miércoles, 11 de noviembre de 2026

Ministerio Público solicita prisión contra dos investigados por delitos de trata de menores de edad con fines de explotación sexual





El Leño Pinto Digital


SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de un hombre y una mujer que conformaban una red criminal que reclutó a menores de edad para explotarlos sexualmente.


La investigación que lleva a cabo el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago identificó e individualizó a los imputados Andrés Acosta Vargas, un abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.


La investigación, a cargo del fiscal Juan Osvaldo García, estableció que los imputados fungían como reclutadores de la red criminal y ubicaban, especialmente a menores de edad, personas vulnerables a quienes ofrecían diversas sumas de dinero a cambio de que accedieran a sostener relaciones sexuales con otras víctimas también menores de edad.


Los sospechosos hacían contacto con adolescentes de entre 13 y 17 años de edad a quienes ofrecían dinero en efectivo y otros regalos, a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre grababa estos actos sexuales.


A una de las víctimas menores de edad, contactado vía una aplicación de citas, Acosta Vargas le ofrecía dinero para que sostuvieran relaciones sexuales, pero, ante su negativa, le ofreció presentarle a una de las víctimas adolescentes.


Una de las adolescentes abusadas fue trasladada por los investigados mediante engaño, desde la provincia Valverde hasta Santiago.
La Fiscalía de Santiago ha podido identificar a por lo menos tres víctimas de esta estructura criminal, incluyendo a una adolescente de 17 años de edad en estado de gestación.


La fiscalía pidió al tribunal que autorice el anticipo de pruebas a las víctimas menores de edad y a otro menor, en calidad de testigo, en el interés de conservar sus testimonios, evitando su revictimización, y su exposición recurrente ante un tribunal.


La Fiscalía sostiene también en la petición al tribunal, que se autorice el levantamiento de evidencia forense, con la extracción de información de los aparatos celulares presentados como una evidencia probatoria de alto interés en la investigación.


En la oferta probatoria presentada al tribunal, el órgano investigador depositó certificaciones de los elementos de prueba encontrados durante el allanamiento a la residencia del imputado Acosta Vargas, entre las que se encuentran una gran cantidad de preservativos, tanto nuevos como usados, somníferos y otros medicamentos, varias cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo, estimulantes sexuales, entre otros elementos recolectados en la requisa por la procuradora fiscal Cristina Ramírez.


De manera provisional, el Ministerio Público le atribuye a los imputados la violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396 (letras B y C) de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y transgresión a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual en perjuicio de menores de edad, y crímenes y delitos de alta tecnología.


Auto de apertura a juicio contra dos procesados por traficar 75 paquetes de cocaína




El Leño Pinto Digital 


La procuradora adjunta Sourelly Jáquez destacó que todos los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron admitidos por el tribunal

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este martes auto de apertura a juicio en contra de dos hombres acusados por traficar 75 paquetes de cocaína que fueron ocupados durante un allanamiento ejecutado con orden judicial en el sector Renacimiento del Distrito Nacional.


El ciudadano pakistaní Rochy Amzai Ali (el Árabe y/o Bin Laden y/o Jacke) y el dominicano Guilliani Ernesto Friedrich Santos (Glen) fueron enviados a juicio al considerar el tribunal suficientes los elementos de prueba aportados por el órgano acusador durante la audiencia preliminar.


El equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia estuvo integrado por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y la fiscal Gabriela Gómez.


El juez Deiby Timoteo Peguero dictó el auto de apertura a juicio tras admitir todos los elementos de prueba presentados por el órgano acusador.


A partir de labores de inteligencia, miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon la droga el pasado mes de febrero en un vehículo, tipo minibús, durante un allanamiento en una torre de apartamentos ubicada en la avenida Enriquillo, del sector Renacimiento, del Distrito Nacional.


Durante el operativo, también fueron incautadas dos armas de fuego calibre 9mm, con sus cargadores y cápsulas para las mismas, así como tres vehículos y varios teléfonos celulares, así como cuatro dispositivos GPS, diferentes documentos, y dinero en pesos dominicanos y dólares.



CARD anuncia mil becas para maestrías, entrega gratuita de 20 mil códigos penales y procesales y amplio programa de beneficios sociales para los abogados del país




El Leño Pinto Digital

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana asegura que una decisión definitiva del Tribunal Constitucional pone fin a casi tres años de limitaciones institucionales y anuncia la reactivación de los servicios gremiales, programas de formación académica, asistencia social, pensiones, seguro médico y recuperación del patrimonio de la institución.
Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 11 de noviembre de 2026 -El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, anunció este miércoles un ambicioso plan de relanzamiento y fortalecimiento institucional que contempla la entrega de mil becas para estudios de maestría, la distribución gratuita de 20 mil ejemplares de los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, la reactivación de los programas de asistencia social, la gestión de pensiones, la instauración de un seguro médico y la recuperación de los bienes patrimoniales del gremio a nivel nacional.

El anuncio se produce luego de que, según explicó Potentini, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitiera una decisión de carácter definitivo que reafirma su condición de presidente del Colegio de Abogados, poniendo fin a una prolongada situación de incertidumbre institucional que, durante casi tres años, habría impedido el funcionamiento pleno de la entidad y el desarrollo de numerosos proyectos en beneficio de los profesionales del derecho. Potentini calificó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional como el respaldo definitivo que necesitaba su gestión para emprender una nueva etapa de trabajo, normalización administrativa y fortalecimiento de la representación gremial.
El dirigente sostuvo que, a partir de este momento, el Colegio de Abogados se declara en sesión permanente para acelerar la reapertura de sus instalaciones, restablecer sus relaciones con las instituciones del sistema de justicia y poner en funcionamiento una agenda de iniciativas académicas, sociales y profesionales que alcanzará a los abogados de todas las provincias del país. “Por fin, ya sin discusión, hemos recibido el último y definitivo espaldarazo”, expresó Potentini al referirse a la decisión del Tribunal Constitucional, que considera determinante para superar las dificultades que enfrentó su administración.
Casi tres años de limitaciones institucionales
Durante sus declaraciones, el presidente del CARD describió las dificultades administrativas, financieras y de representación institucional que, según afirmó, enfrentó el gremio como consecuencia de los cuestionamientos sobre la legitimidad de su presidencia. Explicó que esta situación impidió desarrollar con normalidad las funciones administrativas del Colegio, gestionar determinados recursos económicos y participar en espacios institucionales que, por disposición normativa y por la naturaleza de sus atribuciones, corresponden a la organización profesional de los abogados dominicanos.
Entre los obstáculos señalados, mencionó la falta de reconocimiento de su representación por parte del Banco de Reservas, lo que, de acuerdo con su versión, imposibilitó incluso el registro de su firma durante el período de controversia. Asimismo, indicó que el Colegio de Abogados quedó excluido de actividades y mecanismos de participación institucional relacionados con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Potentini recordó que el CARD tiene una función representativa dentro del sistema de justicia y que su participación resulta importante en los espacios de formación, coordinación y desarrollo profesional vinculados con la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela Nacional del Ministerio Público. Según explicó, la controversia sobre la presidencia del gremio provocó que durante ese período no se materializara la participación institucional que consideraba correspondiente a su organización.
El presidente del Colegio de Abogados aseguró que, con la decisión constitucional anunciada, se abre la posibilidad de restablecer esas relaciones y recuperar la presencia del gremio en los escenarios de coordinación del sistema judicial dominicano.
Mil becas para maestrías: una apuesta por la especialización de los abogados
Uno de los anuncios más relevantes realizados por Potentini fue la puesta en marcha de un programa de mil becas para estudios de maestría, fundamentalmente en universidades nacionales, dirigido a abogados interesados en ampliar sus conocimientos y fortalecer sus competencias profesionales. La iniciativa estará coordinada a través de la Escuela Nacional del Abogado y de los órganos correspondientes del Colegio de Abogados, con la participación de las seccionales provinciales para facilitar el acceso de profesionales de diferentes regiones. Potentini explicó que la oferta académica abarcará diversas especialidades jurídicas, tanto tradicionales como emergentes, con especial atención a las transformaciones legislativas, tecnológicas y económicas que están modificando el ejercicio de la abogacía.
Entre los programas anunciados figuran estudios especializados en derecho penal y procesal penal, derecho inmobiliario, derecho constitucional y procesal constitucional, inteligencia artificial aplicada a las ciencias jurídicas, derecho laboral y seguridad social, derecho migratorio y consular, derecho civil y procesal civil, derecho administrativo, programas de cumplimiento normativo y argumentación jurídica y litigación estratégica.
Inteligencia artificial y transformación digital del ejercicio jurídico
Potentini dedicó especial atención a la formación en inteligencia artificial aplicada a las ciencias jurídicas, al considerar que los avances tecnológicos están transformando profundamente las modalidades de investigación, asesoría, litigación y prestación de servicios legales.
En ese sentido, manifestó que los abogados dominicanos necesitan desarrollar nuevas competencias digitales que les permitan utilizar las herramientas tecnológicas de manera efectiva y adaptarse a las transformaciones que experimenta la profesión. “Tenemos que darle ese espaldarazo digital que requieren los abogados para estar a tono no solamente con los nuevos tiempos, sino con esa realidad que impone tener ese valor agregado para no dejarse desplazar”, expresó.
Especial atención a los nuevos códigos Penal y Procesal Penal
Otro componente central del programa anunciado es la capacitación de los abogados en las modificaciones del ordenamiento jurídico penal dominicano.
Potentini explicó que el Colegio desarrollará programas especializados sobre el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el propósito de facilitar la comprensión de las nuevas disposiciones, sus implicaciones procesales y los cambios que introducen en la práctica jurídica.
Distribución gratuita de 20 mil códigos para abogados de todo el país
Como parte del programa de actualización jurídica, Potentini anunció la distribución gratuita de 10 mil ejemplares del Código Penal y otros 10 mil del Código Procesal Penal, para un total de 20 mil publicaciones destinadas a profesionales del derecho. La iniciativa pretende facilitar el acceso directo a los textos legales y contribuir al conocimiento de las reformas legislativas.
El presidente del CARD explicó que esta distribución dará continuidad a esfuerzos anteriores de entrega de materiales jurídicos, pero ahora con una cobertura más amplia y con el acompañamiento de actividades académicas en diferentes provincias. Precisó que las seccionales del Colegio de Abogados desempeñarán una función fundamental en la distribución de los ejemplares y en la organización de encuentros destinados al estudio de las disposiciones legales.
Formación jurídica en todas las provincias
Potentini anunció también una ampliación de los programas educativos que tradicionalmente desarrolla el Colegio de Abogados, mediante una combinación de modalidades presenciales y virtuales. Explicó que la institución promoverá una agenda nacional de diplomados, cursos, talleres, seminarios y actividades especializadas, con el propósito de descentralizar las oportunidades de formación continua. El programa estará articulado a través de la Escuela Nacional del Abogado y de las diferentes seccionales provinciales del CARD.
Indicó que la información sobre los programas, requisitos y procedimientos será divulgada a través del portal institucional del Colegio de Abogados y sus redes sociales.
Reactivación de las ayudas sociales y asistencia a abogados vulnerables
En el ámbito social, Potentini anunció la reactivación de los programas de asistencia destinados a profesionales del derecho que atraviesan situaciones económicas difíciles, enfermedades u otras circunstancias de vulnerabilidad.
Explicó que estas iniciativas se desarrollarán mediante los mecanismos de asistencia social del Colegio de Abogados, con el propósito de recuperar y ampliar los servicios de apoyo a los miembros del gremio. El dirigente destacó que la función del Colegio no debe limitarse a la representación profesional y la formación académica, sino que también debe comprender la protección social de sus integrantes.
En ese sentido, indicó que la administración trabajará desde el instituto de protección social de los abogados para restablecer los programas de ayuda y crear mecanismos que permitan identificar y atender situaciones prioritarias.
Potentini sostuvo que muchos profesionales del derecho enfrentan dificultades económicas y sociales que requieren respuestas institucionales oportunas, especialmente aquellos de edad avanzada o que han visto reducida su capacidad para ejercer. Aseguró que la asistencia social constituirá uno de los componentes prioritarios del proceso de relanzamiento institucional.
Censo nacional para gestionar pensiones de abogados
Uno de los anuncios de mayor impacto social fue la realización de un censo nacional para identificar a los abogados que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que podrían reunir los requisitos para acceder a programas de pensiones. Potentini explicó que el Colegio comenzará a organizar un levantamiento de información en todo el territorio nacional, con el objetivo de conocer la situación de los profesionales que necesitan asistencia económica permanente.
Este proceso permitirá recopilar expedientes, verificar condiciones particulares y preparar la documentación necesaria para canalizar solicitudes ante las instituciones competentes.
El presidente del CARD indicó que el programa estará dirigido especialmente a identificar casos de abogados que, por razones de edad, salud o condiciones socioeconómicas, necesitan mecanismos de protección social. Precisó que la institución a través de su Instituto de Protección Social del Abogado anunciará oportunamente los requisitos y procedimientos para que los interesados puedan presentar sus solicitudes.
Inventario nacional para recuperar y proteger el patrimonio del Colegio de Abogados
En materia patrimonial, Potentini anunció la realización de un levantamiento e inventario de todas las propiedades pertenecientes al Colegio de Abogados en el territorio nacional.
Explicó que el objetivo consiste en identificar los bienes institucionales, determinar sus condiciones actuales, verificar su situación jurídica y establecer prioridades de recuperación, mantenimiento y aprovechamiento. El presidente del CARD indicó que esta revisión permitirá conocer el estado real del patrimonio del gremio y definir proyectos que contribuyan a fortalecer su infraestructura y capacidad operativa.
Entre los inmuebles mencionados destacó unos terrenos de más de 40 mil metros cuadrados ubicados en la zona de Quitasueño, Haina, cuya situación actual, requiere ser actualizada. Potentini señaló que la institución deberá verificar las condiciones jurídicas y materiales de esos terrenos, así como determinar las actuaciones necesarias para proteger los intereses patrimoniales del Colegio.
El levantamiento abarcará también las propiedades y locales vinculados con las seccionales provinciales, con el propósito de disponer de un diagnóstico nacional que sirva de base para futuras decisiones administrativas. Afirmó que la recuperación y adecuada administración de los bienes institucionales constituirá una responsabilidad prioritaria de la directiva.
Reapertura de locales y normalización del funcionamiento administrativo
Potentini informó que la directiva del Colegio de Abogados trabajará en sesión permanente para restablecer el funcionamiento ordinario de la institución y avanzar en la reapertura de sus instalaciones.
Explicó que, durante el período de controversia institucional, numerosos procesos administrativos quedaron limitados, mientras que el cierre de locales y las dificultades de reconocimiento impidieron desarrollar una gestión con el alcance previsto.
En ese contexto, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional abre una nueva etapa para recuperar la operatividad administrativa y poner en marcha los servicios gremiales. Asimismo, señaló que la directiva coordinará sus actuaciones con el Consejo Nacional del Colegio de Abogados, integrado por los presidentes de las seccionales, para garantizar que las iniciativas anunciadas puedan desarrollarse en todo el territorio nacional.
El presidente del CARD afirmó que el propósito es superar las limitaciones que afectaron la institución y avanzar hacia un modelo de gestión más activo, con presencia territorial y servicios disponibles para sus miembros.
Un programa nacional con participación de las seccionales provinciales
Potentini insistió en que las iniciativas anunciadas no estarán concentradas exclusivamente en la capital, sino que tendrán una dimensión nacional mediante la participación de las seccionales del Colegio de Abogados.
Explicó que los presidentes provinciales desempeñarán un papel importante en la ejecución de los programas de formación, distribución de materiales jurídicos, levantamientos sociales y recuperación de infraestructuras.
La coordinación con las seccionales permitirá identificar necesidades específicas de cada demarcación y facilitar la participación de los profesionales que ejercen fuera de los principales centros urbanos. El presidente del gremio sostuvo que la descentralización de los servicios constituye una condición necesaria para garantizar que los beneficios institucionales lleguen a un mayor número de abogados.
En ese sentido, anunció que las actividades académicas, las convocatorias para becas y los programas de asistencia serán difundidos por los canales institucionales correspondientes. También señaló que las redes sociales y el portal del Colegio servirán como plataformas de información para mantener actualizados a los miembros sobre las iniciativas y sus respectivos procesos de participación.
El dirigente afirmó que la decisión constitucional anunciada representa, desde su perspectiva, el punto de partida para desarrollar una gestión con mayores posibilidades administrativas y operativas. “Esta gestión que hemos planteado inicia hoy a surtir esos efectos”, expresó Potentini, al anunciar que la directiva y el Consejo Nacional del CARD trabajarán en la materialización de los compromisos.
De esta manera, el Colegio de Abogados se prepara, según su presidente, para una fase de reorganización y relanzamiento que tendrá como principales desafíos restablecer su funcionamiento ordinario, materializar las iniciativas anunciadas y responder a las necesidades académicas, profesionales y sociales de la abogacía dominicana.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

*Este martes sorprenden a 708 extranjeros indocumentados en El Cibao*



El Leño Pinto Digital


*Migración mantiene despliegue operativo en zonas agrícolas*

SANTIAGO.– La Dirección General de Migración (DGM) reportó 708 interdicciones migratorias en distintas provincias de la región Norte del país, como resultado de operativos realizados este martes 10 de noviembre en comunidades rurales, parajes y zonas periféricas de Santiago, La Vega, Espaillat, Duarte y Sánchez Ramírez.

Las acciones de verificación documental por parte de los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la institución tuvieron lugar en comunidades como Licey al Medio, Tamboril, Manga Larga, Jeremías, Villa La Mata, Angelina y Fantino, entre otras localidades apartadas de los centros urbanos.

En la línea fronteriza y en sus alrededores, los equipos de interdicción patrullaron en Dajabón en Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz y Miches; mientras que en Montecristi incrusionaron en Judea, Las Matas de Santa Cruz, Manzanillo y Villa Vásquez. Mientras que en Mao-Valverde, interdictaron en El Junquito, El Puente y en Laguna Salada.  

En Santiago Rodríguez, estuvieron en sectores rurales de Cambelén de San Ignacio de Sabaneta, así como en La Joya, Villa Polin, Martín García y en Las Espinas. También en sectores de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Estos operativos, fortalecen la presencia de la DGM en todo el territorio nacional y por ende, contribuyen con la seguridad interior del país en materia migratoria.  

*Dirección de Comunicaciones.-*

República Dominicana recibe a Estados Unidos, Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Curazao, Argentina, Puerto Rico, México, Panamá y Perú en el Premundial Panamericano de Béisbol U12-*




El Leño Pinto Digital



El torneo se disputará del 20 al 27 de noviembre en IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra

Santo Domingo.- La República Dominicana será la capital del béisbol infantil del continente. Del 20 al 27 de noviembre, doce selecciones disputarán el Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-12, torneo clasificatorio a la Copa Mundial Sub-12 de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), que se celebrará en China Taipéi en 2027.



La sede será el complejo deportivo IPL Academy, en el municipio de Guerra. Los países participantes son: Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
Los detalles del campeonato se ofrecieron este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec). La encabezaron Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM); Kelvin Cruz, ministro de Deportes, y Nelson Cruz, gerente general de la selección dominicana que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
“Después de celebrar el Premundial U-18 en territorio nacional y lograr la clasificación histórica al mundial de esa categoría, en República Dominicana demostramos que sabemos organizar torneos de alto nivel. Ahora asumimos con orgullo la responsabilidad de ser anfitriones del Campeonato Sub-12 y de recibir a todas las selecciones participantes. Nuestra Federación ha trabajado de la mano con la WBSC Américas y la Copabe para garantizar un torneo organizado, transparente y a la altura de lo que representa el béisbol dominicano”, sostuvo Juan Núñez.
De su lado, el ministro Kelvin Cruz, reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo del deporte: “Desde el Ministerio de Deportes seguiremos apoyando iniciativas como esta, que contribuyen a seguir elevando el nivel del deporte en República Dominicana. Además, este tipo de torneos internacionales impulsa el turismo deportivo, la economía local y la imagen del país ante el mundo. Recibiremos a todas las delegaciones con la hospitalidad que nos caracteriza como dominicanos”.
En tanto, Nelson Cruz, se refirió al presente y futuro del béisbol dominicano. “Que República Dominicana tenga presencia en todas las categorías, desde la U-12 hasta el Clásico Mundial, dice mucho de hacia dónde va nuestro béisbol. Cada victoria en estos eventos suma puntos en el ranking mundial, nos da más visibilidad y abre puertas para las próximas generaciones. Estos niños tienen que saber que el camino que recorren hoy es el mismo que recorrimos muchos de nosotros, y que vestir la camiseta nacional es un honor que se defiende con trabajo, disciplina y respeto por el juego”, afirmó.
La ronda de apertura se jugará en tres grupos de cuatro equipos. En el Grupo A estarán Estados Unidos, Brasil, Cuba y Nicaragua. El Grupo B lo integran Venezuela, República Dominicana, Curazao y Argentina. En tanto, Puerto Rico, México, Panamá y Perú conforman el Grupo C.
La acción arrancará el viernes 20 de noviembre a las 9:00 de la mañana con dos partidos simultáneos en IPL Academy: Cuba contra Estados Unidos y Panamá contra Puerto Rico.
La selección dominicana debutará ese mismo viernes 20, a las 5:00 de la tarde, frente a Argentina, justo después de la ceremonia de inauguración pautada para las 4:00 de la tarde.

*Acreditación y transmisión*

El comité organizador del Campeonato Panamericano Sub-12 invita a los medios de comunicación y periodistas interesados en dar cobertura al evento a completar su proceso de acreditación en el siguiente enlace: https://my.wbsc.org/login
Todos los partidos del Campeonato Panamericano Sub-12 serán transmitidos por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, Baní FM 97.5, Luna TV, Canal 25 y Canal América 1014 de Optimum Cable, para el área triestatal de Estados Unidos. También disponibles en Panorama.com.do y en el canal de YouTube de VTV Canal 32.

ARMADA Y GUARDACOSTAS DE EE. UU. FRUSTRAN VIAJE ILEGAL DE 31 PERSONAS HACIA PUERTO RICO






El Leño Pinto Digital



Una operación combinada, basada en labores de inteligencia naval, permitió interceptar la embarcación que habría zarpado desde Las Galeras, Samaná.

Samaná, República Dominicana. – 10 de noviembre de 2026.

Una embarcación clandestina con 31 hombres a bordo, que presuntamente había salido desde Las Galeras, provincia Samaná, con destino a Puerto Rico, fue interceptada por la Armada de República Dominicana (ARD) y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG), con sede en Puerto Rico.

La acción se originó en labores de inteligencia naval que permitieron activar la cooperación bilateral y movilizar medios marítimos y aéreos hasta localizar la embarcación.

Los 31 ocupantes fueron trasladados al muelle de Samaná para su identificación y depuración. Luego serán conducidos a la Dirección de Inteligencia Naval (M-2), ARD, para ampliar las investigaciones.

La Armada, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, trabaja en identificar a los presuntos organizadores y demás implicados, con el fin de someterlos a la justicia.

La institución reiteró su compromiso de vigilar los espacios marítimos nacionales y exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes promueven travesías clandestinas con fines de lucro, que pueden terminar en pérdidas de vidas humanas.

Loor veteranos norteamericanos






El Leño Pinto Digital

Loor veteranos norteamericanos


Por 
 
Homero Luis Lajara Solá
 
 
A las once de la mañana del día once del mes once de 1918, los cañones callaron en el frente occidental. La guerra no había terminado oficialmente, pero cesaba la matanza que había consumido a una generación durante cuatro años. De aquella hora nació una conmemoración que Estados Unidos amplió después para honrar a todos sus veteranos.
 
Erich Maria Remarque convirtió esa herida en Sin novedad en el frente. Su novela no sigue el movimiento de los ejércitos ni celebra mapas conquistados. Acompaña a jóvenes que llegaron a las trincheras cuando apenas habían comenzado a vivir. Allí entendieron que entre el discurso que ordena una guerra y el hombre que la combate existe una distancia que casi siempre se paga con sangre.
 
El 11 de noviembre conserva esa diferencia. El juicio sobre una guerra corresponde a la historia. El reconocimiento a quien sirvió no debería esperar ese veredicto. El veterano obedeció órdenes legítimas, soportando la separación de los suyos y aceptando riesgos que otros decidieron desde lejos. Algunos volvieron con medallas. Otros regresaron con silencios. Muchos no regresaron.
 
Durante los períodos de capacitación, educación y entrenamiento que recibí en centros de distintas ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pude apreciar la hondura de esta fecha. No era un despliegue ceremonial. Era un país mirando de frente a quienes habían llevado sobre los hombros una parte de su historia.
 
Cuando el uniforme queda guardado, comienza otra forma de servicio. El veterano conserva la responsabilidad de honrar con su conducta el símbolo que representó. La supervisión desaparece, pero el carácter permanece. También corresponde a la nación acompañarlo con respeto y atención digna. Aunque a la patria no se le pasa factura, un  homenaje sin gratitud cotidiana corre el riesgo de quedarse en un desfile.
 
Este 11 de noviembre, como veterano naval dominicano, elevo desde esta cubierta caribeña un Bravo Zulu bien alto. Va por quienes regresaron, por quienes partieron a la gloria y por las familias que esperaron junto a una puerta que algunas veces nunca volvió a abrirse.
 
¡Loor al veterano norteamericano en su día !






 


martes, 10 de noviembre de 2026

Tribunal ratifica prisión preventiva a tres acusados de estafa de más de RD$2,500 millones a través de Coop-Herrera






El Leño Pinto Digital


SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En Atención al pedimento del Ministerio Público, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva a tres de los acusados de integrar la red que cometió una estafa de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) y que fue desmantelada con la Operación Búho.

El tribunal ratificó la prisión preventiva a los acusados Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra tras rechazar la solicitud de cese de la prisión preventiva presentadas por sus respectivas defensas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, adoptó la decisión tomando en cuenta que el plazo razonable aún se mantiene y que el cese de la prisión no es automático, sino, que el juez debe tomar en cuenta otros aspectos como lo es que el Ministerio Público está listo para presentar su discurso de apertura en el inicio del juicio el próximo 20 de noviembre de 2026.

También, por la gravedad de los hechos, la pena a imponer en caso de sentencia condenatoria y de que los presupuestos que presentaron en la audiencia de este viernes ya fueron ponderados con anterioridad por otros jueces y que son insuficientes.

Además, se tomó en cuenta que el juicio inicia en dos semanas y no ofrecen garantías para enfrentar su proceso en libertad, por lo que en su caso la medida de coerción más idónea es la prisión preventiva que pesa en su contra.

Con la decisión, Gabriel Santana Borsilea continuará cumpliendo la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, y Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

El proceso también se sigue en contra de los acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, así como a Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

También, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L, ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L, Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L y GBS Baseball Academy S.R.L.

Afectaron a más de 366 víctimas

Con el fraude, la estructura criminal afectó a 366 víctimas, señala el órgano acusador en el expediente.

El Ministerio Público sustentó la acusación con cientos de medios de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluyendo informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.

El órgano persecutor puso en marcha el 4 de octubre de 2023 la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses, que llevó al arresto de los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) implicados en el fraude.

La operación movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.

Los procesados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.

La Operación Búho es el resultado de un trabajo conjunto de investigación realizado durante meses por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.



*DGM detiene 1,561 haitianos indocumentados a nivel nacional y 539 en Región Sur*



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*Durante feriado por el Día de la Constitución*


Pedernales.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante los operativos de interdicción migratoria de este lunes 9 de noviembre, feriado por el Día de la Constitución, fueron detenidos 1,561 extranjeros en condición migratoria irregular a nivel nacional y de los cuales 539 fueron aprehendidos en nueve provincias al Sur del país, todos de nacionalidad haitiana.


Independencia encabezó las cifras en la Región Sur, con 168 extranjeros detenidos, seguida de Pedernales, con 126; Elías Piña, con 82; San Juan, con 57; Barahona, con 42; Azua, con 31; San José de Ocoa 12, Peravia con 11 y Bahoruco, con 10.

Las intervenciones abarcaron distintos municipios y comunidades, tales como Comendador en Elías Piña; Jimaní y zonas aledañas; así como los municipios cabeceras Independencia y Pedernales; San Juan de la Maguana y Las Matas de Farfán.

En Barahona hubo operativos en Paraíso, La Ciénaga, Santa Elena, Juan Esteban, Bahoruco, Los Patos, Enriquillo y El Arroyo. En la provincia Bahoruco, las acciones incluyeron el municipio cabecera de Neyba y sus zonas aledañas, mientras que en Peravia abarcaron Baní, El Recodo y sectores cercanos.




Durante la jornada fueron deportados 1,505 a través de los puntos de control fronterizo de la DGM. Estas acciones contaron con el apoyo de uniformados del Ejército, quienes entregaron a la institución para fines de deportación 476 indocumentados, los agentes de la Policía detuvieron a 178 y militares del CESFRONT 195.


*Dirección de Comunicaciones DGM.-*

Tribunal ratifica otra vez la prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros procesados a partir de Operación Cobra





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El procurador adjunto Wilson Camacho planteó en audiencia: “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de instrucción ratificó este jueves la prisión preventiva al procesado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros coimputados de la red criminal que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en un entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra.


La decisión del tribunal ratifica la medida privativa de libertad además a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y a Ramón Alan Speakler.


El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió, atendiendo a una condición médica presentada por la defensa, la medida de coerción contra Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico. Además, le impuso la obligación de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos, a través de una aseguradora, e impedimento de salida del país.


Durante la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien estuvo acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.


Al solicitar al juez de la Instrucción que rechazara el pedimento de variar la medida de coerción establecida, Camacho manifestó que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.


El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.


En las motivaciones de la decisión, el juez citó los criterios jurídicos tomados en cuenta por el tribunal que impuso la medida de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos contra una entidad dedicada a facilitar los servicios de salud a amplios sectores de la población. Recordó, además, el peligro de fuga de los procesados y el daño a resarcir al Estado y a la sociedad.


Recordó la decisión del Tribunal Constitucional que manda a realizar un test de ponderación al momento de revisar la medida de coerción. En ese sentido, hizo referencia a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles en torno a quienes persisten las razones que dieron origen a la medida de coerción.


La defensa de los imputados Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero desglosar la audiencia de revisión obligatoria de la medida, dado que sus defendidos están a la espera de la celebración de una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el próximo martes 10 de noviembre del año 2026.


En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, manifestó que el conocimiento de la revisión obligatoria no impide el conocimiento de la apelación.


Luego de analizar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.


La medida de coerción había sido ratificada el pasado mes de agosto.


Por este caso también es imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.


El proceso judicial que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, pago de garantías económicas e impedimento de salida del país.


Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en el citado centro penitenciario.


Persecución contra la red


El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.


Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.


Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.


En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.


El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.


Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.


Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.


Igualmente, el pasado mes de septiembre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A. En el proceso les fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, incluyendo varios médicos.

Veinte años de prisión para hombre que golpeó a una mujer durante asalto a mano armada



El Leño Pinto Digital

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que, junto a otro, agredió a golpes a una mujer para despojarla de una motocicleta durante un asalto a mano armada, en un hecho ocurrido en la calle Principal del sector Palo Blanco de Jarabacoa, en el año 2024.

Gustavo Alfonso Pérez del Carmen fue condenado al establecer el Ministerio Público su responsabilidad penal en el hecho delictivo ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa.

Pérez del Carmen perpetró el asalto junto a Juan Agustín Hernández (Ángel, Turan o Duran), quien se encuentra prófugo. Ambos se asociaron para cometer el hecho delictivo en fecha 16 de abril de 2024, aproximadamente a las 10:25 de la noche. 

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Viviana Mena Paulino, titular de la Fiscalía de Jarabacoa, y quien tuvo a cargo las investigaciones, establece que ambos cometieron robo agravado en la vía pública en horas de la noche, bajo intimidación, amenaza, y uso de arma de fuego y violencia que causó daños corporales a la víctima.

Hernández, quien ocupaba la parte trasera de la motocicleta en la que se desplazaba junto a Pérez del Carmen, procedió a desmontarse, y acto seguido tumbó a la víctima de la motocicleta en la que se desplazaba y luego la golpeó a patadas en el abdomen y otras partes del cuerpo, mientras Pérez del Carmen le vociferaba: “dale un tiro, para que floje la llave”.

La mujer logró salvar su vida y salió corriendo mientras que los acusados lograron sustraerle la motocicleta marca Yamaha, modelo T110C, de color azul.

Tras la agresión la víctima resultó con: “trauma cerrado de abdomen a causa de la agresión y trauma en la pierna izquierda y tobillo izquierdo con esguince del tobillo izquierdo”, según consta en el Certificado Médico Legal No. 2024-201.

El hecho delincuencial fue captado mediante grabaciones de videos de las cámaras de seguridad del lugar. Durante las pesquisas ambos hombres fueron vinculados a otros hechos delictivos en el que las víctimas también fueron golpeadas.

Luego de los hechos Pérez del Carmen fue arrestado en el mes de mayo de 2024 y sometido a la justicia. En el Acta de Inspección de Lugar, de fecha 29 de abril de 2024, se hizo constar que a las 8:50 de la noche de ese día, fue recuperada la motocicleta por la Policía Nacional en la localidad El Salto de Jarabacoa, la cual fue dejada abandonada en el lugar por el acusado Hernández.

El Ministerio Público sustentó la solicitud de la condena con suficientes pruebas que fueron presentadas durante el juicio por el fiscal litigante Juan Enmanuel Escoto.

Los jueces Lucrecia Rodríguez, Bionny Zayas y Mileidy Sánchez dictaron la sentencia condenatoria con base en los elementos de prueba aportados por el órgano acusador, el cual otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 309, 379, 381, numerales 1, 2 y 5, 382, 383 у 386 del Código Penal Dominicano, y solicitó la imposición de 30 años de prisión para los acusados del cometer el hecho criminal.

Ministerio Público solicita prisión contra dos investigados por delitos de trata de menores de edad con fines de explotación sexual

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