Internacional
BBC Mundo. Como beneficiaria de un programa
de planificación familiar para mujeres de escasos recursos del colombiano departamento
de Arauca, Paula Cubillos recibió con asombro la confirmación de su segundo
embarazo.
Pero cuando
quiso encontrar una explicación para su inesperada gravidez, esta colombiana de
32 años terminó encontrándose con una sorpresa todavía más grande: algo similar
también le había ocurrido a casi un centenar de mujeres que, como ella, estaban
recibiendo anticonceptivos gratis.
"Ahí es
cuando ella me dice que está preocupada porque no soy la primera mujer que le
llega a decir eso, que son muchas las mujeres que están embarazadas",
contó.
Eventualmente,
la insistencia de Cubillos llevaría a las autoridades a descubrir que en el
departamento de Arauca se estaban comercializando versiones falsas de Nofertyl,
un anticonceptivo inyectable.
"Se pide
una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario
en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la
recreación, la salud y la alimentación de un menor"
Y aunque uno
de sus distribuidores actualmente paga una condena de 39 meses de prisión por
el caso y a otro la fiscalía colombiana le acaba de imputar cargos, cinco años
más tarde las mujeres que resultaron embarazadas por causa de los
anticonceptivos falsificados aún siguen esperando ser resarcidas por el estado
colombiano.
"Se está
demandando a la entidad de salud que se llama Empresa Social del Estado (ESE)
Jaime Alvarado y Castilla, porque esa fue la empresa que contrató y compró los
biológicos y era la encargada de todo el plan de planificación
(familiar)", indicó a BBC Mundo Hugo Quinteros, quien representa
legalmente a las mujeres en su demanda contra el Estado.
"Se pide
una reparación integral a las personas afectadas: que el Estado sea solidario
en el aspecto material con lo que implica la manutención, el desarrollo, la
recreación, la salud, la alimentación de un menor, con los gastos que implica
sacar adelante la vida y el desarrollo de un menor", explicó el abogado.
"No
planificado". En la
demanda, que este martes entra a la última etapa de su fase probatoria, no
participan sin embargo todas las afectadas, sólo las cincuenta miembros de la
Asociación de Madres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos (ASMAVIFAMI)
creada por Cubillos.
"Yo sí
deseaba otro hijo, pero no en ese momento. O sea que mi bebé no fue
planificado, pero eso no quiere decir que no fuera deseado".
"Muchas
de ellas, digamos que por cultura, o por temor también –porque usted sabe que
en Arauca estamos en zona roja y las amenazas sobraron– dijeron: 'yo
humildemente mejor saco adelante a mi hijo y no voy a demandar'", explicó
la presidente de ASMAVIFAMI a BBC Mundo.
"Y es
que hubo mucha gente que nos criticó, preguntaban: '¿Qué le vamos a decir a
nuestros hijos más adelante, que fueron un error?'. Pero no se trata de eso,
sino que estamos luchando por un derecho que tenemos: el derecho a elegir
cuántos hijos queremos tener, el derecho a elegir un buen servicio",
ilustró Cubillos, quien había decidido posponer un posible embarazo hasta
completar un tratamiento médico hecho necesario por un accidente de tránsito.
"Yo sí
deseaba otro hijo, pero no en ese momento. O sea que mi bebé no fue
planificado, pero eso no quiere decir que no fuera deseado", expresó.
En su caso,
el problema con los anticonceptivos se tradujo en un embarazo de alto riesgo. Y
su segundo hijo, ahora de cuatro años, también enfrenta problemas de desarrollo
y de aprendizaje.
Pero esta
mujer, que todos los años en abril organiza una celebración de cumpleaños
colectiva para los hijos de las integrantes de ASMAVIFAMI, organiza rifas y
busca donaciones para celebrarles también las navidades, se dice más preocupada
por la situación de sus compañeras de lucha, todas de escasos recursos, algunas
desplazadas del conflicto armado.
"Eso fue
traumático para ellas. Hay muchas mujeres que eran madres cabezas de hogar, que
tenían su compañero sentimental en ese momento y que se quedaron solas cuando
de pronto resultaron embarazadas", afirmó.
"De 50
mujeres sólo tres tienen vivienda propia y esta es la hora en que el Estado no
nos ha tenido en cuenta ni siquiera para un subsidio de vivienda. Yo lo que
vengo es peleando por un techo digno y propio para esos niños y para esas
familias" insistió.
Optimistas. En su defensa, la empresa
demandada recuerda que ningún método anticonceptivo es 100% seguro.
Según el
abogado Quinteros, el proceso legal en contra de la ESE Jaime Alvarado y
Castilla todavía podría prolongarse por otro año.
Pero, según
el letrado, si bien en Colombia no hay antecedentes comparables, la
jurisprudencia internacional sugiere que hay razones para esperar con optimismo
el fallo.
"Además,
para nadie es un secreto que la corrupción que hay en Colombia permite que se
juegue con la salud de las personas, y a la luz de la justicia esas mujeres
deben ser reparadas", dijo a BBC Mundo.
"La
comunidad es consciente de eso y el mismo Estado es consciente de que hubo
fallas en la prestación del servicio", señaló.
El director
de la ESE Jaime Alvarado y Castilla, doctor Leider Daza, aseguró sin embargo
que continuará haciendo todo lo posible para evitar un fallo contrario.
"Como
gerente la posición mía es la defensa jurídica y legal de la empresa frente a
todas las demandas que se llegasen a dar, pues pondrían en riesgo financiero a
la empresa", dijo a BBC Mundo.
"Y si
bien hay un proceso que ya demostró que unos medicamentos en el departamento
fueron falsos, no se ha demostrado que estos hayan sido de la empresa",
explicó el médico, quien también recordó que todos los métodos anticonceptivos
tienen un porcentaje de falla.
"Si uno
mira el número de usuarias atendidas en el año en la ESE, y saca el porcentaje
de fallas, uno podría considerar que puede ser simplemente una falla
terapéutica del medicamento, porque en todo el año fueron beneficiarias del
programa de planificación familiar unas 4.000 mujeres"
"Si uno
mira el número de usuarias atendidas en el año en la ESE y saca el porcentaje
de fallas, uno podría considerar que puede ser simplemente una falla terapéutica
del medicamento, porque en todo el año fueron beneficiarias del programa de
planificación familiar unas 4.000 mujeres", aseguró Daza.
La
concentración de esas fallas en un mismo período y el hecho de que todas las
afectadas estuvieran recibiendo Nofertyl –el anticonceptivo del que se
encontraron cerca de mil ampollas falsas, comercializadas por los
intermediarios perseguidos penalmente por el Estado– es sin embargo sólo una de
las razones por las que Quinteros y Cubillos están convencidos de tener la razón
de su lado.
Y para la
presidente de ASMAVIFAMI, el hecho de que buena parte de las mujeres afectadas
estén reclamando sus derechos ya es también una pequeña batalla ganada.
"Muchas
de estas mujeres han sido pisoteadas toda su vida por sus esposos, por sus
padres, por todo el mundo, inclusive por el estado, que fue lo que hicieron con
nosotras", precisó a BBC Mundo.
"Yo lo
que hice fue sensibilizarlas a ellas que no íbamos a pelear por el hecho que
tuviéramos hijos, sino que íbamos a pelear porque fallaron en un servicio que
tenía que ser perfecto, porque estaban jugando con la salud de nosotras",
concluyó.

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