Salvador
Holguín
Santo Domingo
- La Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana Rosalía Sosa Pérez afirmó
que el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso del
senador acusado de corrupción y secretario de organización del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) Félix Bautista es una decisión complaciente en una
justicia secuestrada, la cual sienta un precedente nefasto y que ha puesto a
temblar el sistema de justicia al mantener privilegiada la impunidad.
Sosa Pérez
entiende que al emitir dicha resolución la Suprema Corte de Justicia (SCJ)
premia la corrupción administrativa y la impunidad, en donde lamentablemente
deja al desnudo esa afirmación, debido a que el actual código procesal penal es
garantista con aquellos que desvían recursos públicos, además, que evita se
investigue y vaya al fondo de una investigación como la que se sigue al senador
Bautista.
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“Decepciona
que la población tenga tan mala percepción de nuestro Poder Judicial, esto
porque antes de ser conocido el dictamen en el caso al legislador del PLD, no
se tenía esperanza alguna de que fuese enviado a juicio de fondo, como al final
ocurrió y hemos luchado para tener un sistema judicial independiente que no
responda a presiones políticas ni económicas” citó Rosalía Sosa.
Cuestiona
contradicciones del juez Moscoso Segarra
Para la
Directora Ejecutiva del movimiento no partidista Participación Ciudadana Rosalía
Sosa es crítico que miembros del Comité Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) hayan sido llevados a dirigir la Suprema Corte de Justicia, lo
cual ofrece una lección a quienes impulsan los cambios del pueblo y les motiva
a hacer mejor evaluación de sus aspirantes.
No es malo
ser dirigente política precisa Sosa Pérez pero en el Ministerio Público (MP) y
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se requiere una depuración más seria de sus candidatos.
Indicó que en
el caso José David Figueroa Agosto sentenciado por narcotráfico en Puerto Rico,
Alejandro Moscoso Segarra fiscal en ese momento, obtuvo pruebas y evidencias
sin la orden de un juez, las cuales presentó como acusación a la justicia y
fueron buenas y validas y ahora con el mismo modo el Ministerio Público
adquiere información de cuentas bancarias en la Superintendencia de Bancos (SB)
y la misma persona las declara ilegal, lo que deja claro muchas contradicciones
en el razonamiento del magistrado.
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