La República Dominicana montó hoy una vigorosa defensa de la
posición del Poder Ejecutivo sobre la Sentencia del Tribunal
Constitucional 168-13 y reafirmó el propósito de, con estricto respeto a
la institucionalidad, buscar una solución humanitaria a quienes se consideren
afectados.
En una sesión informativa del Consejo Permanente de la OEA, el
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, leyó la
posición dominicana en respuesta a un pedimento de San Vicente y las
Granadinas para que se conociera la sentencia que, según ese país caribeño
afecta a segmentos poblacionales de diferentes países miembros.
El Secretario General de la OEA coincidió en parte con el
planteamiento dominicano de buscar de forma mancomunada una solución a
problemas derivados de la sentencia con el interés de preservar los derechos
humanos.
José Miguel Insulza, declaró que este es un asunto que deberá
resolverse con la buena voluntad de todos “y de manera concordada con el Estado
dominicano, porque no hay otra forma de hacerlo”.
Aseguró también que los diferentes mecanismos de la OEA seguirán
trabajando en este asunto porque “no se resolverá con una resolución” sino que
será necesario “buscar una solución con el máximo acuerdo, la máxima apertura y
la máxima buena voluntad”.
Insulza reconoció que este es un asunto complejo en el que hay
que evitar rupturas, por tratarse de una “disyuntiva” entre una sentencia del
Tribunal Constitucional, máxima autoridad nacional en este ámbito y, por otro
lado, de un problema de derechos humanos.
Por su parte el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina
Toribio, fue el encargado de leer la declaración de la comisión de República
Dominicana en la sesión y enfatizó que el gobierno dominicano “ha decidido
hacer de esta sentencia la oportunidad perfecta para actuar con decisión y
rapidez sobre un asunto que durante años ha sido relegado. Tenemos la firme
voluntad de que este contexto nos ayude a terminar con años de indefinición e
irregularidades”.
Anunció nuevamente que en las próximas semanas, se iniciará un
plan de regularización “que deberá establecer procedimientos claros y
expeditos, en respuesta a todas y cada una de las situaciones de irregularidad
existentes y a los diferentes casos particulares”. También garantizó que el Estado
dominicano “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de
personas que están amparadas por nuestras leyes, ni como consecuencia de esta
sentencia ni de ninguna otra”.
Pina Toribio, enumeró los diferentes pasos que ha puesto en
marcha el Estado dominicano para iniciar este proceso:
- Que la Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días,
rendirá un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en
relación a los extranjeros inscritos en el sistema de registro civil,
tanto en su condición de regulares como de irregulares.
- Que el Consejo Nacional de Migración elaborará en un plazo de
no más de 60 días el Plan de Regularización de Extranjeros.
- Que se procederá en lo inmediato, a la conformación del
Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.
- Que se está trabajando en el establecimiento de una ventanilla
única para dar respuesta expedita a estos casos.
De la misma forma, el Consultor Jurídico explicó ante el Consejo
Permanente que cualquier persona residente regular o irregular en la República
Dominicana, tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud, a la
educación preuniversitaria públicas y a las cortes laborales , sin necesidad de
presentar documento de identificación alguno”.
Por otra parte, apuntó que, a pesar de las muestras de
apertura y respeto realizadas por la República Dominicana hacia Haití, “hemos
recibido por parte de las autoridades del país vecino una respuesta hostil
injustificable, que no muestra reciprocidad con la actitud conciliadora y de
concertación del gobierno dominicano. Esta respuesta, que consideramos
incomprensible, genera tensiones innecesarias”.
César Pina Toribio dijo confiar en que todas las informaciones
ofrecidas ayuden a “enmarcar con más precisión y objetividad la realidad
en que ambos países convivimos, así como el contexto en el que se produce la
sentencia del Tribunal Constitucional dominicano y el plan de regularización de
extranjeros que iniciamos.”
La declaración de la comisión dominicana hizo un llamado también
a los países del Sistema Interamericano a acompañar a la República
Dominicana en este esfuerzo, con el que deseamos dar una respuesta definitiva,
coherente y humanitaria; que lleve certidumbre y confianza a todos los hombres
y mujeres, niños y niñas que residen en nuestro país.
“Nos encontramos ante una oportunidad única para avanzar en
nuestra política migratoria y de fortalecimiento institucional y estamos
decididos a dar este paso histórico”, aseguró el consultor jurídico de la
Presidencia.
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