El tiro Naval y la navegación de la vida

El Leño Pinto Digital

Cada oficial y cada marinero es responsable de su propio tiro.

Cápsula Naval 

Por Homero Luis Lajara Solá 

De mi bitácora personal (1988)

Aplico en la navegación  de la vida una norma que me enseñó un  norteamericano, el sargento mayor Trowbridge, durante mi entrenamiento de oficial de superficie en Newport, Rhode Island.

Estábamos en alta mar practicando tiro naval. Nos dijo:

“El tiro es como la vida misma: primero alineas, aplicas toda la doctrina, corriges por viento, deriva y oleaje, y apuntas con la mira anterior y posterior al blanco; después disparas con decisión, con lo aprendido y practicado; y finalmente olvidas, porque ya no hay marcha atrás.”

⚓️ Moraleja

En la vida como en el tiro naval: alinear es prepararte, disparar es decidir, y olvidar es soltar.

Una vez el proyectil sale del cañón, no regresa. Así también tus palabras y tus actos.

Por eso, alinea bien tu conciencia, dispara con honor y olvida con paz.

A la dotación que hoy se siente herida por acciones ajenas, les digo:

No permitan que la vergüenza de unos pocos eclipse la honra de la mayoría.

Cada oficial y cada marinero es responsable de su propio tiro.

Alineen sus vidas con los valores de la milicia, disparen con integridad y naveguen sin lastre en sus conciencias.

La patria aún espera mucho de los hombres y mujeres de mar.

Salvador Holguín lanza advertencia al presidente Luis Abinader: “Se tenía que decir… y se dijo”

El Leño Pinto Digital

Santo Domingo. – El periodista y comunicador Salvador Holguín advirtió públicamente al presidente de la República, Luis Abinader, sobre la existencia de estructuras paralelas dentro de su gobierno que estarían actuando de forma independiente y perjudicial para su liderazgo. Asimismo denunció que el Gobierno está siendo desestabilizado por figuras arrogantes que operan al margen del liderazgo presidencial.

“Se tenía que decir… y se dijo”, expresó Holguín de forma contundente, al tiempo que reconoció que le consta que Abinader es un hombre tolerante y democrático. Sin embargo, puntualizó que en su administración existen “islas de poder y gobiernitos paralelos que actúan al margen del presidente”.

El locutor Holguín fue enfático en afirmar que si el mandatario Luis Abinader no les pone un alto antes de concluir su mandato, corre el riesgo de que le desestabilicen el gobierno y de terminar políticamente solo antes de tiempo.

El trabajador de la prensa Salvador Holguín también se refirió al comportamiento de varios de los presidenciables del entorno oficialista, a quienes calificó como “engreídos, arrogantes y prepotentes”, señalando que estos ya no responden llamadas, ignoran mensajes y desprecian a dirigentes y colaboradores que, en su momento, contribuyeron al triunfo del PRM en el poder.

“El panorama es claro: quieren eliminarlo políticamente antes de tiempo. Lo están aislando. Le están cerrando el paso. Y lo peor: desde adentro”, aseguró Holguín.

Finalmente, el comunicador Salvador hizo un llamado directo al ejecutivo Abinader: “Presidente, el pueblo sigue observando… y esperando que usted actúe”.

Comercios chinos en la mira: evasión fiscal, abusos laborales y competencia desleal

El Leño Pinto Digital

INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Por Sandy de la Rosa, especial para el equipo de investigación de Ellenopintodigital.com

Una investigación realizada por el equipo de Ellenopintodigital.com ha puesto en evidencia serias irregularidades en el funcionamiento de varios establecimientos comerciales operados por ciudadanos chinos en la República Dominicana. El trabajo periodístico, basado en fuentes oficiales, inspecciones recientes y opiniones de expertos, revela un panorama de evasión fiscal, violaciones laborales y prácticas que afectan directamente al comercio formal nacional.

Según datos confirmados por el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al menos 13 negocios fueron clausurados en el Gran Santo Domingo tras detectarse más de 200 infracciones al Código de Trabajo. Las faltas incluyen la falta de contratos laborales, jornadas extendidas sin pago de horas extras, empleados no afiliados a la seguridad social, salarios por debajo del mínimo legal y condiciones de trabajo inapropiadas.

En el plano tributario, las autoridades descubrieron que muchos de estos comercios no emitían comprobantes fiscales (NCF), operaban sin registros formales y evadían impuestos como el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta. Estas acciones, además de ilegales, provocan un fuerte daño a la economía nacional al generar pérdidas millonarias en recaudación fiscal y socavar la competitividad de los negocios dominicanos que sí cumplen con la ley.

Comerciantes locales consultados por Ellenopintodigital.com manifestaron su preocupación ante lo que califican como una competencia desleal creciente. “Cumplimos con todo: impuestos, seguridad social, licencias. Pero competimos con negocios que operan en total informalidad”, expresó uno de los entrevistados que solicitó anonimato.

La representante del Centro de la Colonia China en el país, Rosa NG Báez, calificó los cierres como “injustos”. Sin embargo, los documentos presentados por las autoridades confirman que las inspecciones se realizaron bajo procedimientos establecidos, con evidencia suficiente y sin ningún tipo de discriminación por nacionalidad.

Expertos laborales consultados coinciden en que esta intervención marca un precedente necesario. “La inversión extranjera es bienvenida, pero bajo las mismas normas que los empresarios dominicanos. Permitir excepciones destruye el sistema”, sostuvo un abogado especialista en derecho laboral.

Las autoridades han indicado que estos operativos continuarán en distintas provincias, como parte de una política pública para fortalecer el cumplimiento legal, proteger el trabajo digno y garantizar el equilibrio en el sistema económico del país.

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 10 militares y civiles arrestados en Operación Lobo

El Leño Pinto Digital

Más de RD$100 millones en sobornos sustentados con más de 500 pruebas respaldan la solicitud contra los implicados en una red de corrupción que afectó instituciones públicas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

“Con la Operación Lobo el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el área de seguridad privada”, dijo.

“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.

Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todo el que esté implicado en la estructura desmantelada con la Operación Lobo será sometido a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.

“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.

Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.

Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.

La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).

La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Nueve imputados en Operación Búfalo NK se declaran culpables de los hechos imputados

El Leño Pinto Digital

En esta operación fueron sometidas 10 personas de las que solo una no ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Nueve integrantes de la red internacional de narcotráfico enfrentada con la Operación Búfalo NK se han declarado culpables y cinco de ellos fueron condenados este miércoles mediante procedimiento penal abreviado tras aceptar los hechos sustentados por el Ministerio Público, mientras cuatro esperan que un tribunal valide sus acuerdos.

Tras acoger la solicitud presentada por los procuradores fiscales Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado, en representación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la decisión de este martes fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público presentó pruebas contundentes que vinculan a los acusados con delitos graves, por lo que la fortaleza de las evidencias motivó que los procesados admitieran su responsabilidad penal.

En cuanto a José Antonio Toribio, fue declarado culpable por violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas: artículos 4 D, E; 58 C párrafo; 59; 60 párrafo; 75 párrafo II y III, que tipifican el tráfico ilícito de drogas, la asociación para delinquir con fines de narcotráfico y el lavado de activos. Asimismo, infringió los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, relacionados con delitos contra la salud pública y la organización criminal. Por tales razones, fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplirá ocho meses y tendrá suspendidos cuatro años y dos meses; además, deberá pagar una multa de 50,000 pesos.

Por su parte, Juan Bolívar Hernández admitió su responsabilidad en los mismos delitos señalados en la Ley 50-88: artículos 4 D, E; 58 C párrafo; 59; 60 párrafo; 75 párrafo II y III y en el Código Penal: artículos 59, 60, 265 y 266, que abarcan tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores. En consecuencia, fue condenado a cinco años de prisión, con suspensión de dos años y seis meses, y deberá cumplir el resto de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata (CCR1). Además, el tribunal ordenó el decomiso de 290,000 pesos dominicanos, 1,700 dólares estadounidenses y 50,450 pesos dominicanos.

De manera similar, Robert Nicolás Acosta Adames fue condenado por violar los mismos artículos de la Ley 50-88 y del Código Penal que implican el tráfico ilícito de drogas, asociación de malhechores y lavado de activos. En este sentido, recibió una pena de siete años de prisión, de los cuales tres años y seis meses fueron suspendidos; cumplirá, igualmente, el resto en el CCR San Felipe de Puerto Plata y deberá pagar una multa de 50,000 pesos.

Asimismo, Severiano Núñez Pichardo fue declarado culpable por su participación en la red de narcotráfico y lavado de activos, bajo violación a los mismos artículos de la Ley 50-88 y del Código Penal. Recibió una condena de cinco años de prisión, con suspensión de tres años y nueve meses. Por lo tanto, deberá cumplir un año y tres meses en el referido recinto penitenciario, además de pagar una multa de 50,000 pesos.

Finalmente, Maritza Flete Santana fue condenada por violar el artículo 66 de la Ley 631-16, que regula el control y tenencia de armas de fuego. En consecuencia, recibió una pena de tres años de prisión, totalmente suspendidos, una multa equivalente a 25 salarios mínimos y el decomiso del arma incautada.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 30 de julio de 2025.

La Operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos. Esta red criminal operaba entre Colombia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Europa, utilizando embarcaciones para transportar drogas a gran escala con el fin de obtener millonarios beneficios ilícitos.

Como consecuencia de esta operación fueron procesadas 10 personas, 9 de las cuales han llegado a acuerdos con el Ministerio Público, lo cual es una muestra de la calidad de la investigación realizada al efecto.

Asociación de afiliados a la seguridad social resalta impacto de Senasa y llama a garantizar su sostenibilidad

El Leño Pinto Digital

Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social (ASONAFISS) destacó el papel fundamental que ha desempeñado el Seguro Nacional de Salud (Senasa) en la ampliación del acceso a los servicios de salud en República Dominicana, al tiempo que hizo un llamado al gobierno a seguir garantizando los recursos necesarios para su sostenibilidad.

 

Joel Rodríguez, presidente de ASONAFISS, llamó a la ciudadanía a no dejarse confundir por informaciones que no reflejan la realidad operativa del Senasa y reiteró su disposición a defender el sistema de seguridad social como una herramienta de equidad y justicia social.

 

Afirmó que Senasa ha sido una de las instituciones más importantes del sistema de protección social del país, permitiendo que tanto trabajadores informales como ciudadanos de bajos ingresos accedan a atenciones médicas de calidad.

 

“Gracias a Senasa, miles de niños, embarazadas, ancianos y personas que nunca habían tenido seguro médico ahora reciben atención digna, medicamentos, estudios diagnósticos y procedimientos. Se trata de una conquista social que no puede ponerse en riesgo ni utilizarse como arma en debates políticos o desinformaciones”, expresó Rodríguez.

 

El presidente de ASONAFISS recordó que de 7.6 millones de dominicanos están afiliados al seguro estatal, lo que representa el 73% de la población, y que el nivel de satisfacción de sus usuarios ronda el 94.2 %. En ese sentido, consideró que “este respaldo ciudadano evidencia la confianza depositada por millones de dominicanos en una institución que ha demostrado eficiencia, cercanía y compromiso social”.

 

ASONAFISS exhortó al gobierno a mantener el fortalecimiento del régimen subsidiado, que permite que miles de personas en condiciones de vulnerabilidad reciban atención médica sin costo alguno. “El acceso a la salud no puede ser un privilegio. Senasa representa el derecho a una vida más digna para quienes históricamente habían sido excluidos del sistema”, sostuvo Rodríguez.

 

Santo Domingo, Distrito Nacional

10 de julio de 2025.-

Testimonios comprometedores confirman el uso de iglesias, asociaciones y empresas para ocultar fondos ilícitos

El Leño Pinto Digital

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público continúa con la presentación de testigos en el juicio seguido a los implicados en la Operación Coral, incorporando nuevas pruebas que demuestran el esquema de lavado de activos y adquisición irregular de bienes por parte de Adán Cáceres Silvestre y los demás acusados.

Durante la audiencia fueron escuchados este martes varios testigos que aportaron datos clave sobre la operatividad financiera y la utilización de estructuras religiosas, sociales y comerciales para encubrir fondos ilícitos.

Entre los testigos, figuran representantes de la Iglesia Bautista Vida Eterna, quienes admitieron haber recibido RD$9,000,000.00 de parte de Cáceres, de los cuales solo devolvieron RD$1,000,000.00 mediante depósitos a Julio Camilo de los Santos Viola.

También, declaró Elvin Rudys Ramírez, quien aparece en documentos como presidente de la Asociación Campesina Madre Tierra. Ramírez señaló que aceptó figurar como tal por un favor a Adán Cáceres, aunque desconocía el manejo y origen de los fondos. Relató que los cheques eran llevados en blanco para su firma por el acusado Kelman Santana y que Rossy Guzmán fungía como tesorera, pese a que Cáceres era, según dijo, el verdadero propietario de la asociación.

Asimismo, el representante de la empresa Saramago SRL confirmó que vendió un apartamento a Epifanía Peña Lebrón, pero posteriormente se le solicitó que el contrato final se hiciera a nombre de Único Real State e Inversiones, empresa representada por Rossy Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.

Otro testigo, Harmiton Luna, declaró que vendió apartamentos en la torre Harianex XIII a Adán Cáceres y a Julio Camilo de los Santos Viola. A través de la documentación incorporada al proceso, se comprobó que De los Santos Viola realizó los pagos en dólares estadounidenses.

Finalmente, José Rafael Madera Madera aseguró que Rafael Núñez de Aza le pidió simular la compra de acciones en la empresa CSNA Universo Empresarial a nombre de Adán Cáceres. Confirmó que, aunque figura como accionista, no es el verdadero dueño, y que la empresa pertenece a Cáceres. Añadió que construyó la Plaza Randa, de 44 locales comerciales, propiedad, según dijo, de Núñez de Aza y Cáceres Silvestre.

El Ministerio Público incorporó pruebas documentales y periciales que refuerzan su teoría del caso y evidencian cómo los imputados utilizaron estructuras religiosas, sociales y empresariales para encubrir el origen ilícito de los fondos.

La audiencia presidida por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo,  continuará el próximo martes 15 de julio, con la presentación de nuevos testigos por parte del Ministerio Público.

Envían a prisión a capitán de la Armada tras variarle coerción por violencia de género

El Leño Pinto Digital

Los delitos en que incurrió Santana Núñez son sancionados por el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana envió a prisión al capitán de navío de la Armada Edward Santana Núñez al variarle las medidas de coerción por violencia de género contra su expareja.

Santana Núñez fue arrestado mediante orden judicial el pasado 22 de mayo, después de que el día 19 de ese mismo mes, portando un arma de fuego, interceptara el vehículo de su expareja con intención de agredirla.

Tras su sometimiento a la justicia el Ministerio Público solicitó que le fuera impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción. Sin embargo, fue beneficiado con la libertad por la jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda, del Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, quien le impuso una coerción consistente en una garantía económica de RD$20 mil e impedimento de salida del país.

Posteriormente, el Ministerio Público apeló esa decisión ante el tribunal de alzada al considerar que la víctima y su hijo se encontraban en situación de riesgo, debido a los constantes ataques y agresiones por parte del imputado.

El procurador general de la Corte de Apelación Salín Valdez Montero aportó diferentes pruebas documentales, periciales y testimoniales que comprometen la responsabilidad penal del encartado.

Las pruebas fueron acogidas por los jueces Ana Milka Acosta, Arsenio Alcántara y José Miguel Mateo, quienes, en atención al pedimento del Ministerio Público, variaron la medida y le impusieron a Santana Núñez la prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.

“Entendemos que era lo más apropiado en este momento, es lo conveniente una prisión preventiva para garantizar la seguridad de la víctima y el hijo de ambos”, dijo el fiscal Valdez Montero luego de concluir la audiencia.

El representante del Ministerio Público expresó “estos son casos en los cuales hay que prestar mucha atención para garantizar que dejemos de tener mujeres asesinadas”.

Previo a su arresto, contra el imputado se había interpuesto una denuncia por amenazas de muerte y persecución en perjuicio de la víctima y el adolescente hijo de ambos.

El órgano persecutor indicó que, en su calidad de capitán de la Armada de República Dominicana, Santana Núñez, incluso, estuvo asignado a un área de seguridad del Ministerio Público, unas funciones de las que fue removido el 25 de abril de este año.

La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Juan de la Maguana está a cargo de las investigaciones.

Los delitos en que incurrió Santana Núñez son sancionados por el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

La cadena no es solo de acero está forjada en disciplina, honor y responsabilidad

El Leño Pinto Digital

La cadena no puede volver a romperse. La patria y la mar no perdonan negligencias

CÁPSULA NAVAL

Por Homero Luis Lajara Solá 

La cadena que sostiene nuestra nave no es solo de acero: está forjada en disciplina, honor y responsabilidad. 

En estos días recientes, algunos eslabones han mostrado fisuras— daños de años  atrás—que amenazan con romperla. ¡¡No podemos permitirlo!!

Cada eslabón —desde el marinero más joven hasta el oficial más antiguo— tiene una función vital. Si uno falla, la cadena se quiebra y la nave queda a la deriva. 

Por eso, corresponde al mando revisar cada eslabón sin contemplación, aplicando la vertical disciplinaria con rigor, porque la indulgencia ante la indisciplina solo genera más debilidad.

Es justo reconocer que la gran mayoría de nuestros hombres y mujeres de mar son honorables, servidores con vocación y coraje que dan lustre al uniforme naval. 

Sin embargo, basta un solo eslabón corroído para comprometer toda la cadena.

Así como en alta mar no hay espacio para maniobras inseguras, en la vida naval no hay cabida para la complacencia. 

Si un cabo descuida su guardia, si un oficial omite su inspección, si un superior tolera la flojedad, se rompe la cadena de mando, se rompe la moral y se rompe la misión.

Para darle firmeza y rumbo a esta cadena se necesitan timoneles experimentados e íntegros, con reputación tan transparente como el blanco del uniforme naval. 

Porque solo así podemos mantener el timón firme en medio de la tormenta y asegurar que la nave avance recta, sin temor y sin avería moral.

La cadena no puede volver a romperse. La patria y la mar no perdonan negligencias.

El Ministerio Público arresta militares y civiles en la Operación Lobo

Las investigaciones llevaron al arresto del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

El Leño Pinto Digital

La Pepca, con el apoyo de la Dirección General de Persecución, arresta 15 personas involucradas en una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada a instituciones público

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de la Operación Lobo el Ministerio Público arrestó a militares y civiles de una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

La operación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, incluyó la realización de 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago.

Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Un total de 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público trabajaron con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional para enfrentar la red que afectó al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.

En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal.