GALVAN, Bahoruco.- Ciento doce
trabajadores de la única industria existente en la región del Lago Enriquillo
pidieron al Tribunal Superior Administrativo que proteja sus empleos y haga
prevalecer la decisión del organismo estatal que aprobó el establecimiento de
esta empresa al amparo de la Ley 28-01 de Promoción del Desarrollo Fronterizo,
y argumentaron que la resolución sobre ese proyecto se adoptó cumpliendo todos
los requisitos establecidos.
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La instancia ante la corte está firmada por los
abogados Luis Miguel Pereyra y Sergio Julio George, en representación de 112
trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) única firma nacional
que fabrica rones y licores agrícolas, ubicada en una zona de marginalidad y
exclusión social protegida por la Ley 28-01 que crea una zona especial de
desarrollo fronterizo formada por las provincias Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bahoruco y Santiago Rodríguez.
La Asociación de Industrias de la República
Dominicana (AIRD) ha solicitado al tribunal, a través de una acción
cautelar, contra esta industria y otras existentes, la suspensión de su permiso
para operar al amparo de la ley 28-01, alegando que se vulneran los
derechos de sus asociados porque las decisiones del Consejo de Coordinación
Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado
nacional y además interpuso un recurso contencioso administrativo para que las
autoridades revoquen los permisos.
La ILLA y otras seis industrias fueron
autorizadas a instalarse y operar al amparo de la ley 28-01 por el Consejo de
Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo, en la asamblea del 26 de julio
pasado. Las licencias se confirmaron y ratificaron en la asamblea general
ordinaria del 26 de septiembre último, reconociéndose que contribuirían de
manera directa y significativa al desarrollo y progreso de la región de mayor
marginalidad, pobreza, miseria y abandono de toda la geografía nacional.
“Es increíble que una Asociación que debería
promover la industria pida que se elimine la única empresa industrial de toda
una provincia, como si la gente del Sur no tuviera derecho a vivir dignamente y
disfrutar de empleos industriales bien remunerados” declaró el vocero de los
trabajadores, Marichal Romero.
Los trabajadores de la Licorera La Altagracia
alegan que tienen derecho a obtener una tutela judicial efectiva y piden que se
les permita intervenir voluntariamente en el conocimiento de la demanda de la
AIRD ya que se sienten amenazados de perder los empleos y, consecuentemente, los
beneficios de la seguridad social (salud, riesgos laborales y seguro de vejez,
discapacidad y sobrevivencia).
Alegan que si se suspenden las autorizaciones
otorgadas a la licorera, perderían su única fuente de ingreso y se reduciría a
su mínima expresión la actividad productiva de una provincia que, como
Bahoruco, ocupa uno de los índices de menor desarrollo del país.
La Licorera La Altagracia asegura que, como
empresa responsable ante la ley, ha procurado, desde el inicio de sus
operaciones, los permisos correspondientes para producir y comercializar sus
productos. Se dedica a la producción, comercialización, importación y
exportación de rones, licores y otras bebidas alcohólicas. En la actualidad
fabrica nueve tipos de rones agrícolas, lo que se exportan fuera del territorio
dominicano
Los beneficios de esta actividad productiva y
exportadora, asegura la ILAA, “contribuyen al desarrollo, crecimiento,
bienestar y progreso del denominado Sur profundo”.///
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