El Leño Pinto Digital
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Por
Homero Luis Lajara Solá
Los acontecimientos en Los Ángeles, reseñados hoy en el The New York Times, con el despliegue unilateral de 2,000 miembros de la Guardia Nacional por orden presidencial, sin consentimiento del gobernador estatal, evocan ecos históricos de intervención interna forzosa.
No ocurría algo similar desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas federales a Alabama en defensa de los derechos civiles.
Pero hoy, la causa no es la justicia racial, sino el control migratorio, y el instrumento de respuesta no es el diálogo, sino la militarización.
La operación contra trabajadores migrantes en distritos laborales remite a una política de fuerza en tiempos de tensión social.
El uso de granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma frente a manifestantes en su mayoría hispanos puede parecer lejano, pero sirve de espejo para cualquier nación con desafíos migratorios: la línea entre la seguridad legítima y la represión innecesaria se vuelve delgada cuando se deja de gobernar con racionalidad institucional.
Desde la óptica naval, esto se asemeja a ordenar fuego sin rumbo: se puede contener un motín momentáneo, pero se abre un boquete en el casco del orden constitucional.
La desobediencia cívica no se combate solo con disuasión armada, sino con legitimidad institucional, políticas públicas sostenibles y respeto a los derechos humanos.
Advertencia a la República Dominicana:
Aunque somos una nación soberana con desafíos propios, debemos aprender de estos episodios. Una política migratoria sin ley clara ni mecanismos humanitarios puede devenir en conflicto social, y si se responde desde la emoción o el populismo punitivo, se debilita la autoridad moral del Estado.
En la mar como en la vida republicana, cuando el capitán fuerza el timón sin respetar la brújula legal, la nave se aproxima al arrecife del caos. La prevención institucional es siempre preferible a la represión improvisada.
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