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martes, 23 de febrero de 2016

Procuraduría y Salud Pública agilizarán levantamiento de cadáveres y entrega a sus familiares las 24 horas del día


Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública acordaron tomar medidas para agilizar el levantamiento de los cadáveres y ordenar que los cuerpos sean entregados a sus familiares a cualquier hora del día.
Un acuerdo de colaboración firmado por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, establece que las direcciones de recursos humanos de ambas instituciones se reunirán para separar los horarios de trabajo de los médicos que laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y centros de salud, para evitar que un cadáver permanezca varias horas sin ser levantado del lugar de los hechos.
Domínguez Brito explicó que separarán funciones y delimitarán el rol del INACIF para que solo esa dependencia del Ministerio Público sea la única responsable de la parte forense desde la perspectiva legal.
“Acordamos que los médicos que trabajan tanto en el INACIF como en Salud Pública tengan horarios diferentes, porque un cadáver permanece horas y horas en el lugar del hecho porque el médico que le correspondía ese servicio debía culminar con su asistencia en Salud Pública, y nosotros vamos a trabajar para evitar ese choque de horarios”, dijo Domínguez Brito.
También informó que los cadáveres serán entregados a sus familiares a cualquier hora del día, eliminando así la normativa administrativa que prohibía entregar restos de cuerpos humanos a partir de la 6:00 p.m.
“Esto generaba un doble dolor a sus familiares porque además de la pérdida de un ser querido se limitaba las horas de su velatorio, lo que ocasionaba mayor pesar”, subrayó Domínguez Brito.
Igualmente informó que las actas de defunción por muerte natural tendrán que ser levantadas por el médico de cabecera del fallecido, “porque esto no tiene lógica legal y racional, ya que su muerte no requiere la asistencia de un médico legista”, recalcó.
Mientras que la ministra de Salud Pública dijo que esas medidas facilitarán la vida a los ciudadanos, y al mismo tiempo informó que fue emitida una resolución para delimitar las funciones del Instituto Nacional de Patología Forense que en lo adelante no prestará los servicios forenses, siendo solo el INACIF el que podrá ejercer esas funciones.
Agregó que la labor del Instituto de Patología Forense solo se limitará a la formación de los médicos patólogos, realizar autopsias a nivel nacional, vigilar la aplicación de procedimientos y stándares de calidad en el ejercicio de patología y supervisar la correcta clasificación de causas de muerte.
En el acto de firma del acuerdo también participaron los viceministros de Salud Pública, doctores Nelson Rodríguez y Neftalí Vásquez, además del director del INACIF, Francisco Gerdo.
El acuerdo establece además, que el personal en entrenamiento de mayor nivel rote de manera permanente en el INACIF y que los médicos deberán realizar sus prácticas en las áreas de levantamiento de cadáveres.
Con la firma del documento, ambas instituciones asumen la conveniencia del apoyo de un personal médico forense, patólogos, técnicos de autopsias, anatomo-patólogos y odontólogos forenses para que el INACIF pueda realizar todas las autopsias que requiere el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.
En ese sentido, el documento expresa que el ámbito territorial del acuerdo es el Distrito Nacional y los municipios de la provincia Santo Domingo a través de las unidades de autopsias localizadas en el cementerio Cristo Redentor y el Hospital General Marcelino Vélez Santana.
A través del acuerdo se cumple con la leyes 42-01 de Salud Pública y 133-11 sobre el Estatuto del Ministerio Público. De igual forma, el convenio garantiza el correcto entrenamiento de los  médicos para que puedan brindar un servicio de calidad.
También garantiza un personal médico mejor entrenado en la investigación penal y la criminalidad para lograr levantar un expediente con pruebas fehacientes a la hora de someter a un imputado.

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