“Estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, dijo Wilson Camacho
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros vinculados a la red criminal de corrupción administrativa que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que la prisión preventiva fue ratificada porque los presupuestos que dieron lugar a la imposición de esta medida de coerción no han cambiado.
“Ha dicho el tribunal, además, que la prisión preventiva es la medida de coerción necesaria, idónea y proporcional para estos imputados. Y es así, estos imputados deben continuar en prisión preventiva y en el momento indicado deben recibir sentencias que sean ejemplares por haber dañado la salud del pueblo dominicano”, dijo el representante del Ministerio Público a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
Camacho junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al Ministerio Público en la audiencia donde el juez Deiby Timoteo ratificó la medida de coerción a los imputados.
Por razones de espacio la audiencia se celebró en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo.
Posteriormente, el pasado mes de abril, le fue confirmada la medida de coerción que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en el citado centro penitenciario.
A finales del pasado mes de abril, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige la procuradora de Corte, Mirna Ortiz, arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
Guzmán Vásquez, que trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno, está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
Persecución contra el grupo criminal
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
