WASHINGTON,
AP. El Senado aprobó hoy una histórica reforma migratoria
que ofrecería la naturalización a 11 millones de personas que actualmente viven
en Estados Unidos de manera ilegal y destinaría al menos 30.000 millones de
dólares a la seguridad fronteriza.
La votación representa
un avance importantedel tema que el presidente Barack Obama declaró a
comienzos de año como su prioridad legislativa número uno, después de que
resultara relecto en noviembre con un sólido respaldo de la comunidad
hispana.
Pero la iniciativa enfrenta
ahora un futuro incierto en la Cámara de Representantes, cuya mayoría
republicana es reacia a ofrecer la naturalización a los inmigrantes sin
papeles.
La votación en el
Senado de 68 a favor y 32 en contra superó cómodamente la mayoría simple de 51
votos requeridos. El presidente de la cámara baja, el republicano por Ohio John
Boehner reiteró el jueves que “la cámara no someterá a voto cualquier cosa que
apruebe el Senado”.
“Para que cualquier
legislación sea aprobada en la cámara, incluyendo la versión para conciliar con
el Senado, tendrá que ser un proyecto de ley que cuente con el apoyo de la
mayoría de nuestros miembros”, dijo en conferencia de prensa. “La reforma
migratoria tiene que basarse en una seguridad fronteriza real.
Eso es lo que piensa el
pueblo estadounidense, y es un principio en el que también cree nuestra
mayoría”. No está claro si Boehner podrá consolidar la mayoría
necesaria para imponer una visión propia a la reforma migratoria, después de
que la cámara baja no lograra los votos necesarios para aprobar la semana
pasada una ley agrícola.
Según el proyecto
aprobado, los inmigrantes sin documentación podrán legalizarse mientras se
implementan las nuevas medidas de seguridad fronteriza, pero sólo podrán
obtener la residencia permanente cuando la implementación haya
concluido.
Un nutrido grupo de
jóvenes presenció desde la tribuna el debate en el Senado luciendo camisetas
que rezaban “11 millones de sueños”. Pertenecen a United We Dream, una
agrupación de personas que fueron traídos a Estados Unidos sin documentos
cuando eran niños.
El proyecto de ley
aprobado en el Senado con apoyo bipartidista fue negociado durante meses a
puertas cerradas por un grupo bipartidista de ocho senadores: los demócratas
Dick Durbin (Illinois), Chuck Schumer (Nueva York), Bob Menéndez (Nueva Jersey)
y Michael Bennet (Colorado) y los republicanos John McCain y Jeff Flake
(Arizona), Lindsay Graham (Carolina del Sur) y Marco Rubio
(Florida).
Los ocho senadores
mantuvieron su coalición para rechazar enmiendas que en su opinión buscaran
descarrilar o debilitar la esencia de su reforma: condicionar la legalización
de personas sin documentos a la seguridad fronteriza.
Menéndez se mostró
emotivo el jueves al ejercer el derecho de palabra en el pleno, cuando dijo que
“éste es el fin de un largo viaje para mí. He luchado por la reforma migratoria
durante los últimos 20 años”.
El grupo anunció desde
el inicio su intención de someter el proyecto de ley a un debate minucioso en
la comisión judicial, con la intención de evitar objeciones sorpresivas en el
pleno como las que hundieron una iniciativa en 2007, la última vez que el
Senado debatió la reforma migratoria.
El jefe de la bancada
republicana, el senador por Kentucky Mitch McConnell, justificó su voto
contrario a la reforma migratoria porque “si no puedes estar razonablemente
seguro de que la frontera es segura como una condición a la legalización, no
hay cómo estar seguro de que millones más no seguirán a los inmigrantes
ilegales que ya están aquí”.
Varias organizaciones
han expresado su desagrado por el énfasis que la legislación pondrá en la
seguridad fronteriza tras la adopción de una propuesta de los senadores
republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí) para duplicar
la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza, extender la cerca 1.100
kilómetros (700 millas) e invertir miles de millones de dólares en equipos como
aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos a un costo de 30.000
millones de dólares.
Muchos en la cámara
baja -donde los republicanos son mayoría- se oponen a ofrecer la posibilidad de
naturalización, que es la pieza central de la iniciativa del Senado, y
prefieren un enfoque por partes en lugar de una reforma integral como la que
está produciendo la cámara alta.
La Comisión de Asuntos
Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles una iniciativa
para establecer un sistema que obligue a todos los patrones a verificar el
estatus migratorio de sus empleados con un plazo de dos años.
La comisión enfocará su
atención el jueves en una iniciativa sobre los inmigrantes calificados. La
semana pasada, aprobó otros dos proyectos, uno sobre los trabajadores agrícolas
y otro para tipificar como delito federal estar en el país sin permiso legal,
cuando actualmente es una infracción del fuero civil.
Ninguno de los
proyectos de ley aprobados por la comisión permite a los inmigrantes sin
papeles legalizar su estatus, mucho menos naturalizarse.
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