Auditó la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y
Decomisados (OCABID), dependencia del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La
apropiación irregular de bienes y un despilfarro por valor de 27 millones de
pesos, fueron detectados por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en
la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados
(OCABID), dependencia del Ministerio Público.
La auditoría fue entregada por Cámara de Cuentas de la
República a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA), dependencia de la Procuraduría General de la República.
Una fuente de la Dirección Nacional de Persecución de la
Corrupción Administrativa (DPCA) confió a reporteros de Acento.com.do que la
auditoría, al igual que otras entregadas por la CCRD, están siendo analizadas
para proceder judicialmente contra las personas responsables de las violaciones
legales en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano de control financiero, dirigido por Licelott Marte
de Barrio, encontró el dispendio de recursos en la ejecución
presupuestaria de la OCABID, y responsabiliza al ex administrador de la
entidad, Juan Francisco Matos Castaños, y al gerente administrativo
coronel Héctor Suárez Torres, entre otros funcionarios y ejecutivos.
La auditoría fue entregada al organismo de la Procuraduría
General de la República junto a otras correspondientes a varias instituciones
autónomas y descentralizadas del gobierno en los últimos 8 años.
La
DPCA estudia proceder judicialmente contra los responsables de las
irregularidades
Entre las irregularidades encontradas en los registros financieros
de la OCABID figuran 20 millones de pesos en cheques emitidos a nombre de
compañías suplidoras, que fueron endosados y canjeados por funcionarios,
empleados y particulares.
El informe refiere que al meno 47 cheques, por la suma de
15.8 millones de pesos, emitidos a nombre de empresas proveedoras, fueron
endosados y depositados en una cuenta de Scotiabank a nombre de dos
particulares.
Los cheques habían sido entregados por la institución a
Ignacio Heriberto Almonte y Pedro Antonio Matos Herrera, ambos cambiadores de
cheques, sin la aparente autorización de las compañías a nombre de las cuales
fueron emitidos.
Los pagos fueron emitidos a las compañías Importaciones Jap
Cpor.A, Supliqment Cpor A, Servicios integrales, Comercial Ste Hey. Cpor A,
Importaciones sin Limetes e Impresora Candy.
Además, los auditores encontraron las copias de
otros 4 cheques por valor de RD$ 2.5 millones, endosados por el
gerente administrativo, coronel Héctor Suárez Torres, a nombre de las
mismas empresas suplidoras.
La Cámara de Cuentas explica, además, que el sargento Emilio
Jiménez Beltré, encargado de Compras de la OCABID en 2006, habría cobrado como
suyos nueve cheques por la suma de 1 millón 279 mil 77 pesos, erogados a nombre
de las referidas empresas.
De igual manera, el informe de fiscalización refiere
que el sargento de la policía Wilking Maya Frías, encargado
de almacén durante el período auditado, endoso y cambió otros dos cheques
por valor de RD$ 111, 789.80.
Los técnicos encontraron también evidencias de 9
cheques, emitidos en la misma condición, por la suma de 600 mil 054 pesos, que
fueron cobrados por el mensajero de la institución, cabo Marcos Durán Ciprián.
También el segundo teniente Víctor Rafael Toribio Marte,
encargado de contabilidad a la fecha de la investigación, canjeó dos
cheques por la suma de 79 mil 901, que aparecen registrados a nombre de las
empresas afectadas.
Todos los militares que endosaron y cambiaron queches
emitidos a terceros trabajaron como subalternos del administrador
de la Oficina de Custodia de Bienes Incautados, Juan Francisco Matos Castaños.
Donaciones sin soporte justificativo
También fueron objeto de análisis los desembolsos efectuados
por la OCABID, por la suma de RD$ 9 millones 339 mil 328, para supuestas
donaciones y ayudas a residentes del municipio de Villa Altagracia, lugar donde
nació el ex administrado de la entidad.
La Cámara de Cuentas refiere que de la cifra indicada, 6.3
millones de pesos habrán sido entregados en raciones de alimentos, canastas
para parturientas, colchones, sábanas, mosquiteros y útiles escolares.
En tanto, otros 2.5 millones de pesos se gastaron
en la compra de electrodomésticos, canastas navideñas y útiles escolares para
el personal militar y civil que laboraba en la institución.
Según este informe, 400 mil se concedieron en ayudas
económicas al personal militar.
Las supuestas ayudas y donaciones se hicieron a través
de un llamado Plan de Acción Cívica de la Oficina de Bienes Incautados de
la Procuraduría General de la República.
La Cámara de Cuentas subraya, además, que los desembolsos se
hicieron sin los soportes justificativos, y sin evidencias que prueben
que las provisiones y el dinero efectivo fueran entregados a las personas
necesitadas.
Asimismo, el informe destaca que el ex administrador de la
referida institución violó la Ley 531 de Presupuesto para el Sector Público,
numeral 10 de Controles Internos del Área de Banco del Manual del Sistema
de Contabilidad Gubernamental de la Contraloría General de la República.
El órgano de fiscalización y control del sector público
realizó la auditoría financiera durante los periodos de administración de enero
de 2005 hasta diciembre de 2006.
Matos Castaños fue designado posteriormente como administrador
del Concejo Estatal de Azúcar (CEA), función que desempañó hasta el 2011.
El coronel Suárez Torres pasó a ocupar la Contraloría del
Ejercito Nacional en 2008-2010, y luego la del Ministerio de Las
Fuerzas Armadas durante el período de 2010 hasta 2012.
Además del administrador y del gerente administrativo,
figuran los nombres de los ex funcionarios de la entidad, Ramón Darío Hidalgo
Gómez, sub director, Anastasio Almonte González, auditor interno, Víctor Rafael
Toribio Marte, encargado de contabilidad; Oscar Martínez Brea, jefe de
operaciones, entre otros.
Fuente
Acento.com
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