Hace cuatro años que la nación dominicana rindió un tributo especial, inolvidable, al insigne patricio Juan Pablo Duarte, con la proclamación, en la Constitución del 26 de enero del 2010, del Estado Social y Democrático de Derecho, una nueva visión democrática para nuestro país a partir de la cual se reafirma que la soberanía corresponde al pueblo y éste la ejerce, con arreglo a la ley y por medio de sus representantes, desde las distintas instituciones políticas de la Nación.
“La necesidad de adaptar las leyes de manera que los gobiernos garantizaran mejores condiciones de vida a sus ciudadanos y una aplicación legal más justa llevaron a la creación del Estado Democrático, Social y de Derecho”, afirman los teóricos de este sistema, enfatizando que el mismo está “al servicio del hombre, y debe ser garante del bien común, basado en los principios de justicia social y dignidad humana, por lo que la adopción del modelo implica un cambio revolucionario y vanguardista, que debe traer transformaciones fundamentales en la relación gobierno y gobernado, con el empoderamiento de toda la población en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.”
Con su implementación, el Estado debe crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, logrando así un bienestar general, en donde la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el desarrollo integral del individuo y la protección de sus derechos humanos, se transforman en funciones prioritarias del Estado.
De ahí que nuestra Constitución, en los Artículos 8, 38, 40 y 42 resuma el mandato y la obligación del Estado dominicano de proporcionar a sus ciudadanos las garantías fundamentales en relación a su seguridad y el respeto de sus derechos. “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”, reza el Artículo 8; mientras que los Artículos 40 y 42 enfatizan la obligación del Estado y sus instituciones de salvaguardar la libertad, seguridad e integridad de las personas, en un ambiente libre de amenazas, riesgos y violencia.
Entre muchos asuntos novedosos contenidos en el nuevo documento constitucional, el énfasis en la seguridad humana como premisa de garantía para el desarrollo armonioso de la sociedad parece estar implícito en su esencia fundamental, pues de lo que se trata es, en términos generales, del compromiso que asume el sistema de garantizar la integridad y los derechos de los ciudadanos, así como preservar el orden y las libertades, como objetivos fundamentales de las políticas, estrategias, planes, programas y acciones, que en el caso de las instituciones responsables de la seguridad pública, es proteger y servir a la sociedad.
Pero aunque para mucha gente en nuestro país esta novedad puede aun estar pasando desapercibida, no hay dudas de que las autoridades, siguiendo estos lineamientos fundamentales, ya han emprendido la tarea de reformar y optimizar el desempeño de las instituciones de seguridad, particularmente la policía, con una visión de Estado, en la que se están involucrando en forma armoniosa los tres poderes nacionales y sus instituciones dependientes, bajo la presunción de que el modelo tradicional de actuación policial basado en estrategias, acciones y esquemas reactivos, no cumplió con las expectativas de mejorar las condiciones de seguridad en el país a pesar de los esfuerzos y recursos invertidos en los últimos diez años.
Esto así, porque para diseñar e instrumentar acciones que permitan prevenir y contrarrestar tanto los impactos de la violencia y la inseguridad, así como la extensión y vigencia de sus efectos adversos en la sociedad, se requiere de una perspectiva global e integral del fenómeno delictivo, en donde el diseño y construcción de instituciones de seguridad eficientes y honestas se convierten en una tarea de alta prioridad para el Gobierno.
Esta barrera parece que está siendo derribada, y pesar de que aún hay muchas dudas e incredulidad en la población por las inconsistencias del pasado, los pasos que se han estado dando abren un amplio abanico de expectativas positivas, en donde el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, anunciado para iniciarse en mayo próximo, parece marcar la pauta para el cambio hacia una nueva filosofía de protección y servicio centrada en las personas.
Aunque aún queda pendiente la compleja tarea de reformar instituciones que se resisten al cambio, por estar ancladas a viejas costumbres heredadas de una época felizmente superada, el proceso iniciado es a la luz de los hechos, una trascendente iniciativa que implicará detener y revertir el deterioro al que por décadas han estado expuestas estas estructuras represivas, pero también una oportunidad histórica para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos y reforzar la viabilidad del desarrollo humano sustentable en nuestro paí.
Fuente. Listin Diario
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