismo, como no existe la perfección, cualquier falla detectada por un organismo local o internacional que implique el accionar presente o pasado de la Armada, debe ser corregida en el ámbito de la Armada y no en otras instituciones sin el recurso humano con la capacitación que requieren tales responsabilidades.
El poder marítimo de una nación no se limita a la existencia de buques o puertos. Comprende la integración armónica de la defensa, la seguridad marítima, el comercio, la actividad portuaria, la pesca, la protección ambiental, la investigación científica y todas las capacidades que permiten al Estado ejercer autoridad sobre sus espacios marítimos y proteger los intereses nacionales vinculados al mar.
Por esa razón, la organización institucional reviste tanta importancia como los propios medios materiales. No se trata de una discusión entre instituciones ni de una cuestión de jerarquías personales. Se trata de racionalidad institucional.
Cuando una institución permanente del Estado posee una misión definida por la Constitución y por el ordenamiento jurídico, la coordinación de políticas públicas debe fortalecer esa responsabilidad y no generar la percepción de que existe una autoridad paralela o una relación de subordinación que no corresponde a la naturaleza del servicio.
La representación internacional constituye otro aspecto que merece reflexión. Quien representa al Estado ante organismos especializados no solo participa en reuniones; también fija posiciones, asume compromisos y responde por obligaciones que posteriormente deberán ejecutar las instituciones nacionales.
Esa representación —que debe tener como fundamento una evaluación de desempeño con experiencia y capacidad— debe guardar absoluta coherencia con la distribución interna de competencias.
Nada de lo anterior significa que ANAMAR carezca de importancia. Muy por el contrario. La República Dominicana necesita un organismo que impulse los intereses marítimos nacionales —diferente al poder naval—, articule políticas públicas, promueva la conciencia marítima y coordine la participación de las instituciones civiles relacionadas con el desarrollo del sector marítimo.
Quizá precisamente por ello convenga revisar la denominación de ANAMAR y delimitar con mayor precisión sus competencias, de manera que su misión quede claramente vinculada a los intereses marítimos nacionales y no produzca interpretaciones que puedan superponerse con las funciones propias de la autoridad marítima nacional.
Fortalecer a ANAMAR dentro de ese ámbito no debilita a la Armada; fortalece al Estado. Del mismo modo, preservar las competencias de la autoridad marítima nacional no limita la coordinación; la hace más eficiente, más clara y más coherente.
La verdadera fortaleza del poder marítimo dominicano dependerá tanto de la calidad de sus buques como de la solidez de sus instituciones. Las capacidades operativas y la racionalidad institucional deben navegar en el mismo rumbo. Cuando ambas avanzan juntas, gana la seguridad, gana la economía y, sobre todo, gana la República Dominicana.
