Por Ramón Pérez Reyes
Santo Domingo
Una auditoría practicada por la
Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA),
durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre
de 2017, revela serias irregularidades en la contratación de compras y
servicios, cuyas operaciones envuelven miles de millones de pesos e involucran
a funcionarios de alto nivel de esa entidad, igual que a proveedores y técnicos
de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
El informe final de la investigación
especial realizada a la empresa de transporte del Estado, firmado el pasado
diez de abril por los integrantes de la Cámara de Cuentas y remitido al
Procurador General de la República, al exdirector de la OMSA, a la Contraloría
General de la República, y a la Dirección general de Ética e Integridad
Gubernamental, expone que existen “indicios ciertos, serios, graves, precisos y
concordantes, que podrían determinar la responsabilidad penal” de los
involucrados en esas irregularidades.
De acuerdo con el informe, durante el
periodo de investigación solo a 51 proveedores les efectuaron pagos,
autorizados por el director de la OMSA, por un monto de RD$3, 029, 885,296, sin
suscribir contratos entre las partes.
Entre los hallazgos figura la emisión
de 3,535 órdenes de compras a 33 empresas, sin observar las disposiciones del
artículo 28 de la ley 340 sobre contrataciones públicas, por RD$2, 157,
174,862, lo que representa el 64 por ciento del total de los pagos realizados
por la OMSA durante el periodo auditado.
Empresas
vinculadas a funcionario OMSA
Se establece, además, que durante la gestión del ingeniero Manuel Rivas se adjudicó la contratación de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la empresa estatal por un monto de RD$31, 979,524.
Se establece, además, que durante la gestión del ingeniero Manuel Rivas se adjudicó la contratación de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la empresa estatal por un monto de RD$31, 979,524.
La cámara de Cuentas comprobó a
través de los respectivos certificados de registro Mercantil que las compañías
SUPLIFARMA JYY, FARMAS JHR EXPRESS aparecen como socias Rosa Elena Peña y
Yumilde del Carmen Rosario Díaz esposa y hermana, respectivamente, del gerente
financiero de OMSA, Faustino Rosario y Empresa Ramel Corp, representada por
José Esteban Valenzuela.
En las contrataciones mediante
proceso de comparación de precios, en todos los casos participaron las empresas
vinculadas al gerente financiero, dice el informe.
Empresa Ramel Corp obtuvo seis
contratos y ordenes de compras y servicios para adquirir juguetes, confeccionar
T-shirt y polo shirt, desayuno, picaderas, almuerzos y rotulación de autobuses
por un monto de RD$18,715,749.
A la empresa FARMA-S, JHR EXPRESS se
le adjudicaron RD$11,005,243 para suministrar a la empresa productos
farmaceúticos, mientras que SUPLIFARMA JYY realizó operaciones comerciales con
la OMSA por RD$2,258,532
Los auditores también observaron
“ordenes de compras emitidas en un rango de tres meses para un mismo objeto de
contratación de bienes y servicios y que en conjunto alcanzan el monto de los
umbrales de la modalidad de contratación a aplicar y la elaboración de
contratos entre las partes”.
El informe contempla, además, que “la
revisión de los expedientes de pagos, relativos a las compras directas,
representó el monto de RD$2, 209, 242,493, tomando en cuenta la identificación
de los suplidores, frecuencia de contratación, procesos agotados y su validez”.
“Se verifico que las adquisiciones a
veinte proveedores de obras, bienes y servicios se efectuaron sin tomar en
consideración las formalidades de la ley”, dice el documento.
Mientras que las actas de
adjudicaciones de los contratos fueron firmadas por los funcionarios Pedro
Messon, presidente, en representación del Director General; Nelson Mejía,
gerente administrativo, miembro; Willian Hernández, consultor jurídico,
miembro; Víctor Eugenio Torres Rosa, gerente de planificación y proyecto de
inversión, miembro (hasta junio de 2013(; y Rosa María Cruz Aracena,
responsable de Acceso a la Información, miembro.
Todas esas operaciones de pagos
fueron autorizadas por el director general Manuel Rivas y el gerente financiero
Faustino Rosario Díaz inobservando las funciones, las competencias y
responsabilidad individual de cada funcionario.
Las documentaciones de soportes de la
auditoría revelan que todos los procesos fueron revisados y aprobados por la
Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República.
En la investigación, se “evidencian
debilidades importantes en la operatividad de la gestión contable-financiera y
del control interno, las cuales se manifiestan en omisiones e incumplimientos
de procesos y procedimientos sustanciales, relativos a registros, base de
sustentación y desembolso por concepto de compras y contrataciones públicas”
Otra de las irregularidades que
figura en la investigación, que ya fue tramitada a la Procuraduría General de
la República, es la concerniente al fraccionamiento de las compras que la
Cámara de Cuentas entiende tenía por finalidad eludir la modalidad prevista por
la ley.
El artículo 10 de la Ley de
contrataciones públicas establece que: “La autoridad administrativa con
capacidad de decisión en un organismo público no permitirá el fraccionamiento
de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios, cuando éstas
tengan por objeto eludir los procedimientos de selección previstos en esta ley
para optar por otros de menor cuantía”.
En la resolución AUD-2018-04, a la
que LISTIN DIARIO tuvo acceso, los auditores de la Cámara de Cuentas consideran
que la investigación ha arrojado una serie de datos que evidencian que los
principales funcionarios de la OMSA violaron “disposiciones legales de carácter
obligatorio que regulan el ejercicio de la Función Pública que comprometen su
responsabilidad administrativa, civil y penal”.
Aseguran que las operaciones
irregulares detectadas por sus auditores “unidas a maniobras dolosas y
fraudulentas implementadas en los procesos de contrataciones” se caracterizan
por la reiteración de los proveedores contratados, adjudicaciones realizadas de
manera directa, fraccionamiento de las compras así como órdenes de compras no
avaladas por los contratos correspondientes.
Los investigadores exponen el
análisis realizado a nueve adquisiciones que se efectuaron con procedimiento de
urgencia, por un monto de RD$145, 564,199 para dotar de equipos al taller de la
OMSA en las que se resaltan las empresas Tech Solution y Grupo Martisdom
propiedad de Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Yuniol Ramirez, quien
fue asesinado en las inmediaciones de la UASD el miércoles 11 de octubre, y de
su sobrina, Rosary Margarita Hernández Santana.
Tech Solution y Grupo Martisdom, que
fueron dos de las adjudicatarias, recibieron como pago por sus servicios RD$57,
652,061, mientras a las siete compañías (C&S Comercial, CxA,
Lubricantes Diversos, Grupo Eléctrico Herrera, Bjtj High Technology, Ventosa
Group, Elgi Tex y Ixpark Bussines) les fueron adjudicados RD$87,675,106 para
las adquisiciones restantes.
La Cámara de Cuentas también
determinó, entre el cúmulo de irregularidades y violaciones de los
procedimientos, la contratación de bienes y servicios a través de 30 empresas
por RD$203, 979,771 sin que se tomaran en cuenta “los umbrales establecidos por
la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la aplicación de la
modalidad de selección que le correspondía para estos casos”.
Los auditores de la Cámara de Cuentas
consideran que la investigación especial evidencia que los hallazgos “han
impactado de manera negativa el patrimonio público y han causado graves
perjuicios económicos a la entidad”, y “se pone de manifiesto, la ausencia de
gestión de factores de riesgo que inciden en las contrataciones públicas”.
DETALLES
AMPLIOS Y ANTECEDENTES DEL CASO
Tras el escándalo por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez quien había amenazado someter a la justicia un expediente sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de bienes y servicios por parte de funcionarios de la OMSA en contubernio con suplidores, el procurador general de la República pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión de Manuel Rivas, en el cargo desde agosto de 2012.
Tras el escándalo por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez quien había amenazado someter a la justicia un expediente sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de bienes y servicios por parte de funcionarios de la OMSA en contubernio con suplidores, el procurador general de la República pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría a la gestión de Manuel Rivas, en el cargo desde agosto de 2012.
La petición del procurador se produjo
cinco días después del hallazgo del cadáver del presidente de Convergencia
Nacional de Abogados (CONA), el 12 de octubre de 2017, y ese mes un equipo de
10 técnicos de la Cámara de Cuentas, integrado por auditores abogados,
financieros y tecnólogos, llegó a la entidad a realizar la “investigación
especial” que comprendía desde 2012 hasta 2017. El equipo enviado a la OMSA
informó en ese entonces que ese tipo de investigación requería entre 45 y 65
días, pero que dependería de la disponibilidad de las informaciones que
buscaban.
Durante los meses entre octubre de
2017 y abril de 2018 algunas informaciones trascendieron en la opinión pública.
En diciembre del pasado año el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez
Pérez, anticipó que habría sorpresas “muy desagradables”.
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