El gobierno dominicano acató la sentencia 168-13 emitida por el
Tribunal Constitucional y reiteró su compromiso con el respeto a la
constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes
públicos y órganos constitucionales.
La posición oficial fue dada a conocer en una lectura de
documento realizada por el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena,
durante una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, del Palacio
Nacional.
Rodríguez Marchena leyó la declaración en presencia del ministro
de la Presidencia Gustavo Montalvo; del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,
César Pina Toribio y de los miembros del Consejo Nacional de Migración, José
Ricardo Taveras, director General de Migración; Roberto Rosario Márquez, presidente
de la Junta Central Electoral y el ministro de Interior y Policía, José Ramón
Fadul, quien lo preside.
La convocatoria a los periodistas se produjo tras
finalizar la sesión del Consejo Nacional de Migración, llevada a cabo en el
Salón Privado del presidente Danilo Medina, quien estuvo presente en la misma.
Además de los funcionarios mencionados asistieron a la sesión
los demás integrantes del Consejo, los ministros de Defensa, almirante Sigfrido
Pared Pérez; de Trabajo, Maritza Hernández; de Turismo, Francisco Javier
García; de Salud Pública, Freddy Hidalgo y de Agricultura, Juan Ramón
Rodríguez, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel
Trullols, y el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de
Diputados, Elpidio Báez.
En el documento, el Consejo Nacional de Migración reiteró su
compromiso con la implementación de una política migratoria clara y
transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas,
respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
“Paralelamente, el Estado es sensible ante la situación de
aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus
derechos como consecuencia de esta sentencia. Como ha expresado el Presidente
Danilo Medina por el fallo “aquí hay un problema humano que tenemos que
resolver”, manifiesta el documento.
Indica que ante estas circunstancias, el Estado trabaja para
encontrar una respuesta coherente y humanitaria, motivo por el cual, y después
de un proceso de consultas, fue convocado el Consejo Nacional de Migración,
para atender los aspectos de la decisión que le corresponden.
Como resultado de la sesión, el organismo decidió que en un
plazo de 30 días, la Junta Central Electoral rinda un informe en el cual se
exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en
el sistema registral, tanto en su condición de regulares como irregulares.
Del mismo modo, acordó que el consejo Nacional de Migración
elabore, en un plazo de no más de 60 días, el Plan de Regularización de
Extranjeros y que en lo inmediato se procederá a la conformación del Instituto
Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.
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