El Leño Pinto Digital
Por Sandy de la Rosa
Más del 95% de los comercios chinos que operan en el país lo hacen de manera irregular, generando un grave perjuicio al Estado dominicano y aplastando con precios artificiales al pequeño y mediano comerciante criollo.
Así lo denunciaron representantes del comercio local, quienes aseguran que mientras los dominicanos cumplen con todos los impuestos y regulaciones, muchos negocios chinos evaden al fisco, no reportan empleados y traen mercancías subvaluadas.
“Uno aquí en Herrera tiene que fajarse a pagar ITEBIS, ISR, seguridad social y hasta los inspectores, mientras ellos venden como les da la gana, sin reportar ni un peso”, expresó con frustración un comerciante de la zona.
Lo mismo se vive en sectores como la Duarte, donde los pequeños negocios dominicanos están cerrando por no poder competir con precios que, según los denunciantes, se logran solo por violar las normas fiscales y aduanales del país.
El golpe también es para el Estado, que deja de recibir miles de millones de pesos cada año, fondos que bien podrían invertirse en escuelas, hospitales, obras comunitarias y seguridad.
“Al final el que pierde es el pueblo, porque el gobierno se queda sin lo suyo y los dominicanos sin empleo”, agregó otro comerciante. La competencia desleal ha creado un desequilibrio peligroso en el comercio local, donde el esfuerzo legal se castiga y la ilegalidad parece premiada.
Ante esta situación, comerciantes exigen que se establezca una fiscalización real, con la participación de la DGII, Aduanas, Migración y la TSS. “No es que estamos en contra de los extranjeros, pero si vienen a hacer negocio aquí, que respeten la ley como lo hacemos nosotros”, afirmaron.
El llamado es claro: hay que defender el comercio legal, proteger al dominicano trabajador y asegurar que los beneficios de la economía se queden en el país, no se vayan por la puerta trasera.
En días recientes, la señora Rosa Ng Báez, representante del sector comercial chino en el país, salió en defensa de estos negocios, pero sus declaraciones encendieron más la indignación del sector criollo. “Lo mal hecho está mal hecho, venga de donde venga.
Si hay negocios que no están cumpliendo, deben ser auditados y regularizados”, afirmó. Sin embargo, muchos comerciantes califican su postura como tibia y complaciente, asegurando que ha sido más vocera del desorden que aliada de la legalidad.
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