Santo
Domingo. El séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ordenó
apertura a juicio de fondo contra los socios propietarios del instituto de
maternidad San Rafael, acusados de robo de energía eléctrica.
La
jueza Kenya Scarlett Romero Severino ordenó el juicio luego de acoger las
pruebas presentadas en la audiencia preliminar por la Procuraduría General
Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) tras realizar un allanamiento en
marzo pasado.
El
magistrado Moisés Ferrer, quien dirige la PGASE, declaró el centro de salud
privado y sus accionistas incurrieron en los ilícitos de asociación de
malhechores y robo millonario de energía eléctrica en violación al Código
Penal Dominicano y a la ley general de electricidad 125-01, los cuales fue desmantelados
por el ministerio público acompañado de técnicos especializados.
Asimismo,
el representante del ministerio público solicitó a una condena de 45 millones
de pesos en contra del centro de salud privado como indemnización justa a las
consecuencias de las acciones cometidas.
La
acusación formal también fue presentada en contra de los imputados Juan
Perdomo, Antonio Almodovar Hache, Ricardo Domingo, Miguel Mateo, Víctor
Martínez, Gianna Blanco, Dione González de Lee, Hilda Miranda de Galvez,
Bélgica Beato de Gamundi, Diana Alburquerque, Sotera Aleida Pacheco,
Milena Cabrera y Doris Reyes Almanzar, así como contra la maternidad San
Rafael.
Ferrer
afirmó que entre las pruebas aportadas figuran declaraciones testimoniales de
técnicos sobre manipulación y alteración de la irregularidad y sobre la
cantidad de energía sustraída en detrimento de Edeeste.
También dos pedazos alambre número 10 y dos piezas o
muelillas que se utilizaban la sustracción y consumo de energía de manera
fraudulenta, así como otros elementos probatorios aportados por los propios
imputados durante la audiencia preliminar.
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