SANTO DOMINGO, RD.- Tras la propuesta
de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de que una posible ley
de amnistía es el mecanismo más eficaz y rápido para dotar de documentos a un
número indeterminado de personas que quedan sin documentos a partir del fallo
del Tribunal Constitucional (TC), diversos sectores se han pronunciado en
contra de la misma por considerar que es inconstitucional.
El presidente de la Comisión
Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, sostuvo
que no es posible una amnistía porque la misma no está consagrada en la
Constitución, lo que la hace inconstitucional.
Mientras que el jurista
Julio Cury consideró que aquellos que han criticado el principio de
retroactividad con la propuesta están abonando al “caos urgente” de leyes que
retroactúen y desconozcan derechos ya adquiridos en virtud de leyes
anteriores.
“Si la Constitución actual ni
ninguna de sus revisiones anteriores le reconocía a los hijos de residentes
ilegales el derecho a la nacionalidad, no puede una ley vigente aprobada por el
Congreso, retractarse y otorgarle la nacionalidad dominicana a todos los hijos
de residentes ilegales”, explicó Cury.
Castillo Semán dice sería
desconocimiento del Congreso al TC
Sobre el tema el doctor Vinicio
Castillo Semán dijo en El Gobierno de la Mañana, de la Z101, que declarar una
amnistía general para darle la nacionalidad a los hijos de ilegales nacidos en
el país sería un desconocimiento del Congreso a la sentencia emitida por el TC.
"Es una pena que la
Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que aboga por el respeto a las
instituciones del país, promueva una iniciativa contraria a lo que decidió el
TC", expresó.
Justicia y Transparencia
Asimismo el presidente de la
Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Portentini, rechazó la
posibilidad de una ley de amnistía para resolver el problema de las personas
que quedan con documentos cuestionados al tenor de las disposiciones del TC,
toda vez que una ley de amnistía por sus efectos y características operaría de
manera general, al margen incluso de la propia legalidad o legitimidad,
deviniendo así en violatoria a la constitución y a la propia sentencia
del Tribunal.
Portentini plantea como
“salida salomónica” la modificación de la ley sobre naturalización para dotar
en el menor tiempo posible a aquellas personas que se encuentren en problemas
con su documentación.
Otros diputados
Varios diputados consultados
sobre el tema coincidieron en que la decisión del TC, amerita buscar un
atenuante para los casos de los 22,673 dominicanos de ascendencia haitiana que
denuncian fueron excluidos del Registro Civil.
El legislador Henry
Merán, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por San Juan,
consideró peligrosa una ley de amnistía porque habría que “amnistiar” a todos
los indocumentados y eso no es lo que ha dispuesto la sentencia del TC.
“Creo que lo que se establece y
se desprende de la sentencia del Tribunal Constitucional no es aprobar en el
Congreso de la República una Amnistía. Lo correcto es hacer un levantamiento,
una auditoría de cada uno de los casos y de ahí acogerse a lo que establece la
ley 285 de Migración”.
Al respecto, la oficialista
Minou Tavárez Mirabal, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados, expresó que habrá que pensar seriamente si una ley de
amnistía o desnaturalización afectaría la Constitución.
“Habría que hacer una consulta
más exhaustiva, pero lo que sí está claro para mi esa decisión del Tribunal
Constitucional obliga a todos los poderes del Estado a ponerse en la
misma dirección de buscarle una solución al problema”, dijo Tavárez.
Consideró además que no se
puede dejar a miles y miles de personas sin documentación, sin derechos que
fueron adquiridos, en muchos casos de personas que vinieron aquí traídas por el
propio Estado Dominicano.
En tanto que Hugo Núñez del PRD
por La Vega, considera que la propuesta la ha traído la posición del presidente
Danilo Medina de que hará consultas al respecto y ahora se habla de amnistía
con la que no está de acuerdo.
De su lado, el diputado Carlos
Gabriel García, del PRD por Santo Domingo Este, entiende que a partir de la
sentencia que no se puede atacar desde el punto de vista jurídico, hay que
buscarle una salida humana porque no se le debe dar la espalda a esos miles de
haitianos que tiene una larga trayectoria en República Dominicana.
Autor: LAZARO
MEDINA
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