Institucionalidad, confianza y carrera militar
Por
Homero Luis Lajara Solá
“Dedicado a los uniformados que aspiran a unas Fuerzas Armadas virtuosas, apartidistas y al servicio de la democracia”.
Las instituciones se sostienen sobre leyes, reglamentos y la confianza que generan. Cuando esa confianza se erosiona por motivos ajenos a la racionalidad y la tradición, el daño comienza a manifestarse tanto en la moral interna como en la percepción pública de la autoridad.
La depuración en las Fuerzas Armadas no es —ni debe serlo— un mecanismo de castigo.
Es una consecuencia de la necesidad de adaptación y actualización natural de cada una de ellas. Su legitimidad depende del marco legal, la competencia técnica y la ética institucional desde la cual se ejerce.
Evaluar una carrera militar no es un trámite administrativo común; es una decisión de alto interés nacional que debe manejarse con prudencia y conocimiento especializado.
Esa labor exige experiencia operativa, comprensión doctrinal y una vivencia real de la carrera castrense, condiciones que es muy difícil adquirir fuera del ámbito militar. Es como armar un rompecabezas: Si tratamos de forzar la colocación de una pieza ajena al espacio disponible, el resultado será un fracaso.
El asesoramiento externo puede ser complementario, pero no determinante. Lo correcto es fortalecer los mecanismos propios establecidos por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
La carrera militar no es una trayectoria aséptica ni lineal. Está marcada por decisiones bajo presión, mando ejercido en contextos complejos, obediencia, responsabilidad y convivencia con las imperfecciones humanas. Reducir décadas de servicio a lecturas frías de expedientes o a percepciones ajenas al espíritu militar podría desconocer la naturaleza del oficio de las armas y perjudicar —sin percatarse de ello— a los mejores.
Por esa razón, la ley confiere exclusivamente al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de ponderar méritos, conducta, liderazgo y vocación de servicio. No por corporativismo, sino por preparación, experiencia y jurisdicción. Sustituir ese criterio institucional por otros ajenos a la naturaleza castrense podría dejar de lado los intereses del Estado.
La historia demuestra que los cuerpos uniformados se pueden debilitar por la desmotivación de lo íntegro. La disciplina parece perder sentido y la vocación parece quedar resentida cuando el oficial de carrera percibe que los requisitos que prevalecen no son los marcados por la ley.
La responsabilidad de los mandos no es agradar ni complacer coyunturas, sino advertir y asesorar con franqueza al presidente de la república, preservar la institucionalidad y garantizar que el ascenso y la designación en una posición de mando sea la culminación del mérito, la preparación y la integridad.
Un país como la República Dominicana necesita instituciones sobrias, profesionales y motivadas, comprometidas con la excelencia permanente y conscientes de que la defensa y la seguridad nacional descansan, ante todo, en la credibilidad de sus cuadros.
Al final, la verdadera depuración es la que preserva el espíritu institucional. Y el mismo solo se mantiene cuando la ley se respeta, la experiencia y la capacidad se valoran y el interés nacional se coloca por encima de cualquier agenda ajena a él.
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