SANTO DOMINGO.- El abogado Pedro
Domínguez Brito afirmó que la campaña de denuncias llevada a cabo por
Molinos del Cibao contra el
empresario Carlos Lama responde a
una estrategia para ocultar la litis entre los ejecutivos de esa empresa y los
herederos del señor Daniel Reynoso,
propietario del 43 por ciento de las acciones de la firma Dominicana
Industrial, de las cuales habría sido despojado de manera fraudulenta.
Explicó que la
oficina de abogados que preside fue apoderada del caso hace más de 15 años por
los herederos de Daniel Reynoso, quienes lograron ganancia de causa
mediante sentencias definitivas dictadas por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Constitucional. Y precisó que la última decisión sobre la
litis fue adoptada por el Tribunal Constitucional que declaró inadmisible la
instancia depositada por los abogados del Grupo Bocel.
“Quienes hoy se hacen llamar
propietarios de la empresa deben hacer una rendición de cuentas y repartir
beneficios desde el año 1979 hasta la fecha. De no hacerlo, esto tiene serias
implicaciones penales, comerciales y civiles”, apunta el licenciado Pedro
Domínguez en un comunicado de prensa.
Ofrece versión
sobre el caso Lama
Sobre el caso del
empresario Carlos Lama, quien enfrenta una demanda del Grupo Bocel por alegada
violación de la ley de cheques, el jurista dijo que se han dicho muchas
mentiras a través de los medios de comunicación, incluyendo el monto sobre la
cantidad de dinero envuelta en el litigio.
Señaló que la suma
total envuelta en los cheques reclamados es de 526 mil 595 dólares,
alrededor de 20 millones de pesos de acuerdo al cálculo de la actual tasa
de cambio de la moneda norteamericana, y no cuatro mil millones de pesos
(RD4,000,000,000), como afirma el Grupo Bocel.
Sostuvo que la
demanda contra Lama es un asunto eminentemente civil donde el Ministerio
Público no es parte del proceso, por lo tanto no ha participado en las
audiencias y no tiene ningún interés en el caso.
Indicó que
en fecha 25 del mes de septiembre de 2012, la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Departamento Judicial de Santiago, levantó el estado de rebeldía
al imputado Carlos Lama Seliman,
rechazó la solicitud de la parte querellante con relación a la
inconstitucionalidad de la parte in fine del artículo 226 del Código Procesal
Penal, por falta de fundamentos, y rechazó la solicitud de prisión
preventiva contra del empresario.
Y agregó que
tribunal también aplicó al imputado una garantía económica por 75 millones de
pesos en efectivo; la obligación de presentarse todos los viernes de cada mes
por ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santiago; y un impedimento de salida del país. Explicó que si en
esa ocasión el señor Carlos Lama
hubiese pagado la fianza impuesta, habría quedado en libertad de inmediato.
Explicó Domínguez Brito que la Resolución
número 061/2012, dictada el 17 de diciembre del 2012 por la
Cuarta Sala de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santiago, que varió el
monto y la modalidad de la medida de coerción por una garantía económica de
veinte millones de pesos a través de una compañía de seguro, fue una medida
correcta, ya que se trata de una acusación de carácter económico y la suma
envuelta en la litis es de unos 20 millones de pesos.
Al responder a los
cuestionamientos que ha hecho la parte contraria al bufete de abogados que
presidente, dijo lo siguiente: “la
Oficina Domínguez Brito & Asociados fue fundada por el Licenciado Pedro
Domínguez Brito, quien tiene más de 25 años de ejercicio profesional. Son sus
socios los abogados Robert Martínez y Elda Báez Sabatino. Cuenta con 20
abogados en su firma y desde hace varios años representa a muchas empresas
importantes del país”.///
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