OEA: el paño de lágrimas de Haití

POLÍTICA MIGRATORIA Y APLICACIÓN SON COMPETENCIA DEL ESTADO

Carlos R. Altuna Tezanos

Santo Domingo

En los últimos meses, la República Dominicana ha sido objeto de una oleada de acusaciones malintencionadas en contra de su legítimo derecho de regular y definir su política migratoria. Campaña sagazmente incitada por Haití, granjeándose la aquiescencia de la ONU y OEA, así como la complicidad de los países del CARICOM, cuyos gobiernos son adeptos a su causa, pero, paradójicamente, no admiten haitianos en sus territorios.  

Recientemente, el representante de Haití ante el Consejo Permanente OEA, Bocchit Edmond, acusó al país de realizar “repatriaciones masivas, organizadas y forzadas”, espacio que aprovechó el secretario general, Luis Almagro, para decretar que era “imperativo cesar los movimientos migratorios forzosos” y anunciar la visita de una comisión de supervisión a la isla.

El gobierno dominicano aceptó de buena fe el hurgamiento de la OEA, con la intención de desmontar las injuriosas acusaciones de Haití en nuestra contra, esta vez sobre supuestas “deportaciones masivas” que generarían unas “crisis humanitarias” que desestabilizarían ese país y, pondrían en peligro la paz y seguridad regional.

Boquiabiertos quedamos, cuando el secretario general de la OEA, formuló unas desacertadas declaraciones a CNN-Español, revelando una conducta prejuiciada como mediador del problema, denotando una parcialidad que invalida su papel como intermediador.

El 29 de julio pasado, durante sesión ordinaria de la OEA, en tan solo cinco minutos se conoció el intrigante informe, maquillado en 10 observaciones y 5 recomendaciones, que en parte desmiente las acusaciones vertidas contra nuestro país.

Un informe que reconoce a República Dominicana su derecho soberano a establecer e implementar su propia política migratoria, y a Haití, por su parte, a defender que los traslados o repatriaciones se realicen cumpliendo estándares internacionales. Además de crear “mecanismos de entendimiento” que permitan el traslado de personas entre ambos estados.

También promueve la necesidad para que la comunidad internacional se involucre en ayudar a los “desplazados”, en especial los más vulnerables. Inaprensible alusión referente a la apatridia, al señalar que “existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida”.

Sin embargo, con insinuaciones y verdades a medias, este informe jamás se refirió a dos elementos fundamentales, usados para inculpar vehementemente al Estado dominicano, el de ejecutar “deportaciones masivas” y generar “crisis humanitaria” interna y regional, simplemente porque no existen ni pudieron ser comprobadas.  

Apenas transcurrieron horas del informe técnico-OEA, el gobierno dominicano lo rechazó por considerar que no existen conflictos con Haití que ameriten su participación, dejando establecido claramente que el “diálogo bilateral” entre ambos estados se podrá restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a República Dominicana.

En esa tesitura, el canciller Andrés Navarro, manifestó que la política migratoria y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia del Estado dominicano, y no son objeto de negociaciones, reiterando el compromiso de seguir trabajando por la debida identificación y regularización de quienes habitan en su territorio, por la protección y garantía de sus derechos.

Ante esta reacción del gobierno dominicano, el ministro haitiano, Evans Paul, aseguró que “es difícil pedir a las víctimas que se disculpen con sus torturadores”, para dar a entender que Haití no se disculpará con la República Dominicana por sus impugnaciones en contra de su política migratoria ante la comunidad internacional.

Pero si vemos la otra cara de la moneda, notaremos que Haití nunca ha tenido un “registro civil” de su población, no existe en ellos la costumbre de inscribir a quienes nacen, ni asentar a quienes mueren, tratando así a sus propios ciudadanos como seres invisibles -apátridas en su propia tierra- con la agravante de querernos culpar de su irresponsabilidad histórica, simplemente por ordenar nuestra casa en materia migratoria.

Aquí resulta, que quienes verdaderamente originan y fomentan la “apatridia” son las autoridades haitianas, realidad que al parecer excluyó la comisión técnica-OEA, o quizás no observó durante su visita a Haití, donde el 60% de su población no posee ningún documento que insinúe, siquiera, que existen en esa nación.   

Sin embargo, hemos advertimos cómo las autoridades haitianas impiden el ingreso de sus ciudadanos procedentes del país, a pesar de tener sus documentos que justifican claramente su nacionalidad, siendo humillados y rechazados, obligándolos a retornar a República Dominicana.

Está claro que tal situación no se corresponde con la verdad, porque desde el punto de vista de su Constitución, no existe manera posible para que un ciudadano haitiano o sus descendientes directos pierdan su nacionalidad.

Intrínsecamente a estos seres desatendidos, simplemente se les están violentando sus derechos de manera abusiva y arbitraria, ya que su Constitución establece en su Artículo 11: son haitianos por origen:

1) Todas las personas nacidas en Haití de padre haitiano o madre haitiana;

2) Todas las personas nacidas en el extranjero de padre y madre haitianos;

3) Todas las personas nacidas en Haití de padre extranjero o, si no es reconocido por su padre, madre extranjera, siempre que descienda de la raza negra.

¿Qué podría estar tramando Haití pretendiendo no aceptar ni reconocer sus  nacionales, el de querer continuar invocando alegatos de apatridia? Quienes regresan voluntariamente son naturales de ese país, uno para quedarse y otros en búsqueda de sus documentos, justamente para poder optar por una residencia legal o permisos de trabajo en nuestro país. Un caso insólito, donde una nación rehúsa aceptar a su propia gente.

Con esta inmunda estratagema, la diplomacia haitiana está enfocada en demostrar apócrifamente el raudal de “haitianos desnacionalizados” alegando que son dominicanos, para centrar la atención de la comunidad internacional, en especial la OEA.

Resulta evidente que esta maniobra es más que una provocación orientada a trastornar la prudente diplomacia dominicana frente al manejo del problema migratorio, de querer forzarnos a postergar las repatriaciones de extranjeros ilegales, que son  primordialmente haitianos.

Así pretenden ellos sentarnos en la mesa de negociaciones, en las cuales las cartas están previamente marcadas -el aspecto económico sobre lo migratorio- demostrando ser un antagonistas que no juegan limpio, que desnuda sus intensiones perversas.  

Para muestra un botón. Haití denunció que la harina de trigo que les vendemos contiene ingredientes cancerígenos, la misma harina que consumimos los dominicanos, prohibiendo su comercialización allá, tal como ocurrió en su debido momento con los pollos, huevos y otros productos alimenticios.

Nuevamente, ocurren ataques en contra de los transportistas dominicanos que ingresan a su territorio, ambiente que ha sobrevenido en la interrupción del transporte de mercancía hacia ese país, no obstante las autoridades haitianas comprometerse en ocasiones anteriores a garantizar el libre tránsito y su seguridad.

¿Qué hay detrás de todo esto? Un país sin controles fitosanitarios, donde su población consume “galletas de lodo”. ¿Qué ganan con prohibir o presionar nuestras exportaciones? Todo apunta a que ellos tratan de ocasionar un “desabastecimiento de productos alimenticios” que exacerbe los ánimos de la población haitiana hacia un desenfreno popular, que propicie un clima de inseguridad apropiado para que sus autoridades actuales sigan en el gobierno.

Haití, continúa gobernada por una élite política-económica, donde prevalecen los intereses mercuriales de unos cuantos sobre el bienestar común del colectivo nacional.

Innumerables expertos ambientalistas lo califican como un “Estado fallido o colapsado”, un desastre ecológico y sanitario, mucho antes del terremoto del 2010. Un país inviable, donde viven más de 10 millones de habitantes cuyo índice de pobreza crítica ronda el 70% de su población, confinados en un territorio montañoso de 27 mil Km.2, que apenas posee un 2% de su vegetación que a su vez es presionada por una demanda del uso del carbón o leña del 73% de su población.

El 21 de julio pasado, dos días antes de ser destituido como embajador de Haití ante el país, Daniel Supplice envió una escueta carta al presidente Martelly en la que descobija todas las calumnias y falsas actuaciones del gobierno haitiano en contra de República Dominicana. Esta destitución se produjo, claramente, por no estar de acuerdo con los “intereses” de la República de Haití.

El exdiplomático y antropólogo, afirmó que los conflictos entre los estados se resuelven “con calma, sabiduría y visión”, señalándole que “mientras usted lee estas líneas, miles de nuestros hermanos siguen cruzando la frontera “Anba fil” -por debajo alambres de púas- en busca de una vida mejor”.

Atribuyéndole al gobierno haitiano la responsabilidad de “tampoco darle a nuestros ciudadanos un acta de nacimiento demostrando que existen y creando internamente una situación que podría impedir a millones de haitianos salir del país a todo costo y, a veces en cualquier condición. Si no aceptamos el hecho de que hay un problema, no habrá solución”.

Afirmando además que en “211 años, no hemos tenido éxito en la reducción de las brechas socioeconómicas o mitigar la espinosa cuestión del color”.

En tal sentido, el gobierno dominicano deberá manejarse con fino tacto diplomático, sin dejarse intimidar por presiones internacionales o del gobierno haitiano. Solo debemos continuar el camino soberano de aplicar sin reservas la política migratoria, sin renunciar jamás a los dictámenes de nuestra Constitución, leyes y los principios del derecho internacional.

Es tiempo, entonces, de que todos asumamos la responsabilidad en torno a la unidad nacional de defensa y apoyo a todas las iniciativas del gobierno dirigidas en ese sentido, sin importar las consecuencias de una comunidad internacional y organismos, que sirven de “paño de lágrimas” y ocultan la inexistencia de un Estado.

Haití, en 211 años no ha podido satisfacer las necesidades más perentorias de un pueblo cada vez más pobre, desamparado y olvidado, que perdió la fe de tener un futuro provisorio, que no sea escapar para poder sobrevivir.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta

Fuente Listin Diario.