Parte del Discurso pronunciado por el presidente Fernández ante la Asamblea Nacional este 27 de febrero.
Santo Domingo R.D La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción ha elaborado recientemente el Plan Nacional Estratégico de Ética, Transparencia y Prevención de la Corrupción, 2009-2012.
La publicación de este plan y su puesta en circulación debe servir de punto de partida para una reafirmación de la voluntad inquebrantable del Gobierno de adoptar medidas de prevención y persecución contra la corrupción.
Este plan que, sugiero, debería llamarse, Plan República Dominicana Transparente, debería servir para una reactivación de las comisiones de ética de las distintas instituciones del Estado, para la instalación de los Buzones de Denuncias Contra la Corrupción, para promover una cultura de rendición de cuentas, para impulsar la transparencia en todas las acciones del Estado; y para mejorar la efectividad de la persecución del delito en la administración pública.
Me comprometo, de manera solemne ante ustedes y ante todo el pueblo dominicano, a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, a los fines de que podamos tener una Patria honorable, respetable y admirada.
El otro gran problema a que he hecho referencia y que en estos momentos mantiene en estado de intranquilidad a la población dominicana es el relativo al de la seguridad ciudadana.
Desde el 2005, el Gobierno viene aplicando el Plan de Seguridad Democrática, el cual, sin duda alguna ha obtenido importantes logros, reconocidos por instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, las evaluaciones coinciden en que son muchos los desafíos y que sólo con la profundización de los programas y acciones se podrán consolidar los resultados. Hay conciencia de que los éxitos en programas de seguridad sólo se logran a través de la aplicación continua y prolongada de una política pública bien concebida.
Se entiende, también, que el éxito no es lineal, y que se evidencian por momentos, avances, estancamientos y retrocesos.
Ante esa situación, se incrementa la percepción de inseguridad por la ocurrencia inevitable de casos espectaculares y excepcionales de violencia y criminalidad.
Naturalmente, hay que reconocer que las reformas institucionales, sobre todo de la Policía Nacional, no han avanzado con la velocidad originalmente planteadas en el Plan de Seguridad Democrática. Tampoco se han integrado todas las instituciones del Estado inicialmente previstas.
En general, las instituciones se han integrado de manera coyuntural, no en forma sistemática, como parte de una estrategia y política de Estado. La cooperación internacional ha sido limitada a pesar de las promesas de mayor colaboración.
Frente a todo esto, se requiere volver a activar un plan de acción, que le confiera importancia al tema del microtráfico como parte del problema general del narcotráfico, de la criminalidad y la violencia.
Es preciso perseverar en llevar a cabo la reforma y modernización de la Policía Nacional en seis áreas fundamentales, que son, la preventiva, la académica, la de servicios de inteligencia, la de asuntos internos, la administrativa y la de investigación criminal.
Vamos a establecer el Observatorio Nacional de la Violencia y el Crimen, mediante la coordinación de la Secretaría de Interior y Policía con otras instituciones del Estado, los síndicos y municipios.
A través del Programa de Barrio Seguro, recuperaremos y protegeremos el espacio público. Ampliaremos y fortaleceremos los programas de mayor impacto, incluyendo el Banco de Mi Barrio, la Beca de Mi Barrio y Competidores de Mi Barrio.
Aumentaremos los programas deportivos y culturales. Impulsaremos programas de empleo para jóvenes y programas de intervención dirigidos a hogares vulnerables; y diseñaremos programas para control de microtráfico en los Barrios Seguros.
Coordinaremos y ampliaremos actividades de instituciones estatales en los barrios, particularmente de las Secretarías de Educación, Salud, Deporte, Cultura, Juventud y de la Mujer.
El Gobierno no le cederá tregua al crimen organizado, al narcotráfico, a la violencia y a la delincuencia en sentido general. Nos equiparemos con los instrumentos tecnológicos necesarios. Capacitaremos nuestros recursos humanos. Defenderemos nuestras costas. Protegeremos nuestro espacio aéreo y cuidaremos de nuestra frontera.
¡En la República Dominicana, el narcotráfico no pasará!
Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que la población se encuentra, en estos momentos, perturbada y hasta atemorizada por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actos vandálicos relacionados con el narcotráfico y el crimen.
Debo indicar aquí que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constituyen dos instituciones de valor inestimable para garantizar la integridad del territorio nacional, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
En mis años al frente de la vida pública nacional, nunca he vacilado en acudir a los integrantes de estas instituciones para contribuir a la solución de problemas que en algún momento se yerguen en amenazas para el bien de nuestra colectividad.
He podido comprobar el profesionalismo, la capacidad, la disciplina y la entrega con que cada uno de sus miembros realiza su labor para la obtención de los objetivos que les habían sido trazados.
Por consiguiente, constituye una excepción el que hayan aparecido sujetos que amparándose en el prestigio del uniforme de nuestros institutos castrenses y policiales incurran en actos delincuenciales.
Hechos recientes como la participación de miembros de la Marina de Guerra en la matanza de siete individuos de nacionalidad colombiana en la comunidad de Paya, en Baní; el involucramiento de más de veinte miembros de la Policía Nacional en una red del narcotráfico en Puerto Plata; y el asalto dirigido por un oficial de la Fuerza Aérea a las instalaciones de la empresa lechera Parmalat, lo que indican es que no debemos desmayar en la evaluación y depuración permanente que hay llevar a cabo en las referidas instituciones.
Advertimos, desde ya, que no nos temblará el pulso para limpiar y aplicar todo el peso de la ley a aquellas lacras sociales que con sus malas acciones empañan el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Distinguidas Personalidades, Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional del Estado Dominicano, así como de su necesidad de reforma y modernización para adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante en el Siglo XXI, me permito en estos instantes, de manera formal, realizar ante ustedes el acto histórico de promulgación de la Ley que Convoca a una Asamblea Revisora para proceder a la reforma de la Constitución de la República.
Esta reforma de nuestra Carta Sustantiva no se corresponde con un capricho, ni está motivada en la solución de una crisis de coyuntura. Responde, más bien, a la necesidad de enmendar errores, lagunas y vacíos prevalecientes en el actual texto y de consagrar nuevas figuras jurídicas garantes de un más pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
El Proyecto de Reforma Constitucional que ha sido sometido a la consideración de nuestras Cámaras Legislativas ha sido el fruto de la más amplia y democrática consulta popular que se haya llevado a cabo en toda la historia nacional.
Durante cerca de dos años, las más diversas organizaciones políticas, empresariales, sindicales, comunitarias y religiosas, fueron convocadas para que expusieran sus puntos de vista acerca del alcance y contenido de una nueva Carta Sustantiva del Estado Dominicano.
El entusiasmo y dinamismo con los que se participó fue verdaderamente notable. Hay numerosos testimonios del trabajo, dedicación y entrega con las que numerosas delegaciones en todo el ámbito del territorio nacional llevaron sus propuestas y expusieron sus puntos de vista.
Debo reconocer en estos instantes la labor encomiable de un grupo de notables juristas dominicanos, quienes integraron la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional, conformada por Aura Celeste Fernández, Flavio Darío Espinal, Licelotte Marte de Barrios, Raymundo Amaro, Leyda Piña, Luis Gómez Pérez, José Darío Suárez, Pelegrín Castillo y Julio César Castaños Guzmán.
A todos ellos, nuestro reconocimiento.
El Proyecto de Reforma Constitucional contiene diversas innovaciones que harán de nuestra Ley Fundamental un texto ejemplar para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la institucionalización de un Estado de derecho y la consagración de la justicia social.
Entre las principales innovaciones que contiene el documento que estoy seguro será objeto de encendidos y apasionados debates ante la Asamblea Revisora, se encuentran el de Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes.
Así mismo, el de régimen de seguridad y desarrollo fronterizo; la fórmula que precisa el concepto de nacionalidad; la consagración de más amplias y detalladas garantías a los derechos fundamentales, extendiendo la noción de debido proceso e incorporando la acción de amparo.
En el nuevo texto Constitucional, se estipula el derecho de los dominicanos residentes en el exterior para elegir Senadores y Diputados que les representen. Se elabora un nuevo estatuto constitucional para la administración pública, así como para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Se establecen disposiciones sobre ordenamiento territorial y administración local, incluyendo entre otras medidas, la constitucionalización de los Consejos Provinciales de Desarrollo. Se elabora un nuevo marco para el régimen de los municipios y para la gestión descentralizada y control de la administración local.
Se consagra el Defensor del Pueblo. Se fortalece el Poder Judicial. Se introducen importantes modificaciones en lo relativo al Sistema Electoral, sobre todo para la unificación de las elecciones para Presidente y Vicepresidente con la de los representantes legislativos y autoridades municipales.
Se establece un marco constitucional sobre el régimen económico y financiero y se consagran el derecho a la paz; el derecho al desarrollo; a la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora; a la protección del medio ambiente; a la preservación del patrimonio cultural y a los derechos del consumidor.
En síntesis, una Reforma Constitucional que garantizará que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana retrocedería a los días oscuros de la dictadura, del abuso, del atropello y de la arrogancia del poder.
Esa nueva Constitución será garante de que a pesar de las diferencias políticas, ideológicas o religiosas que nos pudiesen separar, los dominicanos viviremos siempre en armonía, en paz, de manera civilizada y en base al respeto mutuo.
Una de las grandes lecciones de los Padres Fundadores de la República fue la de haber logrado la unificación del país frente a la amenaza que representaba la permanencia de una ocupación militar extranjera.
Ese es uno de los grandes legados que nos dejaron Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y es un legado que en estos momentos, al conmemorarse el 165 aniversario de la Independencia Nacional, no debemos olvidar.
Con esa preclara visión de futuro que distingue a los poetas, en un canto inmortal al 27 de Febrero, nuestra gran poetisa Salomé Ureña de Henríquez escribió estos versos memorables:
Este plan que, sugiero, debería llamarse, Plan República Dominicana Transparente, debería servir para una reactivación de las comisiones de ética de las distintas instituciones del Estado, para la instalación de los Buzones de Denuncias Contra la Corrupción, para promover una cultura de rendición de cuentas, para impulsar la transparencia en todas las acciones del Estado; y para mejorar la efectividad de la persecución del delito en la administración pública.
Me comprometo, de manera solemne ante ustedes y ante todo el pueblo dominicano, a redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, a los fines de que podamos tener una Patria honorable, respetable y admirada.
El otro gran problema a que he hecho referencia y que en estos momentos mantiene en estado de intranquilidad a la población dominicana es el relativo al de la seguridad ciudadana.
Desde el 2005, el Gobierno viene aplicando el Plan de Seguridad Democrática, el cual, sin duda alguna ha obtenido importantes logros, reconocidos por instituciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, las evaluaciones coinciden en que son muchos los desafíos y que sólo con la profundización de los programas y acciones se podrán consolidar los resultados. Hay conciencia de que los éxitos en programas de seguridad sólo se logran a través de la aplicación continua y prolongada de una política pública bien concebida.
Se entiende, también, que el éxito no es lineal, y que se evidencian por momentos, avances, estancamientos y retrocesos.
Ante esa situación, se incrementa la percepción de inseguridad por la ocurrencia inevitable de casos espectaculares y excepcionales de violencia y criminalidad.
Naturalmente, hay que reconocer que las reformas institucionales, sobre todo de la Policía Nacional, no han avanzado con la velocidad originalmente planteadas en el Plan de Seguridad Democrática. Tampoco se han integrado todas las instituciones del Estado inicialmente previstas.
En general, las instituciones se han integrado de manera coyuntural, no en forma sistemática, como parte de una estrategia y política de Estado. La cooperación internacional ha sido limitada a pesar de las promesas de mayor colaboración.
Frente a todo esto, se requiere volver a activar un plan de acción, que le confiera importancia al tema del microtráfico como parte del problema general del narcotráfico, de la criminalidad y la violencia.
Es preciso perseverar en llevar a cabo la reforma y modernización de la Policía Nacional en seis áreas fundamentales, que son, la preventiva, la académica, la de servicios de inteligencia, la de asuntos internos, la administrativa y la de investigación criminal.
Vamos a establecer el Observatorio Nacional de la Violencia y el Crimen, mediante la coordinación de la Secretaría de Interior y Policía con otras instituciones del Estado, los síndicos y municipios.
A través del Programa de Barrio Seguro, recuperaremos y protegeremos el espacio público. Ampliaremos y fortaleceremos los programas de mayor impacto, incluyendo el Banco de Mi Barrio, la Beca de Mi Barrio y Competidores de Mi Barrio.
Aumentaremos los programas deportivos y culturales. Impulsaremos programas de empleo para jóvenes y programas de intervención dirigidos a hogares vulnerables; y diseñaremos programas para control de microtráfico en los Barrios Seguros.
Coordinaremos y ampliaremos actividades de instituciones estatales en los barrios, particularmente de las Secretarías de Educación, Salud, Deporte, Cultura, Juventud y de la Mujer.
El Gobierno no le cederá tregua al crimen organizado, al narcotráfico, a la violencia y a la delincuencia en sentido general. Nos equiparemos con los instrumentos tecnológicos necesarios. Capacitaremos nuestros recursos humanos. Defenderemos nuestras costas. Protegeremos nuestro espacio aéreo y cuidaremos de nuestra frontera.
¡En la República Dominicana, el narcotráfico no pasará!
Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que la población se encuentra, en estos momentos, perturbada y hasta atemorizada por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actos vandálicos relacionados con el narcotráfico y el crimen.
Debo indicar aquí que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional constituyen dos instituciones de valor inestimable para garantizar la integridad del territorio nacional, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
En mis años al frente de la vida pública nacional, nunca he vacilado en acudir a los integrantes de estas instituciones para contribuir a la solución de problemas que en algún momento se yerguen en amenazas para el bien de nuestra colectividad.
He podido comprobar el profesionalismo, la capacidad, la disciplina y la entrega con que cada uno de sus miembros realiza su labor para la obtención de los objetivos que les habían sido trazados.
Por consiguiente, constituye una excepción el que hayan aparecido sujetos que amparándose en el prestigio del uniforme de nuestros institutos castrenses y policiales incurran en actos delincuenciales.
Hechos recientes como la participación de miembros de la Marina de Guerra en la matanza de siete individuos de nacionalidad colombiana en la comunidad de Paya, en Baní; el involucramiento de más de veinte miembros de la Policía Nacional en una red del narcotráfico en Puerto Plata; y el asalto dirigido por un oficial de la Fuerza Aérea a las instalaciones de la empresa lechera Parmalat, lo que indican es que no debemos desmayar en la evaluación y depuración permanente que hay llevar a cabo en las referidas instituciones.
Advertimos, desde ya, que no nos temblará el pulso para limpiar y aplicar todo el peso de la ley a aquellas lacras sociales que con sus malas acciones empañan el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Distinguidas Personalidades, Honorables Miembros de la Asamblea Nacional:
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional del Estado Dominicano, así como de su necesidad de reforma y modernización para adaptarse a las exigencias de un mundo cambiante en el Siglo XXI, me permito en estos instantes, de manera formal, realizar ante ustedes el acto histórico de promulgación de la Ley que Convoca a una Asamblea Revisora para proceder a la reforma de la Constitución de la República.
Esta reforma de nuestra Carta Sustantiva no se corresponde con un capricho, ni está motivada en la solución de una crisis de coyuntura. Responde, más bien, a la necesidad de enmendar errores, lagunas y vacíos prevalecientes en el actual texto y de consagrar nuevas figuras jurídicas garantes de un más pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
El Proyecto de Reforma Constitucional que ha sido sometido a la consideración de nuestras Cámaras Legislativas ha sido el fruto de la más amplia y democrática consulta popular que se haya llevado a cabo en toda la historia nacional.
Durante cerca de dos años, las más diversas organizaciones políticas, empresariales, sindicales, comunitarias y religiosas, fueron convocadas para que expusieran sus puntos de vista acerca del alcance y contenido de una nueva Carta Sustantiva del Estado Dominicano.
El entusiasmo y dinamismo con los que se participó fue verdaderamente notable. Hay numerosos testimonios del trabajo, dedicación y entrega con las que numerosas delegaciones en todo el ámbito del territorio nacional llevaron sus propuestas y expusieron sus puntos de vista.
Debo reconocer en estos instantes la labor encomiable de un grupo de notables juristas dominicanos, quienes integraron la Comisión de Juristas para la Reforma Constitucional, conformada por Aura Celeste Fernández, Flavio Darío Espinal, Licelotte Marte de Barrios, Raymundo Amaro, Leyda Piña, Luis Gómez Pérez, José Darío Suárez, Pelegrín Castillo y Julio César Castaños Guzmán.
A todos ellos, nuestro reconocimiento.
El Proyecto de Reforma Constitucional contiene diversas innovaciones que harán de nuestra Ley Fundamental un texto ejemplar para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la institucionalización de un Estado de derecho y la consagración de la justicia social.
Entre las principales innovaciones que contiene el documento que estoy seguro será objeto de encendidos y apasionados debates ante la Asamblea Revisora, se encuentran el de Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes.
Así mismo, el de régimen de seguridad y desarrollo fronterizo; la fórmula que precisa el concepto de nacionalidad; la consagración de más amplias y detalladas garantías a los derechos fundamentales, extendiendo la noción de debido proceso e incorporando la acción de amparo.
En el nuevo texto Constitucional, se estipula el derecho de los dominicanos residentes en el exterior para elegir Senadores y Diputados que les representen. Se elabora un nuevo estatuto constitucional para la administración pública, así como para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Se establecen disposiciones sobre ordenamiento territorial y administración local, incluyendo entre otras medidas, la constitucionalización de los Consejos Provinciales de Desarrollo. Se elabora un nuevo marco para el régimen de los municipios y para la gestión descentralizada y control de la administración local.
Se consagra el Defensor del Pueblo. Se fortalece el Poder Judicial. Se introducen importantes modificaciones en lo relativo al Sistema Electoral, sobre todo para la unificación de las elecciones para Presidente y Vicepresidente con la de los representantes legislativos y autoridades municipales.
Se establece un marco constitucional sobre el régimen económico y financiero y se consagran el derecho a la paz; el derecho al desarrollo; a la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora; a la protección del medio ambiente; a la preservación del patrimonio cultural y a los derechos del consumidor.
En síntesis, una Reforma Constitucional que garantizará que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana retrocedería a los días oscuros de la dictadura, del abuso, del atropello y de la arrogancia del poder.
Esa nueva Constitución será garante de que a pesar de las diferencias políticas, ideológicas o religiosas que nos pudiesen separar, los dominicanos viviremos siempre en armonía, en paz, de manera civilizada y en base al respeto mutuo.
Una de las grandes lecciones de los Padres Fundadores de la República fue la de haber logrado la unificación del país frente a la amenaza que representaba la permanencia de una ocupación militar extranjera.
Ese es uno de los grandes legados que nos dejaron Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y es un legado que en estos momentos, al conmemorarse el 165 aniversario de la Independencia Nacional, no debemos olvidar.
Con esa preclara visión de futuro que distingue a los poetas, en un canto inmortal al 27 de Febrero, nuestra gran poetisa Salomé Ureña de Henríquez escribió estos versos memorables:
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