Una simple revisión a la historia reciente de la humanidad permite ver como el miedo, el temor y la inseguridad han sido siempre condiciones que han acompañado a las sociedades y al hombre. Después de la última gran guerra, la reconformación geopolítica trajo consigo nuevos esquemas de poder, en donde el temor a una hecatombe atómica dio lugar a toda una cultura de terror que sólo se diluyó y perdió fuerza con la decadencia de la URSS como potencia, tras la caída del Muro de Berlín. Superada esta etapa, y aunque los peligros potenciales del uso incorrecto de la energía atómica siempre estarán ahí, nuevas formas de generar miedo, temor, terror o simplemente percepción de inseguridad, han ocupado la atención de las naciones. Tal es el caso de la internacionalización del uso del terrorismo como arma política e ideológica, que aunque ha sido recurrente en diferentes períodos históricos, requirió atención global a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001.
Apenas una década después de esta nefasta experiencia, la atención de la mayoría de los gobiernos de nuestra región, ya sea de manera individual o en conjunto, a través de los organismos multilaterales, parece ahora estar más concentrada en buscar solución a las amenazas transnacionales que generan violencia interna, aquellas que tocan directamente a la gente y que producen presión sostenida a la gobernabilidad.
Quizás sin ser la intención, se ha dado nueva vigencia al controvertido concepto de “seguridad humana”, que aunque ya era utilizado por algunos teóricos desde la década de los 80, es a partir del año 1994 cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo difunde vinculándolo al concepto de desarrollo humano “bajo el entendido de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad global es garantizar las libertades o ausencias de necesidad y miedo”, por lo que a partir de esta aproximación muchos son los estudiosos del tema que entienden que la seguridad está indefectiblemente ligada a la condición o sensación de bienestar socioeconómico de las personas.
Pero la realidad es que la reducción de las posibilidades de confrontación entre estados, mediante el uso de las armas y los ejércitos, ha abierto una brecha por donde entra una creciente demanda de seguridad para las personas en sus vidas cotidianas, bajo el supuesto de que el individuo, antes que el Estado, debe ser el referente de la seguridad, y que los estados deberían ser los primeros proveedores de seguridad ante sus ciudadanos.
Es aquí donde el concepto de seguridad humana se vuelve complejo y se bifurca en dos dimensiones básicas: la libertad respecto a las necesidades básicas (que éstas se vean cubiertas) y la libertad respecto al miedo (amenazas, represión, etc.), además de proponer su división en siete elementos: seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad de salud, seguridad medioambiental, seguridad personal, seguridad comunal y la seguridad política.
Sin que se esté de acuerdo o no con estas ideas, lo cierto es que han conducido a los académicos a analizar la seguridad en sus diversas interpretaciones, pues al tomar como referencia un enfoque básicamente humanitario, se ha podido llegar a una aproximación más operativa del concepto en donde la persona se convierte en el eje de las estrategias y la falta de seguridad o la simple percepción de inseguridad, asuntos prioritarios en las agendas de los gobiernos. A propósito de esta última referencia, es importante destacar que en el análisis del problema de la inseguridad en las sociedades actuales, como plantea Fernando Carrión (FLACSO, Ecuador), “la violencia tiene dos dimensiones claramente diferenciadas e interrelacionadas: la inseguridad que es la dimensión que hace referencia a los hechos concretos de violencia objetiva producidos o, lo que es lo mismo, la falta de seguridad. Y la percepción de inseguridad que hace relación a la sensación de temor y que tiene que ver con el ámbito subjetivo de la construcción social del miedo generado por la violencia directa o indirecta”.
El autor ya citado explica que “la percepción de inseguridad puede originarse en hechos que no tengan nada que ver con los actos de violencia ocurridos o por ocurrir, sino por ejemplo, con la ausencia de organización social o la precaria institucionalidad; o por la falta de iluminación de una calle, la ausencia de recolección de basura o la inexistencia de mobiliario urbano”. Por esta razón, las políticas urbanas han empezado a tomar en cuenta esta dimensión, desarrollando propuestas para regular la conducta social en el espacio público; o “prevención situacional” que busca poner barreras físicas al crimen.
Por su absoluta coincidencia con nuestra realidad social, estos argumentos podrían explicar, por ejemplo, porqué casi el 90% de los dominicanos considera que la delincuencia es el principal problema del país, pero también abrir el debate que conduzca a decidir si ya es tiempo de cambiar la obsoleta doctrina de “Ley y Orden”, a la esencialmente democrática concepción de “Proteger y Servir”, donde el ciudadano sea el genuino referente de las políticas de seguridad públicas.
Fuente: Listin Diario
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