DIJO QUE EL FENÓMENO DEL CRIMEN ORGANIZADO AZOTA LA REGIÓN, LOS GOBIERNOS Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
Santo Domingo: El
presidente de la Suprema Corte de Justica, Mariano Germán calificó hoy como
una “desgracia que perturba a todos” el fenómeno del crimen
organizado, que a su juicio azota la región, los gobiernos y las instituciones
públicas e impiden que los ciudadanos puedan vivir en un ambiente de paz.
Empero,
el también presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo que se están
asumiendo la responsabilidad política de adoptar medidas que progresivamente
vayan reduciendo esa dramática situación que sacude las mismas entrañas de los
países.
Puso
como ejemplo el “Proyecto de Armonización de la Legislación Penal en la
lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica y República
Dominicana”, el cual fue remitido a las cancillerías de los países de la
región, para fines de revisión y aprobación.
“Entendemos
que sólo con la unión e integración de nuestros pueblos y asumiendo como un
compromiso de nación esos instrumentos normativos podemos afrentar el cáncer
del crimen organizado en la región, pues, como bien decía Simón Bolívar, la
unión de nuestros pueblos no es una simple quimera, sino un decreto inexorable
del destino”, apuntó.
Germán
habló en esos términos en la apertura del taller para la discusión del
tema “Armonización de la Legislación Penal de Crimen Organizado en
Centroamérica y República Dominicana” que desarrolla la Conferencia de
Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), por iniciativa del Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) y con el apoyo del Fondo España-SICA.
En
la actividad participaron además Rodolfo Espiñeira Ceballos, Procurador General
Adjunto y Director Nacional del Ministerio Público, en representación del
Procurador General de la República; el señor José Ramón Antón, experto y
representante de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica
(COMJIB), jueces y representante del ministerio publico.
Sostuvo
que en el área de Centroamérica y del Caribe se está buscando adaptar las
legislaciones nacionales a los parámetros normativos aprobados a nivel regional
por las máximas autoridades del sector justicia y gobierno, para con ella
trabajar unidos en la erradicación de ese gran dolor y elegir el camino para encontrar
la paz con que todos soñamos.
Expresó
que dada la magnitud de esos desafíos se impone la cooperación y coordinación
de nuestros países, y desde luego, la integración de los pueblos, como única
posibilidad de hacer frente al problema de la criminalidad organizada, pues si
la unión ha dado excelentes resultados en el ámbito de la economía, por qué no
puede dar los mismos resultados en el ámbito de la justicia.
Explicó
que el referido proyecto ha logrado importantes avances en su ejecución y que
las instituciones vinculadas al sector justicia asumieron la hoja de ruta
aprobada en San Salvador, El Salvador, los días 16 y 17 de enero de 2012 y
luego de los talleres celebrados en Nicaragua, Honduras, Guatemala y
Panamá.
Manifestó
que en la misma se aprobó la propuestas de Armonización de la Legislación Penal
y Procesal contra el Crimen Organizado en Centroamérica y la República
Dominicana, la propuesta de Convenio Centroamericano de Cooperación Reforzada
en Materia de Lucha contra la Criminalidad Organizada.
Señaló
que el Poder Judicial dominicano ha dado desde el principio su apoyo a dicho
proyecto, a través del magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, juez de la
Suprema Corte de Justicia, quien ha participado activamente en todos los
talleres y en la redacción de los documentos antes descritos, en el entendido
de que, unos y otros, son fundamentales para una cultura de combate contra el
crimen organizado en la región.
Destacó
que en cuanto al ámbito judicial han dado pasos de avances en dicha
integración, a través del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, órgano
integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad
jurídica entre los Poderes Judiciales de los países de Centroamérica y el
Caribe.
Manifestó
que con el mismo están promoviendo proyectos como la propuesta para
la ejecución del “Plan de Acción” para la implementación de la Carta de
derechos iberoamericana de la víctima, la Red Centroamericana y del Caribe de
jueces y juezas, fiscales y fiscalas para la protección de víctima y testigos;
observatorio de protección jurisdiccional del medio ambiente en Centroamérica,
Puerto Rico y República Dominicana.
Fuente: Listín Diario
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