El Leño Pinto Digital
*SANTO DOMINGO.–* La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante la jornada de interdicción realizada este miércoles, fueron detenidos 947 extranjeros en condición migratoria irregular en operativos desplegados a nivel nacional en zonas urbanas, rurales y fronterizas; de igual manera, se ejecutaron un total de 768 deportaciones.
El rol de los organismos de seguridad del Estado fue determinante, ya que remitieron 303 personas a la DGM. El Ejército de República Dominicana entregó 200 extranjeros, la Policía Nacional 74 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, lo que evidencia una coordinación interinstitucional que fortalece la respuesta del Estado ante los movimientos migratorios irregulares.
Solo la DGM ejecutó 644 detenciones en múltiples provincias, cifras que permiten identificar una presencia extendida de equipos operativos en la mayoría de las provincias del país. Entre las localidades con mayor número de detenciones se encuentran el Gran Santo Domingo (201), con operativos en sectores como Los Minas y Mirador Sur (La Fe), entre otros. Le siguen Pedernales (67) en su municipio cabecera; La Vega (56); e Independencia/Jimaní (49), con acciones en Boca de Cachón y Tierra Nueva.
También se registraron detenciones en Elías Piña (45); Monte Cristi (40) en su municipio cabecera; Azua/Los Pilones (37), incluyendo Baní en la provincia Peravia y Ocoa; Santiago de los Caballeros (35); Zona Este (33) en Benerito, La Romana y en la provincia La Altagracia; Barahona (30), con acciones en Guatapanal, Vicente Noble, Quita Coraza, Fondo Negro, Jaquimeyes y Las Minas; Mao/Santiago Rodríguez (21); Dajabón (18); y Puerto Plata (12) en San Felipe, La Vigía, San Marcos y El Cupey.
En ese contexto, la DGM resalta que estas operaciones se inscriben dentro de un esquema de supervisión migratoria de carácter permanente en todo el país, esencial para la seguridad y la defensa de los intereses de la República Dominicana. De igual forma, la institución ratifica su compromiso con una gestión transparente, humanitaria, responsable y apegada a la ley, que salvaguarde la soberanía del país.
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