Con la llegada nueva vez al poder del Partido Reformista, que catapultó por séptima vez al solio presidencial al doctor Joaquín Balaguer, aunque las circunstancias en esta ocasión fueron muy diferentes a otras, en las que maniobró como avezado marinero en mares tempestuosos y da un giro de 180 grados al timón de su estrategia política, se ratifica lo expresado por Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”.
Esto quedó de manifiesto cuando, apenas iniciado el período de gobierno, el 8 de octubre de 1986, firmó un contundente decreto destituyendo al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Barján Muffdy; al jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, vicealmirante Juan de Jesús Jorge Cabrera y al director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), contralmirante Hamlet Bergés Santana, todos con menos de dos meses en sus cargos y profesionales con diáfanas hojas de servicios.
La principal motivación de estas sorprendentes destituciones fue la aparición de un hombre ahorcado mientras estaba detenido en el destacamento de la Marina de Guerra -hoy Armada de República Dominicana-, de Sabana de la Mar, hecho que fue aprovechado como excusa por el presidente Balaguer para enviar una señal de que los vientos habían cambiado y que no estábamos en el gobierno que él encabezó en el 1966, conocido como de “Los12 años”.
Sin embargo, su primera y quizá más importante alusión al tema haitiano, la hizo el 27 de febrero de 1989, cuando presentaba sus Memorias ante la Asamblea Nacional, acto solemne en el que precisó que, los obreros dominicanos en los ingenios azucareros vivían bajo las mismas condiciones infrahumanas que los haitianos, por lo que no había discriminación con estos últimos, sino falta de seguridad y asistencia social adecuadas para algunos intereses elementales, y que los sistemas existentes estaban abiertos para todos, sin distinción de raza, origen ni condición social.
En este discurso, Balaguer manifestó: “Podemos proporcionar a los inmigrantes haitianos, como a todos los extranjeros, las mismas ventajas que ofrecemos a los dominicanos, pero no podemos darles mayores ventajas de las que podemos garantizar a nuestros propios conciudadanos”.
Con el discurso florido que le caracterizó, aprovechó la alocución para ofrecer un análisis sociológico sobre la raíz del problema: “La población de la capital de la República, en 1961, al iniciarse el proceso democrático, era apenas de trescientos once mil almas, la inmigración haitiana ilegal se hallaba férreamente contenida, la población de los campos no había irrumpido, aún, en los centros urbanos, revolviéndolo todo, como el agua de las inundaciones, los turistas eran apenas un puñado de visitantes, los servicios públicos, por consiguiente, el agua, la electricidad y el transporte público, la recogida de basura, la atención a los pacientes pobres en los hospitales del Estado, bastaban más o menos para dar satisfacción a todas las demandas. Pero de pronto en el país se implantó la democracia. Conjuntamente con la democracia apareció también el populismo. Ambos fenómenos nos tomaron a todos de sorpresa”.
El presidente Balaguer manifestó ante la Asamblea Nacional, que una tercera parte de la población haitiana se volcó a suelo dominicano y el campo inundó la ciudad. Y él mismo admitió que: “Perdido el control, la nave quedó prácticamente a la deriva. Envueltos en esa crisis nos hallamos desde 1961 a la fecha”.
Es decir, el Presidente estaba reconociendo en ese momento, que no se actuó adecuadamente, ni se planificó, mucho menos se crearon leyes migratorias como demandaba y demanda la situación. No se colonizó la frontera, como sugirió él mismo en un escrito para el diario La Nación, de Santiago, en 1927, ni se equiparon ni entrenaron adecuadamente a las Fuerzas Armadas.
Como resultado, ahora pagamos las consecuencias de no estar preparados como demandan las circunstancias, sin dejar de reconocer la inversión del actual gobierno en seguridad fronteriza, la cual aún no es suficiente.
Como se puede deducir en los hechos que narramos, en cuanto a sus relaciones diplomáticas con Haití, el presidente Balaguer demostró su mimetismo estratégico y capacidad de maniobra en pro de los beneficios que las mismas generaban y todo iba viento en popa, hasta que, en el 1990, el exsacerdote Jean Beltrán Aristide, con su Teología de la Liberación y el apoyo del Partido Lavalás (Avalancha Humana, en Creole), cambió todo al ganar las primeras elecciones libres en Haití, en unos comicios que fueron apoyados por los norteamericanos.
El tradicional manejo armonioso con los militares, políticos y empresarios que el presidente Balaguer llevaba desde 1958 con los Duvalier (padre e hijo) se fue por la borda con la llegada del presidente Aristide, quien denunció ante la ONU los supuestos maltratos a los haitianos en los bateyes dominicanos, como también hizo gestiones para que un comité de derechos humanos del Congreso de los EE.UU. arribara al país en función de inspectores, provocando ataques de “American Watch”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la prensa norteamericana, y algo tan delicado como poner en peligro ante el Consejo de Comercio Norteamericano la participación de la República Dominicana en los beneficios del sistema de preferencias arancelarias, que hubiese sido un desastre económico para el país.
Sin nadie esperarlo, el presidente Balaguer reaccionó emitiendo el Decreto No. 231-91 que disponía la repatriación de los haitianos menores de 16 años y mayores de 60 años, en cuyo proceso se calcula salieron apróximadamente 40 mil haitianos del país. En medio de esta crisis y presiones internas, el presidente Aristide fue derrocado por un golpe militar el 30 de septiembre de ese año de 1991.
En julio de 1992 el presidente Balaguer, haciendo galas de su fino olfato político, se refirió, aunque sin presentar pruebas, a los supuestos planes de fusión política de la República Dominicana y Haití por parte de grandes potencias mundiales, aseverando que la idea era infantil y descabellada, manifestando: “El agua y el aceite pueden convivir durante muchos años, pero no pueden confundirse en una sola, sin pérdida de su materia orgánica o con menoscabo de su identidad”.
En medio de esa avalancha política, coincidencialmente, después de que el presidente Balaguer reforzó el embargo que los EE.UU. le tenían a Haití por el golpe militar al presidente Aristide, el gobierno norteamericano le reconoció la “victoria electoral” en los comicios de 1994, la misma que fue tan cuestionada, local e internacionalmente, y que, previo a negociaciones entre el presidente Balaguer y el Dr. José Francisco Peña Gómez, candidato presidencial que gozaba de gran simpatía del electorado, a ese período se le acortaron dos años.
En las circunstancias actuales se hace necesario llegar a un consenso nacional sobre la aplicación efectiva y con la severidad de un censor romano de nuestras leyes migratorias, respetando la dignidad humana, pero bajo el escudo de una voluntad política patriótica, firme y responsable, que controle la entrada masiva de haitianos ilegales al país, aplicando siempre la vertical disciplinaria de manera ejemplar, a los militares que se involucren en actividades ilícitas.
Aún hay una deuda histórica y social, cuya misión principal debe supeditarse a resguardar la soberanía nacional, y que los gobiernos tomen en cuenta que ahora, a diferencia de antes, existe la tecnología de Internet, con esas redes sociales que compiten con la prensa tradicional y no admiten censura alguna, que evite las denuncias en tiempo real al mundo, sobre acontecimientos que se originan desde 1961 y que se han intensificado con el tiempo, en esa frontera dominico-haitiana del tráfico de personas, contrabando de carbón, drogas, armas y mercancías, por lo que resulta imperativo dar siempre señales decididas de respeto a las leyes que no confundan ni motiven a la inmigración ilegal a nuestro país, acción dominicanista que constituye ser uno de los grandes retos nacionales.
El autor es miembro fundador del Círculo Delta.
Fuente: Listin Diario
