Procurando el
mejor esquema posible que permitiera rescatar de la pobreza a los
hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el gobierno dominicano diseñó un
plan que permitiera destrabar la larga litis judicial en que se encuentran
los terrenos del litoral de la provincia Pedernales. A tal efecto,
examinó diversos mecanismos de solución, de los cuales se escogió el más
expedito y definitivo que es el acuerdo transaccional que han dado cuenta
los medios de comunicación del país.
El indicado acuerdo mostraba la ventaja
de obtener una solución rápida y definitiva, que permitiera convertir ese
patrimonio en un bien aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros
de gran transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha
región que el gobierno había previamente estudiado y acordado.
Sin embargo, la propuesta de solución
levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios sectores
de la opinión pública. Hemos escuchado a personas e instituciones de la
sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo con personas sobre las
cuales pesa la acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los
títulos que están alegando en justicia.
En consecuencia, y por
recomendación de la comisión de funcionarios encargados de viabilizar el
referido plan, se ha desestimado el acuerdo anunciado, el cual no se había
formalizado a la fecha. Aguardaremos, entonces, un fallo definitivo
de los órganos judiciales correspondientes a cuyo cargo están las
litis que afectan a los terrenos aludidos.
El Poder Ejecutivo confía en que
las jurisdicciones apoderadas de la litis realicen todos los esfuerzos para la
agilización y terminación de los procesos y conclusión de los
mismos. Así mismo, reclama del Procurador General de la República y de la
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional que asuman la responsabilidad de
defender el interés del Estado en este caso. Nadie acepta que tras 16 años de
iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo
resuelvan.
El Gobierno reconoce el esfuerzo,
dedicación y compromiso de los funcionarios que fueron comisionados para
procurar la solución que habíamos adelantado, quienes actuaron por mandato
expreso del Presidente de la República.
Reiteramos ante el País, que el Estado es
el propietario legítimo de los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos
explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo
económico y social de toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a
cientos de miles de ciudadanos de la Zona Enriquillo.
Nuestra preocupación seguirá siendo
lograr sacar de la miseria a los habitantes de las provincias del Suroeste,
para lo cual es indispensable que pueda darse el uso adecuado a los
recursos naturales que hacen de Pedernales un polo turístico de
magnificas potencialidades.
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