SANTO DOMINGO: El
suspendido director de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) no pudo
justificar ante la juez de instrucción especial, Wendy Martínez, un activo de
40 millones 869 mil 929 pesos de una compañía de seguridad de su
propiedad.
El coronel Carlos
Fernández Valerio, quien es socio mayoritario de la compañía Atlantic Security,
dijo al tribunal que esa compañía genera una facturación mensual de 4 millones
755 mil 304 pesos con 70 centavos.
Sin embargo la juez consideró como una prueba preconstruida que emana del propio imputado, no sustentada en otros elementos de pruebas válidos, sin fecha. La magistrada precisa que Fernández Valerio ha experimentado un incremento patrimonial que debe justificar, según la ley de Lavado de Activos.
En su decisión número 223-020-01-2015-00191, la juez sostiene que que los activos están actualizados al 30 de noviembre del 2014, fecha posterior a la investigación iniciada por la sustracción y venta de 950 kilos de cocaína. “Sin que se aportara prueba alguna de la procedencia de los bienes de dicha empresa”.
Continúa diciendo la magistrada en su deciçón de 44 páginas de ambos lados, que “queda establecida la probabilidad razonable y seria de que el mismo sería autor o cómplice de los hechos ante indicado”.
La magistrada reconoció que aunque el coronel Fernández Valerio no estuvo presente en el allanamiento cuestionado, admite haber recibido la visita del teniente coronel Félix Humberto Paulino López, suspendido jefe de operaciones del Dican, como afirman los investigadores. Fernández Valerio justifica la visita de Paulino López a su residencia alegando que se presentó a informar una novedad sobre el primer allanamiento donde fueron encontrados 44 “huevos de cocaína”.
La juez indica que a la fecha el Ministerio Público no ha podido establecer que se le haya practicado allanamiento alguno ni procedido a investigar la procedencia de sus bienes, como se estipula en los casos de lavado de dinero o capitales. “No obstante, la corte al examinar la prueba aportada por el imputado como presupuesto para la determinación de su arraigo económico, pudo comprobar que el imputado aporta documentos que lo acreditan como socio mayoritario de la compañía Atlantic Security, constituida en el año 2007, con un capital ascendente de un millon de pesos”, señala.
El suspendido jefe de la Dican dijo que si tiene que ir a la “horca” para demostrar su inocencia lo hará, mientras denunció una presunta persecución en su contra. Fernández Valerio dijo lamentar que su nombre haya sido sujeto de tantos rumores, como el haber comprado un apartamento, un vehículo de lujo y que andaba con una “megadiva”.
Sin embargo la juez consideró como una prueba preconstruida que emana del propio imputado, no sustentada en otros elementos de pruebas válidos, sin fecha. La magistrada precisa que Fernández Valerio ha experimentado un incremento patrimonial que debe justificar, según la ley de Lavado de Activos.
En su decisión número 223-020-01-2015-00191, la juez sostiene que que los activos están actualizados al 30 de noviembre del 2014, fecha posterior a la investigación iniciada por la sustracción y venta de 950 kilos de cocaína. “Sin que se aportara prueba alguna de la procedencia de los bienes de dicha empresa”.
Continúa diciendo la magistrada en su deciçón de 44 páginas de ambos lados, que “queda establecida la probabilidad razonable y seria de que el mismo sería autor o cómplice de los hechos ante indicado”.
La magistrada reconoció que aunque el coronel Fernández Valerio no estuvo presente en el allanamiento cuestionado, admite haber recibido la visita del teniente coronel Félix Humberto Paulino López, suspendido jefe de operaciones del Dican, como afirman los investigadores. Fernández Valerio justifica la visita de Paulino López a su residencia alegando que se presentó a informar una novedad sobre el primer allanamiento donde fueron encontrados 44 “huevos de cocaína”.
La juez indica que a la fecha el Ministerio Público no ha podido establecer que se le haya practicado allanamiento alguno ni procedido a investigar la procedencia de sus bienes, como se estipula en los casos de lavado de dinero o capitales. “No obstante, la corte al examinar la prueba aportada por el imputado como presupuesto para la determinación de su arraigo económico, pudo comprobar que el imputado aporta documentos que lo acreditan como socio mayoritario de la compañía Atlantic Security, constituida en el año 2007, con un capital ascendente de un millon de pesos”, señala.
El suspendido jefe de la Dican dijo que si tiene que ir a la “horca” para demostrar su inocencia lo hará, mientras denunció una presunta persecución en su contra. Fernández Valerio dijo lamentar que su nombre haya sido sujeto de tantos rumores, como el haber comprado un apartamento, un vehículo de lujo y que andaba con una “megadiva”.
fuenteSantiagoDigital.net.
