La magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza
de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia consideró que corresponde “al
juzgador” consolidar el sistema de protección de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución, a los fines de lograr un “real y efectivo
estado de derecho”.
La magistrada hizo el planteamiento, durante su
ponencia en el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia
Constitucional, donde abordó el tema “Supremacía, integridad y protección de
los derechos fundamentales”.
Explicó que el nuevo orden constitucional
dominicano provee un sistema de protección de derechos fundamentales basado en
la supremacía, integridad y protección.
Indicó que una de las áreas más interesantes de analizar sobre el tema de los
derechos fundamentales es la procesal penal, ya que tales conceptos han
sido objeto de gran debate y reflexión, especialmente a partir de la
implementación del modelo de corte acusatorio que rige en la República
Dominicana a partir del 2004.
En ese sentido dijo que a raíz de la
reforma procesal penal en América Latina, se ha venido enfatizando en los
conceptos de humanización y constitucionalización del proceso penal, “lo
que obligatoriamente trae consigo la idea de que el respeto a los derechos
humanos de las partes involucradas en el proceso, su superioridad y el límite a
los mismos de forma no arbitraria y justificada, han de ser los pilares del
desarrollo de cada una de su fases”.
Destacó que la Constitución dominicana a partir
de su artículo 37, no solamente categoriza los derechos
fundamentales, sino que deja claro su carácter integral. Entre esos
derechos fundamentales, la jueza destacó el derecho a la vida, a la dignidad
humana, a la libertad y la igualdad.
“Sin embargo, aunque existen derechos
intocables, es preciso reconocer, y así lo ha hecho la misma ley de leyes, que
existen limitaciones de derechos, pero que la limitante, es la creación
de parámetros o reglas claras que conduzcan a evitar situación de
arbitrariedad, abuso de poder o interpretaciones que colidan con los caracteres
de justeza y utilidad que han de revestir la norma”, argumentó la
jueza Agelán Casasnovas.
La magistrada indicó que para la protección de
los derechos fundamentales, los que reconoció que son susceptibles de enfrentar
limitaciones por parte del Estado, con la finalidad de evitar que se realicen
de forma arbitraria e ilegítima, han sido diseñadas “una serie de herramientas
en el orden jurídico llamadas garantías”.
Asimismo, explicó que las garantías tienen un doble objetivos, el primero
la prevención ante la amenaza de vulneración de derechos y segundo los
mecanismos de reclamos, una vez hayan sido vulnerados.
“En el primero de estos supuestos hacemos
referencia a las denominadas garantías judiciales y en el segundo a las
garantías normativas”, precisó.
En el Primer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional
organizado por el Tribunal Constitucional, participan un total 28 expositores,
14 extranjeros y 14 dominicanos. El Congreso se realizó en el salón Las
Carabelas, del hotel Quinto Centenario del 29 al 31 de enero.
Además de la magistrada Esther Agelán
Casasnovas en el cónclave participó, el magistrado Julio César Castaños Guzmán,
Primer Sustituto del Presidente, quien tuvo a su cargo unas palabras de
apertura en representación del magistrado Mariano Germán Mejía, quien se encuentra
participando de la Conferencia de Jueces Presidentes de los Estados Unidos que
se reúnen en Puerto Rico para discutir sobre el Acceso a la Justicia en Tiempos
de Dificultades Económicas, tomando la experiencia de distintos países,
realizado del 26 al 30 de enero en San Juan, Puerto Rico.
También tuvo una ponencia en el cónclave sobre derecho constitucional, el
magistrado José Alberto Cruceta, quien abordó el tema “Contextos sociales en la
declaración de los derechos fundamentales en República Dominicana”.
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