SANTO DOMINGO.-R.D Los medios de comunicación debaten, si las autoridades judiciales y policiales puedan ejecutar la Orden de arresto y conducencia en contra del presidente y vicepresidente del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), condenados a ocho años de prisión por un fraude cometido en contra de los ahorrantes de esa entidad bancaria, cuya sentencia fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), fue dictada este martes por el juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.
Saulo Isabel Díaz ordenó que Manuel Pellerano y Felipe Mendoza sean arrestados. Los ex ejecutivos bancarios se habían resistido a comparecer ante su despacho alegando que en la sentencia de la SCJ no se establece el recinto carcelario donde serán recluidos y el tiempo que durará la prisión.
Mediante al auto 583-08 el magistrado notificó al departamento de captura de la Policía Nacional, al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito y a la Dirección General de Migración a los fines de que la orden de arresto y conducencia sea ejecutada.
La decisión del Juez se produce luego de que rechazara tres incidentes planteados por los abogados de los penados, doctores Fernando Langa, Santiago Rodríguez, Tulio Collado y Eduardo Pratt, quienes buscaban la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta tanto la SCJ se pronunciara sobre un recurso de revisión.
La orden de arresto y conducencia fue notificada a los abogados de los sentenciados, quienes se comprometieron con el magistrado a llevarlos ante su despacho, aunque no se estableció la hora en que será ejecutada.
Saulo Isabel Díaz ordenó que Manuel Pellerano y Felipe Mendoza sean arrestados. Los ex ejecutivos bancarios se habían resistido a comparecer ante su despacho alegando que en la sentencia de la SCJ no se establece el recinto carcelario donde serán recluidos y el tiempo que durará la prisión.
Mediante al auto 583-08 el magistrado notificó al departamento de captura de la Policía Nacional, al presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito y a la Dirección General de Migración a los fines de que la orden de arresto y conducencia sea ejecutada.
La decisión del Juez se produce luego de que rechazara tres incidentes planteados por los abogados de los penados, doctores Fernando Langa, Santiago Rodríguez, Tulio Collado y Eduardo Pratt, quienes buscaban la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta tanto la SCJ se pronunciara sobre un recurso de revisión.
La orden de arresto y conducencia fue notificada a los abogados de los sentenciados, quienes se comprometieron con el magistrado a llevarlos ante su despacho, aunque no se estableció la hora en que será ejecutada.
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