Una nueva querella fue interpuesta
ante la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata en
contra de actual director municipal de Cabarete, Gabriel Mora Ramírez (Canoa),
por estafa, por lo que suman siete los casos de sometimiento este funcionario,
en cuya gestión una auditoría de la Cámara de Cuentas encontró serias
irregularidades.
La señora Eusebia Valdez de León
acusa Gabriel Mora (Canoa) de violar el artículo 405 del Código Penal, al
venderle un solar por 170 mil pesos que luego resultó que no era de su
propiedad.
La querellante explica que compró una
porción de terreno de trescientos metros cuadrados al imputado y que luego se
enteró que dicho terreno se lo había quitado el Ministerio de Medio Ambiente a
Mora, alías Canoa.
Dijo que solicitó al funcionario municipal la
devolución del dinero de la compra del terreno y que éste se negó a devolverlo,
por lo que se vio obligada a someterlo a la acción civil y penal.
Valdez de León solicita, a través de
sus abogados Florentino Polanco, Carlos Manuel Ciriaco y José Carlos González,
que Mora Ramírez sea condenado al pago de una indemnización de dos millones de
pesos como justa reparación por los daños causados.
Además, los abogados, en
representación de Valdez de León, piden que el imputado sea condenado al pago
de las costas del procedimiento y de una multa de RD$200,000.
También, solicitan que Mora Ramírez
(Canoa) sea condenado a dos años de prisión en el centro de rehabilitación san
Felipe de Puerto Plata.
Recientemente, el Procurador General,
Francisco Domínguez Brito, pidió que el actual director municipal de Cabarete
fuera enjuiciado por malversar 185 millones de pesos en el período 2004-2010,
utilizados en contratos irregulares, pagos sin soporte y por trabajos no
realizados, cheques canjeados en los bancos por amigos y familiares de Canoa,
la que fue la sexta querella en su contra.
La querella de Dominguez Brito es la
tercera que enfrenta Canoa por corrupción. En octubre del año pasado fue
sometido por ADECA, y en agosto pasado por la DPCA, basándose en un informe de
auditoría de la Cámara de Cuentas según el cual la Junta del Distrito Municipal
de Cabarete realizó transacciones por $119.4 millones a través de
diferentes cuentas sin que existan “los documentos que respalden de
manera satisfactoria los referidos desembolsos”. Esta suma que es igual al 70%
de los $170.3 millones de la ejecución presupuestaria de los años 2004 al 2010.
Querellas en contra de Canoa
La primera, en julio del 2011, la
llevó Michel Gay Crosier por falsificación de documentos públicos. Denuncia que
Canoa se inventó una sesión de la Junta Distrital de Cabarete y la inscribió en
el libro de actas, porque necesitaba la autorización de la Junta -que no tenía-
para sustentar una acusación contra Gay Crosier, presidente de Adeca, alegando
que desde su establecimiento se contaminaba la laguna de Cabarete. La
iniciativa de Canoa contra Gay Crosier llegó hasta la Suprema Corte, donde fue
desestimada.
La segunda querella fue instrumentada
por Adeca, que se sumó a la acción iniciada contra el polémico alcalde por la
falsificación ya referida. La tercera también fue iniciativa de Adeca, el año
pasado, por violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. El director
municipal de Cabarete se negó reiteradamente a entregar toda la documentación
sobre la contabilidad y manejos financieros de la Junta Distrital.
La querella de ADECA se suma al
historial de conflictos en que ha estado envuelto Canoa, que además de la
iniciativa del DPCA este año, ya fue sometido a la justicia (diciembre 2008)
por destruir un área protegida, que está sometido por falsificación del libro
de actas de la Junta Distrital (julio 2011), tiene una querella por disparar
contra un conductor y su vehículo (abril 2012) y que es el primer funcionario
que está siendo procesado por negarse a entregar información pública (Julio
2012).
Canoa fue nuevamente sometido este
año por ADECA porque se negó otra vez a entregar información sobre el manejo de
la Junta Distrital de Cabarete.
Las acciones de los empresarios de
Cabarete contra Canoa y la Junta Distrital se iniciaron en el 2008 con las
denuncias que obligaron a revocar la privatización de la tesorería municipal,
considerada un hecho insólito, y un contrato de recogida de la basura. Ambos
contratos fueron hechos en violación a la ley de contratación del Estado.
En marzo 2012, la puso Ambiorix Vargas
González, un taxista a quien Canoa hizo tres disparos, molesto porque el automóvil
que ocupaba junto a otras dos personas pasó muy cerca de su yipeta estacionada
en un barrio de Cabarete. En la quinta, en octubre 2012, Adeca acusó a Canoa y
a Morfe por un desfalco de más de RD$102 millones en el período 2004-2012. Se
dice que a las tres es la vencida. Quizás con la sexta y Domínguez Brito, se
logre mover a la lenta justicia puertoplateña.
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