Reenvían audiencia para el 6 de
febrero
SANTO DOMINGO.- Decenas de empleados de la Licorera La Altagracia, la única
industria instalada en la provincia Bahoruco, reclamaron su derecho al trabajo
durante una vigilia pacífica realizada este martes frente al Tribunal Contencioso
Administrativo. Aunque no hubo incidentes, el organismo estuvo fuertemente
custodiado por un contingente de militares antimotines adscritos al
destacamento Duarte.
La manifestación se desarrolló
mientras se conocía una solicitud de adopción de medidas cautelares incoadas
por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) a fin de que
se declare la suspensión de varias resoluciones aprobadas por el Consejo de
Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para la instalación
de diversas empresas. La audiencia, presidida por la magistrada Delfina Amparo De León, fue reenviada para
el 6 de febrero próximo, a pedido de los abogados de las firmas afectadas.
Marichal Romero, quien habló a
nombre de los obreros, dijo que junto a sus familiares viven angustiados y con
temor de perder sus empleos y el sustento y supervivencia porque la AIRD se
opone a las operaciones de la licorera, pese a que esta empresa fue autorizada
y ratificada por los organismos competentes tras cumplir con todos los
requisitos legales.
Afirmó que como dominicanos ellos
también tienen derecho al trabajo honrado y a gozar de los beneficios de la
Seguridad Social (salud, riesgos laborales y seguro de vejez, discapacidad y
sobrevivencia).
La Licorera La Altagracia se dedica
a la producción, comercialización, importación y exportación de rones, licores
y otras bebidas alcohólicas. En la actualidad fabrica nueve tipos de rones
agrícolas, los que se exportan fuera del territorio dominicano y cuyos
beneficios contribuyen al desarrollo, crecimiento, bienestar y progreso del
denominado sur profundo.
Según Romero, si se suspenden las
autorizaciones otorgadas a la licorera se perderá la única fuente de empleos de
la zona y se reducirá a su mínima expresión la actividad productiva de una
provincia que, como Bahoruco, ocupa uno de los índices de menor desarrollo del
país.
La AIRD alega que las operaciones de
la Licorera La Altagracia, así como de las empresas Vaperdy, Maiberil
International, Yoseplastic, Saerat Investment, R. V. Steel, Puerto Copello y
Hormigones Fronterizos provocarán una distorsión en el mercado nacional y elevó
un recurso contencioso administrativo para que las autoridades revoquen los
permisos.
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