Este es el inicio
del primer edificio, en Villa
González, Provincia Santiago, de cuatro
que donó el Banco Mundial en igual cantidad de municipios del país, en
coordinación con el Gabinete Social de la Presidencia de la República, donde
funcionarán las Oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral,
dentro del acuerdo existente entre estas instituciones dirigido a disminuir los
niveles de sub registro en toda la geografía nacional.
El acuerdo tripartito, firmado
en el año 2005, tiene el propósito de
asistir a las personas que calificaban para ser incluidas en los programas de
asistencia social del Estado, pero que por falta de documentos no podían ser
tomadas en cuenta, para que una vez documentadas por la JCE, se integraran con
todos los derechos a la vida civil.
A tal efecto, la JCE prestó el
aval que sirvió como fondo de contrapartida en el Proyecto de Inversión en la
protección social. Como consecuencia, el
Banco Mundial destinó una suma de US$5,580,000.00, los cuales estarían
focalizados a la creación de la Unidad de Declaraciones Tardías, adquisición de
equipos y tecnología para la institución, la contratación de asistencia técnica
y supervisión, la subvención por documentos expedidos a beneficiarios de los
programas sociales del Estado y la inversión en infraestructuras de oficialías.
Desde el 2007 hacia acá, la
JCE, como parte de este programa, ha emitido un total general de 378,040
declaraciones tardías, tanto por vía de la UCDT, como por las Oficialías de
Estado Civil correspondientes. A través
de la Unidad de Declaraciones Tardías, se han recibido 199,587 solicitudes de
personas para ser documentadas, de las cuales el 66% ha sido aprobado y
remitido a los beneficiarios, el 21% ha sido rechazado, un 10% se encuentra en
proceso de investigación, y un 3% en proceso de depuración, lo que refleja un
alto nivel de profesionalismo y la seriedad con que se manejan estos procesos.
De su parte, a la fecha, el
Banco Mundial, ha hecho desembolsos de subvención por documentación de
beneficiarios por un valor de RD$30,043,771.43 por la comprobación de la
entrega de documentos de identidad a 159,050 personas; Así mismo, entrego
RD$24,943,343.30 por concepto de adquisición de unidades móviles, entre otros
gastos.
En el día de hoy, en
coordinación con el Gabinete de Políticas Sociales que coordina la
Vicepresidencia de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández, estamos informando que el Banco Mundial esta
aportando RD$78,119,345.08 para la construcción de 4 locales o edificios que
albergaran a las oficialías y centros de cedulación de la JCE en los municipios
de:
1.
Villa González, Provincia
Santiago de los Caballeros
2.
Jima Abajo, Provincia La Vega
3.
Restauración, Provincia
Dajabón
4.
Sabana Perdida, Provincia Hato
Mayor
La selección de las empresas
que intervendrán en la construcción de estas edificaciones, estuvo a cargo del
componente técnico de este convenio, del cual no participa la JCE. El compromiso de las empresas contratadas, es
que dichas edificaciones deben estar listas y entregadas en un tiempo no mayor
de 6 meses a partir del inicio de las mismas.
La JCE reconoce los esfuerzos
del Banco Mundial y el Gabinete de Políticas Sociales en solventar y colaborar
con esta institución para lograr la meta de eliminar el sub registro y con ello
una de las causas que impiden que una proporción de ciudadanos reciban las
ayudas sociales del Estado, y que los mismos puedan salir de la condición de
marginalidad, exclusión social y de extrema pobreza en que se encuentran.
La construcción de estos 4
edificios contribuirá a dignificar la labor de la JCE en estas localidades y a
elevar los niveles de eficiencia con que servimos a los ciudadanos, rescatando
el Registro Civil en las mismas de las condiciones de abandono y hacinamiento
en que se encuentran y protegiendo los documentos esenciales en que descansa la
identidad de los dominicanos y extranjeros que habitan en las poblaciones
citadas.
Estas acciones de la JCE, el
Gabinete de Políticas Sociales que coordina la Vicepresidencia y el Banco
Mundial, tienen el firme propósito de garantizar el ejercicio del derecho al
nombre y la identidad de las personas, a los derechos de ciudadanía, a la
dignidad humana, a la igualdad, a la familia, a la protección, educación, en
fin, a todos los derechos esenciales del ser humano.
Como consecuencia de esta acción concertada, cientos de miles de
personas ya han salido del anonimato y la marginalidad, dejaron de ser ¨muertos
civiles¨ y hoy conviven igual que todos los demás en mejores condiciones y
ejercen a plenitud los derechos de que
son merecedores por mandato constitucional.
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