Haití. La historia juzgará

El Leño Pinto Digital

Por 

Homero Luis Lajara Solá 

La República Dominicana enfrenta uno de los retos más complejos de su historia reciente: gestionar de manera soberana, justa y eficaz el fenómeno migratorio en un contexto donde las leyes actuales limitan seriamente la capacidad de acción de la Dirección General de Migración (DGM). A pesar de estas restricciones, por primera vez en décadas se ha iniciado un esfuerzo serio para institucionalizar el trabajo migratorio: se han comenzado a construir estructuras funcionales, se ha invertido en la capacitación del personal y se ha promovido un enfoque que combine eficiencia con respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, es ingenuo ignorar que estas buenas intenciones chocan diariamente con una realidad más dura: redes de corrupción interna y externa, infiltración de intereses transnacionales, manipulaciones ideológicas, y una creciente presión migratoria que amenaza con alterar el equilibrio social, económico, sanitario y de seguridad del país.

La actual administración de la DGM ha hecho lo que muchas no se atrevieron a hacer: enfrentar el problema de raíz, desmontar mafias de tráfico humano que operaban a la vista de todos, y aplicar medidas administrativas que buscan restaurar el principio de autoridad. Pero ese esfuerzo, por sí solo, no basta. Las leyes migratorias vigentes —algunas obsoletas, otras diseñadas en un contexto de menor presión— no dotan a las autoridades del marco legal robusto necesario para actuar con la rapidez y contundencia que demanda la situación actual. En muchos casos, los procedimientos se podrían dilatan y los derechos de un Estado soberano se verían  neutralizados por lagunas jurídicas o por el uso malintencionado de figuras legales diseñadas para otras realidades.

Lo más grave es que la crisis migratoria no es solo un asunto de tránsito de personas. A estas alturas, estamos ante un fenómeno que afecta la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la salud pública. Se trata de un proceso de fragmentación social y territorial que algunos ya llaman con razón la “balcanización” de la República Dominicana. No podemos permitir que zonas enteras del país se conviertan en enclaves paralelos donde la ley nacional no rige y donde organismos internacionales dictan desde fuera lo que debe hacerse dentro de nuestras fronteras.

Frente a este escenario, las autoridades no pueden quedarse de brazos cruzados. Tampoco pueden gobernar con miedo a las críticas, muchas de las cuales nacen del desconocimiento, la hipocresía internacional o intereses políticos disfrazados de solidaridad. Es muy fácil criticar desde un escritorio o desde el extranjero. Lo verdaderamente difícil es resolver bajo presión, con recursos limitados y enfrentando estructuras corruptas incrustadas durante años en el aparato estatal.

La República Dominicana necesita un nuevo marco legal, moderno y claro, que blinde la acción migratoria en defensa del interés nacional, sin caer en prácticas inhumanas pero tampoco en ingenuidades legales. No se trata de cerrar puertas, sino de ordenar la casa, para que la convivencia se base en el respeto, la legalidad y la soberanía. Y eso requiere firmeza, no populismo. Dirección, no improvisación.

La historia juzgará a los que actuaron con responsabilidad, no a los que hablaron bonito, algunos creyendo emocionalmente en lo que defienden .