Mientras los hospitales haitianos, exigen
altas sumas de dinero a las mujeres embarazadas, en el territorio dominicanos,
lo pueden hacer de forma gratuita; gracias a programas humanitarios del
gobierno dominicano.
Esta razón, por un lado y la esperanza de documentarse por
otro motivan, y obligan, a que las mujeres crucen de manera ilegal la frontera.
El paso fronterizo le cuesta el pago a
las mujeres de entre 2 mil y 3 mil pesos dominicanos.
Esta situación coloca a la República
Dominicana en una situación muy difícil, ya que por un lado las atenciones médicas
que las mujeres haitianas, no pagan en su país, aquí son absorbida por el
Estado dominicano, recursos que dejan de llegar a las y los dominicanos de
escasos recursos, que en la mayoría de los casos se le niegan medicamentos y
materiales que son consumido y agotados previamente por las mujeres haitianas.
Además de los gastos que se incurren
en los tratamientos de partos y otras patologías, estas mujeres haitianas, y
sus hijos se convierten en una carga automática para el Estados.
Posteriormente esas mujeres van a ocupar lugares en las
principales avenidas y calles de Santo
Domingo, y Santiago a mendigar con los hijos en los brazos, y cuando estos
crecen, lo hacen ellos por su propia cuenta o por mafias y grupos organizados
que los colocan en lugares específicos.
No conforme con las atenciones médicas
humanitarias, finalmente son las causas de que nos lleven a los tribunales
internacionales, cuando al paso de los años, esos hijos de madres indocumentadas, ya en territorio
dominicano, exigen y nos quieren obligar a que le regalemos la nacionalidad,
pretendiendo que desconozcamos como país organizados nuestras propias Leyes, Constitución
y normativas, base de la gobernabilidad de las naciones organizadas y
desarrolladas del mundo.
En un desconocimiento de nuestras
leyes o por hacer los graciosos con potencias como Estados Unidos, Francia,
España y Canadá entre otras, naciones y organismos internacionales presionar de forma abusiva e injerencista al país,
emitiendo sentencias, y declaraciones descabelladas e irresponsables, como la más
recientes hechas por la (CIDH), sin precedente en el mundo y la historia de la
humanidad, que ha tenido como respuesta el repudio de la población dominicana y
el gobierno.
La denuncia fue realizada vía telefónica
al gobierno de la tarde, que se transmite por la Z101, por el periodista
haitiano, Alexander Galvez.

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