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El presidente de la Junta
Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, encabezó la audiencia pública en la que el pleno del
tribunal de comicios conoció la posición de cada organización política
reconocida frente a las alianzas o pactos electorales depositados ante la JCE
dentro de los plazos establecidos por la ley.
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El punto de conflicto lo marcó el Partido Revolucionario
Independiente (PRI), esa organización mantiene una diatriba que se ha estado
ventilando en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y que esta audiencia sirvió
para conocer en primera instancia, y ambas partes del PRI depositaron
documentos que avalan sus defensas por ante la secretaría general de la JCE.
La parte que representa el doctor Trajano Santana como
presidente del PRI defendió su derecho y legitimidad para realizar alianza con
el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato Hipólito Mejía,
cuando su delegado político doctor Mirtilio Santana, descalificó a la parte que
representa al licenciado Julio Jiménez Peña, para hacer pacto político en
nombre de la referida organización política, lo que fue refutado por el abogado
Manuel Galván representante de la facción que encabeza Jiménez Peña.
En un ejercicio democrático el pleno de la JCE escuchó todas
las partes y el delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) doctor
César Pina Toribio, defendió las alianzas que realiza su partido con otras 13
organizaciones incluyendo a la facción del PRI que representa Julio Jiménez
Peña, mientras que lo propio hizo el delegado suplente del PRD, licenciado
Teofilo Rosario, cuando pidió al pleno de la JCE aprobar como bueno y válido el
pacto de ese partido con otras 7 organizaciones políticas acreditadas.
Los Partidos Demócrata Popular (PDP) y Nacional de Veteranos
y Civiles (PNVC), presentan igual situación de división y sus representantes
defendieron su derecho a pactar con otras fuerzas políticas como lo es el PRD y
el bloque Progresista que encabeza el PLD.
La JCE concedió un plazo hasta este viernes a las 4:00 de
la tarde para la entrega de conclusiones ampliatorias y nueva documentaciones
si así lo entendieran los partidos políticos, para luego ser conocido por el
pleno de la JCE en el tiempo previsto por la ley que rige la materia.
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