ORLANDO
ARIAS
La Mesa
Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIRD),
condenó y rechazó ayer la campaña de odio racial y de xenofobia que se está
llevado a cabo por una supuesta coordinadora de junta de vecinos en la región Norte del país.
Señaló
que la realización de actividades que promuevan el odio racial, la discriminación
y la xenofobia son violatorias a los principios de valores cristianos, los
principios básicos de tolerancia y los
derechos humanos.
“Creemos
que las juntas de vecinos no deben
convertirse en promotores del odio racial en contra de grupos de personas, que
la mayoría de las veces vienen a trabajar y aportar al crecimiento de la
economía del país con el sudor de su frente de manera horrada y digna”, indicó
en rueda de prensa realizada en la Saca del Trabajador.
Recordar
que los niveles de delitos cometidos por inmigrantes haitianos son la más baja
en comparación con el número de haitianos que residen en el país. Además no es
verdad que los inmigrantes haitianos dificultan el acceso de la mano de obra de
los nativos ya que los extranjeros realizan los trabajos que los nativos no
quieren hacer.
“Llamamos
la atención a las autoridades locales y nacionales a tomar todas las medidas
preventivas para detener esta campaña de odio racial en contra de grupo de
personas indefensas. Las autoridades tienen el compromiso de no permitir la
organización del grupo que promuevan el odio racial, según la convención
internacional sobre la discriminación”.
En ese
sentido agregó, “También queremos hacer un llamado a las iglesias cristianas de
todas las denominaciones a que se pronuncien e inicien programa de sensibilización
en contra de dicha campaña, por estar contra los principios y valores
cristianos”.
La
Menamird rechazó y condenó las intenciones de supuestos grupos llamados
nacionalistas y funcionarios públicos que están detrás de estas manifestaciones
de corte racial.
La
defensa de los derechos humanos es universal, la defensa de los derechos
humanos se hace sin distinción de personas en cualquier parte del mundo,
inmigrantes haitianos aquí, inmigrantes dominicanos en Puerto Rico y en
cualquier parte del mundo.
En ese sentido la entidad hace un
llamado especial al Procurador General
de la República, como represente y
defensor del pueblo a que disponga
investigar la procedencia y el origen de las supuestas juntas de
vecinos, ya que han desnaturalizado su rol en la sociedad dominicana.
La Mesa
recordó que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación racial, ratificada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1965, en su Art. 4 establece lo siguiente:
“Los Estados partes condenan toda la
propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías
basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un
determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el
odio racial y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda
incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin,
teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en
el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes
medidas:
a) Declararán como acto punible
conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el
odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de
violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo
de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades
racistas, incluida su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán
las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda
otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten
a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales
actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades
ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación
racial o inciten a ella”.
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