La Asociación para el
Desarrollo de Cabarete (ADECA) se querelló en la Fiscalía de Puerto Plata
contra el actual y el pasado Director de la Junta Municipal de Cabarete a
quienes acusa por un desfalco de más de RD$102 millones en el período
comprendido entre los años 2004 y 2012; acción que destapa la mayor trama
delictiva conocida hasta el momento en el ámbito municipal.
La querella involucra a
Gabriel Antonio Mora (alias Canoa) actual Director Municipal de Cabarete y
quien ocupa el cargo desde el 2008, y Eddy Morfe quien desempeño la función
hasta el 2008. Canoa también estuvo en la posición los años 2004 a 2005. Además sugiere
investigar a familiares de Canoa y otras personas citadas en la denuncia,
vinculadas por cobro de obras no realizadas, cambio de cheques, falsificación
de firmas y otros hecho.
ADECA solicitó que
Morfe, Canoa y sus socios en la trama delictiva sean enviados a prisión como
medida de coerción y condenados a 5 años de prisión y degradación cívica para
que no
puedan ejercer ningún cargo público.
La información sobre la
querella fue entregada a los medios de comunicación en una rueda de prensa en
la que participaron el doctor David La Hoz, abogado a cargo de la acusación y
Michel Gay Crosier, empresario hotelero de Cabarete, que es el actual
presidente de ADECA. La querella fue presentada el pasado 29 de octubre en la fiscalía
de Puerto Plata y el 31 de octubre en la Dirección Nacional de Persecución de
la Corrupción Administrativa (DPCA). También aparece como abogada de la
asociación junto con La Hoz, la licenciada Cándida Gil
El presidente de ADECA
Gay Crosier pidió al Procurador General de la República y al ministerio público
de Puerto Plata acelerar las investigaciones y acciones para detener esta
escandalosa dilapidación de los recursos que pronto cumplirá una década; y
solicitó al Presidente Danilo Medina y a los líderes del PLD, del PRSC,
especialmente a Carlos Morales Troncoso, y del PRD, desmontar el manto de
protección política y de los funcionarios locales, que existe en la provincia
de Puerto Plata en favor de Canoa y sus compinches.
Dijo que lo mínimo que espera la
comunidad es que el ayuntamiento de Sosúa suspenda de sus funciones como
Director del Distrito Municipal a Canoa, tal y como ha sido solicitado por
ADECA, ya que los ciudadanos y empresarios de Cabarete no se merecen ser
representados y dirigidos por personas de esa calaña.
Ayer domingo el presidente Medina
visitó a Cabarete e intercambio con empresarios y hoteleros de la zona,
principalmente con los dirigentes de ADECA, Tomas Calender y Gay Grocier, quien
dijo que también había informado al mandatario sobre un intento de
apropiación del espacio público en la tradicional zona de playa de Cabarete,
con la anuencia de las autoridades de la provincia.
Abultado historial de querellas
Es la segunda querella
que enfrenta Canoa por corrupción ya que en agosto pasado fue sometido ante una
corte de Puerto Plata por la DPCA, basándose en un informe de auditoría de la Cámara de
Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal de Cabarete realizó
transacciones por $119.4 millones a través de diferentes cuentas
sin que existan “los documentos que respalden de manera satisfactoria los
referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70% de los $170.3 millones de
la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.
La querella de ADECA se suma al
historial de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la
iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008)
por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro
de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar
contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario
que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio
2012).
Canoa fue nuevamente sometido este
año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de
la Junta Distrital de Cabarete; pero todos los procesos en su contra
“caminan lentos” en Puerto Plata, dijo La Hoz.
Las acciones de los empresarios de
Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las
denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal,
considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos
contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
Una de sus respuestas fue iniciar un
proceso contra el Gay Crosier por una supuesta violación a las regulaciones
ambientales, para el cual falsificó un acta de la Junta Distrital. Esta acción
fue desestimada en todas las instancias y por ella ahora enfrenta una demanda y
una querella por falsificación que protagoniza la DCPA.
Asociación de malhechores
El doctor La Hoz informó que se acusa
a Canoa y Morfe de desfalco, abstención y colusión por Violación de la ley
176-07 sobre los ayuntamientos, los artículos 146 y 148 de la Constitución de
la República y los artículos del Código Penal Dominicano relativos a desfalco
(Art. 171), prevaricación (Art. 166), concusión (Art. 174), asociación de
malhechores y otros. La Hoz dijo que la querella de ADECA es con
constitución de la organización como actor civil.
Dijo que un análisis de la documentación en manos de la Asociación hecho por un
contador encontró que sólo en una supuesta aplicación de asfalto en Cabarete
sin contratos ni soportes justificativo en los años 2008 y 2009 se esfumaron
RD$54 millones de pesos; y unos RD$10 millones en cheques emitidos a nombre de
Guarionex Sánchez y cambiados por el tesorero municipal y un hermano de
Canoa. También se emitieron cheques por más de RD$2.5 millones a favor de tres
hermanos de Canoa, y otros RD$15 millones emitidos con facturas y firmas falsificadas.
Explicó que la acción iniciada se
sustenta en el artículo 21 de la ley 176-07 sobre los ayuntamientos que
establece que en caso de violación a esta legislación “cualquier persona física
o moral” podrá solicitar a las jurisdicciones panales competentes “la puesta en
movimiento de la acción pública, en constituirse en calidad de querellante y
actor civil según los términos del Código Procesal Penal y solicitar las
sanciones correspondientes”.
La Hoz precisó además
que esta ley “otorga legitimidad
procesal a los munícipes en lo referente a la vigilancia y control de los
gastos del ayuntamiento como de las labores que realiza”, por lo que establece
el artículo 245 que instituye “los Comités de Auditoría Social o Comités Comunitarios de
Obras como un mecanismo propio de la comunidad, con el objeto de vigilar los
proyectos y obras a cargo del ayuntamiento”, de forma que las mismas “se
realicen de acuerdo a lo planeado y presupuestado”.
Otros actores en la trama
El documento presentado
a la fiscalía de Puerto Plata pide que se cite a Claritza Ruiz,
Presidenta Sala Capitular; a Humberto Mora, el hermano de Canoa que ha cambiado durante años
todos los cheques del ayuntamiento; a Oscar Peña, mensajero del
ayuntamiento con muchos cheques a su nombre y ha cambiado muchos cheques; a
David González Medina, a favor del cual se emitieron RD$2 millones en cheques
por venta de grama sobrevaluada, sin soporte y con firma falsificada.
También que se
interrogue a Guarionex Sánchez, quien aparece desde 2004
colocando un caliche que no existe y cobrando obras de Cabarete sin hacerla; a
Rey Ángel Arvelo quien ha cambiado numerosos cheques del ayuntamiento, y a
Federico Sánchez Morales, quien tiene un contrato de RD$93 mil mensuales para
el mantenimiento de la grama y palma de la carretera de Cabarete.
La querella afirma
que Morfe y Mora “constituyen una asociación de
malhechores en perjuicio de los bienes de la Junta Municipal de Cabarete, en la
cual se han turnado en su Administración y en la comisión de los hechos que le
son imputables mutuamente y para sus respectivos periodos de administración”.
Además, que
han actuado “para sustraer cuantiosas sumas del presupuesto de cada año del
Ayuntamiento del Distrito Municipal de Cabarete, durante las administraciones
del mismo, bajo su entera dirección. Hecho que en buen derecho significa
desfalco planificado y ejecutado”.
La Hoz afirma
que en este caso existe colusión “es decir un acuerdo secreto entre dos o más
personas para perjudicar a un tercero, que esta vez es el Ayuntamiento del
Distrito Municipal de Cabarete y sus munícipes, como ADECA, a cuyos socios se
les exige arbitrios pero no se les da participación en el destino de los mismos
ni en la elaboración de las políticas públicas, en violación a lo que manda la
ley de ayuntamientos.
La querella de la DPCA en agosto
El doctor La Hoz pidió a la
Procuraduría General de la República actuar para romper la inercia del
ministerio público en Puerto Plata y acelerar el proceso de investigación y la
abultada lista de procesos que involucran a Canoa y sus cómplices en Cabarete,
Sosúa y Puerto Plata.
La investigación citada hecha por la
Camara sobre la ejecución presupuestaria y que motivó la querella de la DCPA de
agosto pasado, abarca el período 2004 - 2010, en el cual actuaron Morfe y Mora
(Canoa), bajo cuyo mandato se ejecutó el 54% de los recursos erogados en el
período ya que sólo en los años 2009 y 2010 se gastaron $91.1 millones.
El informe señala que
los “estados de ejecución presupuestaria no presentan razonablemente en todos
sus aspectos los ingresos y desembolsos realizados” en el período, y señala que
se violaron las disposiciones de las leyes de organización municipal, de
municipios, de presupuesto, de contrataciones públicas, de función pública, el
Código Tributario y otras disposiciones.
Esta auditoría revela que se
asignaron obras por valor de $81.6 millones sin contratos, principalmente en
los años 2009 ($40 millones) y 2010 ($26 millones), bajo el mandato de Canoa, y
se comprobó el pago de $57.2 millones a contratistas de obras sin los soportes
justificativos, principalmente a la Corporación Norteña de Asfalto, a las
constructoras Kuky Silverio Industrial, Sánchez, Julio Melquiades Valdez ,
Lorenzo Sarita, Rolando Bonilla Smith y Transportes Dominguez.
En Distrito recibió ingresos por
$30.6 millones “de los cuales se comprobó que los recibos de ingresos
superan los depósitos y viceversa”. A los volantes de depósitos “no se les
anexaron los recibos de ingresos correspondientes”. También, pagó
de $224 mil por avances de construcción cuyos beneficiarios difieren de los que
figuran en las facturas anexas como justificación; se emitieron recibos por
$39.1 millones por licencias de construcción sin anexar los documentos
relacionados, y se pagaron $2.2 millones en combustibles con cheques a nombre
de funcionarios y empleados o personas físicas
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