

El Movimiento Cívico explicó que fue cumpliendo ese mandato legal que la Junta Central Electoral aprobó la resolución que establece el voto preferencial que hoy deroga, pues es la única forma en que la ciudadanía puede obtener una verdadera representación es a través precisamente del voto preferencial.
La Organización No Gubernamental citó que Belarminio Ramírez define el Voto Preferencial en su obra Derecho Constitucional, como “aquel en que el elector puede alterar el orden en que los partidos presentan la lista” de candidatos.
Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que la actual situación es preocupante, alegando que “ya que en la República Dominicana habíamos pasado de las listas cerradas y bloqueadas de candidatos a diputados, donde los partidos imponen a los electores el orden en que los candidatos serán elegidos en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido, al de las listas cerradas y no bloqueadas, en que los electores deben escoger entre los candidatos propuestos pero deciden libremente a cuál de ellos escoger, que es lo que se acaba de derogar”.
Sosa denunció que cuando se esperaba que el próximo paso de avance en materia electoral sería eliminar el arrastre que representa la boleta conjunta de diputados y senadores, para superar la etapa actual en que al votar por un diputado se arrastra al senador del mismo partido, se nos sorprende con la decisión regresionista de volver al sistema de listas cerradas y bloqueadas, en que serán las cúpulas de los partidos y el clientelismo los que impondrán a la mayoría de los diputados que serán “elegidos” en lo adelante.
La JCE argumenta que la decisión busca preservar a los partidos políticos ya que el voto preferencial “recrudece luchas internas que se originan a propósito de la nominación de los candidatos”, cuando la realidad es que uno de los factores que la indujo a tomar esta decisión es la dificultad para contabilizar el voto preferencia, que no ha podido solventar eficientemente en los dos últimos procesos electorales congresuales y municipales.
Estos argumentos debieron orientar a la Junta Central Electoral en la dirección de adoptar las medidas necesarias para que las “luchas internas” se realicen en un plano de igualdad, como lo mandan los principios democráticos, la ley electoral y nuestra Constitución.
El Consejo Nacional de PC recordó que el párrafo IV del artículo 212 señala que la “Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencias en la utilización del financiamiento.”
“ La desigualdad en el uso de los recursos, el abuso del clientelismo, las decisiones autoritarias de las cúpulas de los partidos, son los elementos que han debilitado a los partidos políticos y no el voto preferencial”, expresó El Movimiento Cívico No Partidista.
Aún está fresca en la memoria la forma en que las cúpulas de los tres principales partidos se reservaron la mayoría de las candidaturas a diputados para las recién transcurridas elecciones congresuales y municipales.
No hay duda de que el voto preferencial poco puede hacer si las listas de candidatos se completan en las primarias de los partidos no a través del voto libre, sino a través del dedo o del voto condicionado por el clientelismo y por los recursos.
PC dice que sorprende que ahora que la nueva Constitución le otorga un claro poder reglamentario a la Junta Central Electoral para disponer medidas que eliminen o por lo menos reduzcan la desigualdad de los candidatos, este organismo se incline por tomar medidas que reducen dramáticamente la eficacia del voto de la ciudadanía en vez de atacar el problema en sus raíces.

El arrastre electoral, que implica una reducción considerable del voto libre que ordena la Constitución, sigue consolidándose, primero con la eliminación de la separación de las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales, y ahora con la eliminación del voto preferencial.
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