Santo Domingo. – La Fiscalía de la provincia Santo Domingo logró que el Tribunal de Atención Permanente de esa demarcación, impusiera un año de prisión como medida de coerción a seis de siete militares que alegadamente ingresaron al país unas 220 armas de fuego con apariencia lícita.
La medida fue dictada por el juez José Gregorio García contra los militares Bienvenido Cordero Batista, general de brigada Paracaidista FARD, director general del Material Bélico del Ministerio de Defensa; Félix Francisco Pérez Artilles, teniente coronel del ERD, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico; Esteban Marrero Ruiz, mayor del ERD, enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
También a Francisco Mercedes Medrano, capitán del ERD, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico, José Miguel Torres Rodríguez, 1er. teniente de la Policía Nacional, encargado de las armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico, y Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel del ERD, propietario de una Armería que supuestamente se encargaba de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
En cuanto al imputado Edwin Rafael Almonte Camacho, 1er. teniente del ERD, asistente del director general de la Intendencia del Material Bélico, le fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción, hasta que la Corte disponga y le asigne un nuevo juez, debido a la recusación hecha por sus abogados al juez García, considerando previo el conocimiento de la medida, a una solicitud de amparo hecha por el acusado ante el Tribunal Constitucional.
Los militares supuestamente aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, alegamente ingresaron de manera irregular las armas de fuego al país, dándoles apariencia lícita.
Luego de meses de investigación conjunta, el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos , a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06.
El Ministerio Público le ha asignado a los hechos indicados la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
Los imputados Policías deberán permanecer, recluidos en la Cárcel de Operaciones Especiales, mientras que los Guardias, en la Cárcel de Monte Plata, hasta ser llamados a juicio de fondo.
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