SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por el asesinato de otro, en un hecho ocurrido el 24 de agosto de 2025.
El caso fue declarado complejo y se impuso la prisión preventiva contra Wandy Pimentel (el Chino y/o el Japonés), procesado por la muerte a causa de heridas de arma de fuego de Lodizol Alberto De Los Santos De La Rosa (el Cristiano).
De acuerdo con la investigación, realizada por el fiscal Juan Alexis Méndez, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego mientras se encontraba en el malecón de la ciudad, falleciendo luego a causa de las heridas.
Las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público establecen que el imputado tuvo participación en la planificación del hecho criminal y que, además, suministró el arma de fuego utilizada para cometer el asesinato, en una acción ejecutada por varios individuos que actuaron de manera concertada.
La investigación determinó que el crimen estuvo relacionado a la venta de drogas.
Para ejecutar el asesinato, Wandy Pimentel utilizó a los también coimputados Roy David Álvarez y Deivi Luis García Guerrero (Capital) y a Luis Rafael Caballero López, quienes trabajaban con él en Santiago y se trasladaron a Puerto Plata para llevar a cabo el plan.
El imputado proporcionó la logística: armas, ubicación de la víctima y posterior destrucción del arma homicida.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Leury V. Ureña Morrobel, presentó ante el tribunal múltiples elementos probatorios documentales, testimoniales, periciales, materiales y audiovisuales que vinculan al procesado con los hechos investigados, incluyendo análisis forenses, registros de cámaras de vigilancia y evidencias extraídas de dispositivos electrónicos.
La acusación provisional contempla violaciones a los artículos 265, 266, 295, 296 y 302 del Código Penal dominicano, relacionados con asociación de malhechores y asesinato, así como a disposiciones de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Con la imposición de esta medida de coerción, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar la gravedad de los hechos investigados, la existencia de suficientes elementos de prueba y la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal.
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