Procurador considera oportuno discutir sentencias de CIDH que contradicen leyes internas

Saludó la iniciativa de propiciar encuentros para discutir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando impugnan leyes internas del país,  con el objetivo de identificar criterios que conduzcan a una definición de la política del Estado dominicano con relación al tema

Santo Domingo.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, saludó la iniciativa de propiciar encuentros para discutir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando impugnan leyes internas del país,  con el objetivo de identificar criterios que conduzcan a una definición de la política del Estado dominicano con relación al tema.

Domínguez Brito habló de éste y otros aspectos  al participar en la mesa redonda sobre  ejecutoriedad de sentencias de la CIDH cuando contravienen el derecho interno, organizado por la Fundación  Institucionalidad y Justicia (FINJUS) con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Esta actividad para nosotros vale muchísimo, esperamos que no se quede solo en este panel,  sino que se desarrolle otro más cerrado con expertos para que surja una diversidad de opiniones y que el Estado dominicano asuma una posición al respecto”, enfatizó el Procurador General de la República.

De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, pronunció las palabras de bienvenida al panel que contó con la exposición de Radhys Abreu de Polanco, magistrada de la CIDH; Paola Pelletier, quien trabaja en el tema de derechos humanos, y el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón.

Domínguez Brito también se refirió a las resoluciones emitidas por la Procuraduría General de la República Dominicana luego que la CIDH emitiera sendas sentencias que declaran al Estado como responsable de violar los derechos fundamentales, la integridad personal, la libertad personal y de expresión, así como las garantías judiciales y la protección judicial.

En una de esas resoluciones se instruye a la Fiscalía del Distrito Nacional, reabrir, continuar y profundizar la investigación relativa a la desaparición y paradero del catedrático Narciso González Medina,  ocurrida el 26 de mayo de 1994 en Santo Domingo.

Asimismo, ordena continuar y realizar los procesos necesarios en un plazo razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de González Medina.

Además, la resolución que ordena al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),  Regional Santiago de los Caballeros, a la exhumación, identificación y entrega a sus familiares de los cadáveres pertenecientes a siete ciudadanos haitianos y un dominicano que perdieron la vida en un incidente ocurrido el 18 de junio del año 2000 en Guayubín, Montecristi.

De igual forma, instruye establecer un mecanismo que facilite la identificación completa de las víctimas heridas, así como de los familiares de las víctimas ejecutadas, y conducir las investigaciones de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones que correspondan.